• mayo 25, 2022

Por Elizabeth Dickinson

BOGOTÁ (IPS) – Las elecciones presidenciales de Colombia son ante todo una contienda entre dos rivales ideológicos, lo que refleja la profunda división política que hay en la sociedad. Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y quien ha construido una amplia coalición que reúne a gran parte de la izquierda política, lidera las encuestas preelectorales sobre Federico “Fico” Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que cuenta con el apoyo de los votantes de derecha y de gran parte de la clase política tradicional.

Petro, quien actualmente lleva una considerable ventaja sobre todos sus contrincantes, promete centrarse en la justicia social y transformar lo que, según él, es un modelo económico que genera desigualdad; es el primer candidato de izquierda desde la década de 1940 con posibilidades reales de ganar el poder.

Gutiérrez se presenta a sí mismo como representante de la más tecnocrática centroderecha, hace campaña con la promesa de “orden y seguridad” y ha reunido el apoyo de partidos políticos como el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, al igual que de los partidos Liberal y Conservador, que monopolizaron el poder durante la mayor parte de la historia de Colombia tras la independencia.

Gutiérrez, de manera crucial, también puede atraer los votos de aquellos que pueden no considerarlo su primera opción, pero se oponen o le temen a una presidencia de Petro.

Este electorado considera la fogosa retórica de Petro, junto con su pasado como miembro del movimiento guerrillero urbano M-19, ahora desmovilizado, como evidencia de que tiene la intención de implementar políticas socialistas similares a las adoptadas por el gobierno de Venezuela, asociadas en las mentes de muchos colombianos con la llegada de más de dos millones de migrantes y refugiados venezolanos a Colombia.

Las políticas que Petro ha dicho públicamente que introduciría incluyen la promoción de una reforma agraria, el apoyo a pequeñas empresas, el aumento de la calidad y acceso a la salud pública y a la educación, y negociaciones de paz o la desmovilización de grupos armados.

Otro candidato, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, un populista que está haciendo campaña con una plataforma en contra de la corrupción, podría competir con Gutiérrez por un segundo lugar.

Íngrid Betancourt, una veterana política reconocida por los seis años que pasó secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hasta el acuerdo de paz de 2016 era la mayor insurgencia del país, retiró recientemente su candidatura y ofreció su apoyo a Hernández. Con una intención de voto significativamente más baja está el exalcalde de Medellín, el centrista Sergio Fajardo, quien estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta en 2018.

Colombia celebrará una primera ronda de votaciones el domingo 29 de mayo, seguida de una segunda el 19 de junio si ningún candidato supera el umbral de 50 %. A comienzos de mayo, Petro obtenía entre 35 y el 38 % de intención de voto en las encuestas, mientras Gutiérrez se situaba entre 20 y 24 %, lo que apunta a una probable segunda vuelta.

Según una encuesta más reciente, la popularidad de Hernández ha venido aumentando, con 19 % en las encuestas y llegaría a empatar con Petro en una hipotética segunda vuelta.

Una segunda vuelta provocaría una intensa negociación política por parte de los dos candidatos restantes para conseguir el respaldo de las campañas eliminadas, ninguna de las cuales ha manifestado aún sus preferencias de coalición.

¿Qué está en juego para Colombia en estas elecciones?

Las elecciones llegan en un momento de enorme agitación y tensión en Colombia, luego de cuatro años protagonizados por largos confinamientos por la pandemia, crisis económicas, masivas protestas urbanas y una aceleración del conflicto violento en las zonas rurales.

Un paro nacional en 2021 dejó al descubierto una persistente y profunda frustración por la desigualdad y la falta de movilidad social. Las protestas que comenzaron en abril de ese año se extendieron rápidamente por todo el país, bloqueando un gran número de carreteras principales y muchas vías urbanas, en especial en la ciudad de Cali. Los disturbios se fueron desvaneciendo, más por agotamiento que porque haya habido una respuesta por parte del gobierno.

Pero la indignación popular por las desigualdades sociales y políticas de Colombia sigue viva; de hecho, su temperatura ha aumentado en 2022.

Mientras tanto, las campañas de los dos principales candidatos hacen uso frecuente del paro de 2021 en sus narrativas políticas: la izquierda busca el apoyo de quienes se sienten afectados por la falta de oportunidades, y la derecha presenta a Petro (a quien muchos manifestantes respaldan) como el presagio del caos.

Al mismo tiempo, los grupos armados y criminales han estado erosionando los logros en materia de seguridad conseguidos tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 2021 fue el año más violento en el país desde la firma del acuerdo, con una tasa creciente de asesinatos, al igual que desplazamientos forzados, confinamiento y reclutamiento. Los despliegues del ejército colombiano en las zonas más afectadas no han logrado detener esta ola de inseguridad.

El 5 de mayo, un “paro armado” de cuatro días impuesto por el grupo criminal posparamilitar el Clan del Golfo en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su líder Dairo Antonio Úsuga, u “Otoniel”, paralizó partes de doce de los 32 departamentos de Colombia, incluidas las ciudades intermedias de Sincelejo y Montería, dejando al descubierto el frágil control del Estado en estas regiones.

¿Qué dicen resultados legislativos para la contienda presidencial?

Los comicios del 13 de  marzo ofrecen varias pistas sobre lo que se puede esperar en la contienda presidencial. Primero, los resultados revelaron la profundidad de las divisiones políticas de Colombia.

Por primera vez, la coalición de Petro, conocida como el Pacto Histórico, fue el movimiento que consiguió más escaños en el Senado y obtuvo el segundo lugar en la Cámara de Representantes.

Junto con los votos de otros progresistas como el Partido Verde, estos resultados sugieren que un número sustancial de votantes se inclina hacia la izquierda. Sin embargo, el Senado y la Cámara están esencialmente divididos, y los partidos tradicionales siguen obteniendo buenos resultados.

Aunque cualquier nuevo presidente tendrá dificultades para formar una coalición con una clara mayoría, esta tarea sería particularmente difícil para Petro, ya que los partidos que apoyan a Gutiérrez podrían reunir fácilmente suficientes votos para bloquear su agenda.

De igual importancia para la elección presidencial, el preconteo de votos legislativos se vio empañado por errores de procedimiento. La Registraduría del país no incluyó más de un millón de votos (muchos de ellos a favor del Pacto Histórico) en su conteo inicial. Las autoridades atribuyeron el error a los jurados electorales y a la deficiente recolección de los resultados en las mesas de votación.

Gracias a la presión del Pacto Histórico, que contaba con testigos supervisando el proceso, las autoridades electorales corrigieron el error. No obstante, el incidente ha alimentado la desconfianza pública en la capacidad de dichas autoridades para llevar a cabo unos comicios limpios y transparentes.

También les ha dado motivos a las dos principales campañas para impugnar la elección presidencial si el resultado no les favorece, en especial ante un escaso margen de victoria, el cual es probable.

¿Riesgos de violencia en torno a la jornada electoral?

El nivel de violencia en los meses previos a las elecciones legislativas fue el más alto de las últimas tres campañas electorales, según la Misión de Observación Electoral, un grupo de control local. Las amenazas contra candidatos y líderes locales se dispararon, con un aumento del 236 por ciento en comparación con las elecciones de 2018.

Docenas de comunidades, particularmente en áreas rurales, expresaron preocupaciones a Crisis Group sobre intimidación de votantes y candidatos, restricciones a la movilidad y compra de votos. En los departamentos de Sucre y Bolívar, candidatos al Congreso dijeron que el Clan del Golfo les había exigido contar con su autorización para hacer campaña.

Dos semanas antes de las elecciones legislativas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal insurgencia que queda en el país, impuso su propio “paro armado” de cuatro días en áreas bajo su control, impidiendo todo tipo de campaña y generando un ambiente de zozobra.

Tanto Petro como su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, han denunciado amenazas creíbles en contra de ellos y de sus seguidores. Algunos votantes han sido objeto de intimidación, particularmente en las zonas donde el Clan del Golfo impuso su paro armado a principios de mayo, incluidos los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Durante esa acción, el Clan del Golfo difundió varios panfletos explícitamente amenazando a los partidarios de Petro. “Todos los que apoyamos a Petro tenemos miedo, porque el Clan del Golfo dice que somos objetivos militares”, le dijo a Crisis Group un líder local de Montes de María.

La violencia también podría estallar una vez se conozcan los resultados. Si Petro pierde por un estrecho margen, o si sus partidarios consideran que ha habido fraude, podría haber protestas callejeras tanto en zonas urbanas como rurales.

El paro de 2021 puso de manifiesto un sentimiento ampliamente compartido entre los votantes pobres y de clase media, agudizado por los efectos desiguales de la pandemia de covid-19, de que las élites colombianas están decididas a perpetuar un sistema socioeconómico que privilegia a una pequeña minoría.

Particularmente después de la debacle del conteo de votos de marzo, algunos seguidores de Petro dicen que verían su derrota como evidencia de que las elecciones fueron “robadas” por el establecimiento.

“La gente estará alerta”, le dijo a Crisis Group un simpatizante de Petro en Caquetá. “Si se roban las elecciones, puede haber una insurrección”. Al igual que en 2021, cualquier reacción desmedida de las fuerzas de seguridad podría empeorar las cosas al desencadenar un enfrentamiento mayor y más violento entre la policía y los manifestantes.

¿Riesgos durante el período de transición o tras toma de posesión?

Independientemente de quién gane, el país está entrando en un período peligroso, con importantes repercusiones para sus conflictos internos.

Todo el espectro de grupos armados, desde el ELN hasta el Clan del Golfo y las llamadas disidencias de las FARC, han intensificado su uso de la violencia en los primeros meses de 2022 y es probable que aprovechen la incertidumbre en torno a la transición política para imponer su control sobre las comunidades.

Petro es visto con recelo por sectores de las fuerzas armadas y le costará ganarse su confianza, al menos al principio, particularmente si se apresura a restablecer las relaciones con Venezuela o se enfrenta con los históricos aliados de Bogotá en Washington; el candidato ya ha expresado su oposición a la erradicación forzosa de cultivos de coca, por ejemplo.

Un gobierno de Gutiérrez podría tener más facilidad para ganarse la confianza de los militares y de Estados Unidos, pero podría enfrentarse a un descontento popular más profundo.

También existen riesgos a más largo plazo para cada candidato. Si Petro asume el cargo en agosto, sus seguidores podrían enfrentar una reacción violenta de los grupos posparamilitares, sucesores de las fuerzas de derecha que lideraron una brutal lucha para reprimir a la guerrilla y a sus partidarios hace dos décadas.

En el pasado, los grupos posparamilitares han ofrecido protección extralegal a grandes terratenientes y otros intereses económicos. Esos sectores ahora pueden tener un incentivo aún mayor para buscar aliados poderosos, por temor a que la presidencia de Petro pueda dar lugar a una redistribución y expropiación de tierras dirigida por el Estado (políticas que Petro ha rechazado).

Grupos posparamilitares ya han amenazado explícitamente o asesinado a varios líderes sociales, comunitarios y políticos que respaldan al Pacto Histórico, más recientemente durante el paro armado del Clan del Golfo.

En el departamento del Cauca, donde la comunidad indígena Nasa ha dado su apoyo inequívoco a la candidatura de Petro, en los últimos meses han circulado media docena de panfletos amenazando a líderes indígenas, de los cuales al menos tres han sido asesinados en lo corrido de 2022.

Si Gutiérrez llega a ser presidente, por otra parte, bien podría tener dificultades para contener la creciente frustración de las poblaciones en el campo.

Continuar con una variación de las tácticas actuales para enfrentar las amenazas a la seguridad que plantean los grupos armados (despliegues militares más grandes, erradicación de cultivos de coca y capturas de alto nivel) probablemente sea contraproducente, por razones que Crisis Group ha explorado anteriormente, y resulte alienando a la población sin debilitar significativamente el poder y el alcance de los grupos criminales. Enfoques similares de mano dura bajo el actual presidente, Iván Duque, no han logrado detener la caída hacia una mayor inseguridad.

¿Cómo afectaría la elección afectar el progreso del acuerdo de paz?

Los dos principales candidatos han dicho públicamente que respetarán el acuerdo de 2016 e implementarán sus disposiciones.

Pero los dos enfrentan presiones políticas muy diferentes en este sentido. Gutiérrez tiene el apoyo de partidos de derecha que se han opuesto abiertamente al acuerdo en el pasado, incluido el Centro Democrático dirigido por Uribe.

Gutiérrez ha hecho todo lo posible por distanciarse del expresidente, pero su electorado sigue siendo escéptico sobre el proceso de paz. Petro, por su parte, probablemente intente acelerar la implementación del acuerdo, aunque no ha dado muchos detalles sobre cómo lo haría.

Sin embargo, la falta de apoyo por parte del Congreso podría llevar a una continua parálisis en temas clave como la reforma agraria.

El presupuesto de Colombia está al límite y se verá sometido a una presión considerable en el mandato del próximo gobierno, especialmente si el presidente entrante pretende satisfacer las demandas de ciudadanos necesitados que reclaman un mayor y mejor acceso a atención médica, educación y otros servicios sociales.

Por más profundos que sean los desafíos, este momento podría representar la última oportunidad para dar los pasos necesarios hacia el cumplimiento del acuerdo de paz. Si se desaprovecha la oportunidad, la creciente inseguridad y la falta de confianza de la población en las zonas rurales pueden hacer que el acuerdo se detenga en seco.

Las comunidades rurales ya se sienten traicionadas por el incumplimiento del gobierno de las promesas del acuerdo de paz en materia de desarrollo económico, titulación de tierras y protección de líderes sociales.

El enfoque incipiente de la sustitución de cultivos de coca hasta ahora ha dejado de lado la creación de medios de vida legales para remplazar las alternativas ilícitas, lo que ha preservado una de las economías de las que se nutren los grupos armados.

Cualquiera que sea el vencedor en las urnas, la administración entrante debe hacer lo que el gobierno de Duque no ha hecho: entender que las reformas de fondo del acuerdo son esenciales para mejorar la seguridad a largo plazo y evitar que el conflicto en Colombia empeore.

Este artículo se publicó originalmente en Crisis Group, con quien IPS tiene un acuerdo especial de redifusión.