Operación Falcón desmantela amplia red de narcotráfico con vínculos políticos y legislativos
Por la Redacción
El caso de narco política más sonado en los últimos tiempos en República Dominicana está en una fase caliente de investigación y persecución de Erick Randhiel Mosquea Polanco, a quien el ministerio público señala como el principal cabecilla de una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que involucra a legisladores y allegados a partidos políticos.
El caso está pendiente de conocimiento de la medida de coerción contra el grupo porque la jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, rechazó el pedido de inhibición por parte de la defensa de 23 de los implicados en el caso Falcón.
El abogado Santiago Peralta, quien representa a cuatro de los imputados, pidió a la jueza desapoderase del caso Falcón, alegando que ya un juez especial de la Suprema Cote de Justicias fue apoderado para el conocimiento del caso seguido a tres diputados vinculados al caso.
Además de que varios de los imputados fueron apresados en diferentes jurisdicciones, por lo que en ese sentido mantiene su posición de que la jueza debe inhibirse y que el caso sea declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional.
El ministerio público, representado por la directora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, entiende que la magistrada es competente para conocer la solicitud de medida de coerción en el caso Falcón y que en el caso del juez especial de la Suprema es quien tendrá el control de las investigaciones de los legisladores.
Ante la negativa de la jueza Borges de inhibirse, ayer la defensa de algunos de los detenidos recusó a la magistrada porque a su juicio no tiene competencia para conocer el caso en su jurisdicción.
Reymy Mieses, abogado de uno de los imputados, informó que la recusación fue depositada por Secretaría y ahora están a la espera de una decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago.
En otro tribunal, el juez Cirilo Salomón aplazó el martes para este jueves el conocimiento de la medida de coerción a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red, y a Addison Enero Rafael Sandoval, ambos apresados recientemente y cuya medida fue solicitada por separado.
Los allanamientos y detenciones
La denominada “Operación Falcón” provocó más de cien allanamientos, decenas de apresamientos y ocupación de bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos con dinero que sería el resultado del negocio de drogas narcóticas a gran escala traficadas desde Suramérica hasta Norteamérica, utilizando como puente a República Dominicana.
En las labores de inteligencia e interdicción participan en forma conjunta la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DN¬CD), que asisten operativamente a funcionarios del ministerio público dominicano.
La operación Falcón ha provocado el elogio de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien se reunió con los fiscales actuantes a quienes les expresó su satisfacción por formar un equipo comprometido en la lucha contra el crimen.
El último apresamiento conocido de miembros de la red fue el de Juan Carlos Mos¬quea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada, y hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Mosquea Eduardo, según el expediente del ministerio público para solicitar medida de coerción al grupo, era prestar su nombre para adquirir propiedades y administrar las empresas de Mosquea Polanco.
Las autoridades pidieron a otros supuestos miembros de la red que se entreguen. Ellos son Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Emmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz, quienes supuestamente andan con armas de distintos calibres y son violentos y muy peligrosos.
Todos son buscados por unidades élites y de reacción de agencias de inteligencia del Estado.
Bienes capturados
Hasta el momento las autoridades han capturado 180 vehículos de alta gama, re-videncias, relojes, cadenas de oro, crucifijos de oro, carteras, celulares de distintas marcas y más de más de 4.3 millones de dólares en efectivo.
Del grupo hay detenidos al menos 25 personas, principalmente en Santiago, donde estaba la base de operaciones. También están detenidos Enerio Sandoval, quien se entregó a las autoridades tras los señalamientos en su contra. Mientras que Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz fueron apresados por la DNCD y los fiscales.
También María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, quien era director de Comunidad Digna y suspendido por el presidente Luis Abinader luego de su detención; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista; Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso; José Alejandro de la Cruz Morales Omar.
Están arrestados, igualmente, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Tavera, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso se declare complejo.
El vínculo político
Aunque es de conocimiento público el nombre de tres diputados que formarían parte de la red desmantelada por fiscales, ha trascendido que a los menos otros dos miembros de la Cámara Baja estarían implicados en el grupo, así como un senador.
Ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, designó al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier como el juez de instrucción especial en la investigación contra tres diputados que estarían implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico.
Estévez Lavandier fue asignado por auto del presidente de la Suprema en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, que dispone que es de su competencia cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución.
Corresponderá a Estévez Lavandier conocer la investigación que realiza el ministerio público contra los diputados Nelson Marmolejo Gil, de Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, El Seibo, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Pedernales.
La posibilidad de encausamiento a los diputados se inicia por la Suprema Corte de Justicia en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República que le otorga jurisdicción privilegiada a los legisladores y otros funcionarios.
La directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, informó que el Mi-misterio Público tiene abierta una investigación contra los tres diputados, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Esos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como por los artículos 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Ese artículo dispone taxativamente que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados.
Procuradora confía en su equipo
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha mostrado satisfacción con el trabajo de los fiscales para combatir la corrupción y el crimen, durante una reunión con el equipo que desmanteló la red Falcón.
Germán Brito consideró “un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada, siempre amparado en criterios jurídicos para que se imponga el cumplimiento de la ley”.
En opinión de la procuradora, el narcotráfico, “lacera a toda la sociedad, con consecuencias que no siempre se pueden advertir con facilidad y que el lavado de activos afecta negativamente el tejido económico, al impactar con una competencia desleal a los sectores productivos y a personas emprendedoras”.
