Abogados de Jean Alain denuncian allanamiento «atropellante» en sus oficinas
Santo Domingo, 17 jun .- Los abogados del exprocurador general Jean Alain Rodríguez denunciaron este viernes que el Ministerio Público se presentó «de manera atropellante» en sus oficinas, «impidiendo a los abogados ingresar al lugar y reteniendo los equipos y celulares del personal que se encontraba en el lugar».
Así lo expresa un comunicado difundido en redes sociales, donde se señala que «el plazo de la investigación» por el caso de supuesta corrupción administrativa derivado de la Operación Medusa, y que implica a su defendido, «venció el pasado 8 de junio a las 12 de la noche. La prórroga otorgada fue de 3 meses, ni un día más».
La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró a Efe que la actuación llevada a cabo en los despachos, ubicados en un edifico de la Avenida Gustavo Mejía Ricart, «se ampara en una orden de un juez».
Asimismo, el lugar objeto del allanamiento es «un local propiedad del imputado, no una oficina privada» de sus abogados, explicó el vocero de la institución, Panky Corcino.
Sin embargo, el consejo de la defensa de Rodríguez opinó que «ese acto irresponsable y fuera de la ley obedece a una desesperación del Ministerio Público por los resultados preliminares de la auditoría de la Cámara de Cuentas que no encontró sobreevaluación, ni sobornos, ni vicios de construcción».
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el 19 de marzo una solicitud del Ministerio Público y le otorgó una prórroga de tres meses, a partir del 8 de marzo, para presentar la acusación formal en contra del exprocurador.
Vencido el plazo, el Ministerio Público puede disponer de otros 10 días adicionales para presentar la acusación, según el Código Procesal Penal.
El pasado martes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, argumentando que el 9 de junio venció el plazo otorgado al Ministerio Público para investigar.
El expediente del caso expone que el exprocurador y los demás imputados integraban una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
