Ministerio Público reitera fortaleza de la acusación para enviar a juicio a procesados del Caso Coral
La procuradora de corte Mirna Ortiz reafirma que el expediente está blindado
Santo Domingo, 4 oct .- El Ministerio Público destacó este martes la fortaleza de la acusación por corrupción administrativa instrumentada en el Caso Coral, al reafirmar que el expediente tiene todos los méritos para enviar a juicio a los procesados.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la fortaleza del expediente.
“La acusación es bastante fuerte y bastante robusta. En palabras del magistrado Wilson Camacho: la acusación está blindada”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron luego de finalizada una petición que hizo el coronel Rafael Núñez de Aza al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En ese sentido, explicó que el acusado Rafael Núñez de Aza había solicitado al tribunal una designación de peritos, así como la entrega de una serie de informaciones.
“El Ministerio Público, que es garante del debido proceso, le establecía al tribunal que no se habían completado las formas requeridas por la norma procesal penal para que el tribunal pudiera acceder a dicha solicitud, toda vez que la solicitud de información de instituciones requiere de que previamente estas instituciones hayan negado la entrega de la información y esto no ha sucedido”, indicó.
Agregó “no se había hecho un requerimiento formal a esas instituciones y por eso el Ministerio Público solicitaba al tribunal que no fuera acogida la solicitud para que se cumpliese el debido proceso. No obstante, eso, la jueza (Yanibet Rivas) entendió que en ánimo de viabilizar el conocimiento del proceso pues podía ser otorgada esta solicitud de diligencia y así lo ordenó”, dijo.
Ortiz explicó que la magistrada Rivas dispuso la entrega de una serie de documentos que reposan en instituciones públicas para que puedan obtener las informaciones necesarias.
El tribunal fijó para el próximo 28 de octubre el inicio de la audiencia preliminar y la fusión del expediente de los casos Coral y Coral 5G.
“El Ministerio Público está listo desde el primer momento para iniciar el conocimiento de la audiencia preliminar; reconocemos el derecho de defensa que tienen las partes, este derecho debe ser ejercido de manera oportuna, y entendemos que con los plazos que ha fijado la jueza para la entrega y la resolución de estas diligencias pues estaremos listos para el conocimiento de la audiencia preliminar”, sostuvo.
La acusación de la Operación Coral involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el pasado 26 de septiembre le fue confirmada la prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, el Caso Coral involucra también a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), quienes también cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, de San Cristóbal.
También al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, con medida de coerción de garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria.
Mientras que por el Caso Coral 5G son procesados los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), además del capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
Igualmente, fueron acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
