La carta de Rodríguez Consoró
No conozco al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, aunque Carlos Díaz, abogado que me distingue con su amistad, me dice que sí, pero no lo recuerdo.
Dicho juez ha sido tendencia recientemente porque el Consejo del Poder Judicial lo suspendió, respondiendo a una solicitud formulada por la Inspectoría General, órgano que le realiza una investigación disciplinaria. Luego, salió la información de que el Ministerio Público le efectúa una investigación penal al funcionario judicial. Ni la investigación disciplinaria ni la penal son públicas; lo que sí es público es una carta escrita por Rodríguez Consoró y que publicaran los medios de comunicación nacional el pasado jueves 17 de noviembre.
La carta debió dirigirla también al Consejo del Poder Judicial (CPJ), no solo al Ministerio Público, quien de forma correcta le ha respondido que actúa conforme a una solicitud que le hiciera el Consejo (CPJ).
Quizás, por un asunto de estrategia, no puede enfrentarse a ambos al mismo tiempo. Pero, a los fines de esta Pincelada, lo importante es que la carta contiene muchas verdades. Verdades que todos los actores del proceso conocen, que muchos hemos denunciado, pero que casi todos callan y, lo peor, sufren.
Lo importante de los argumentos de la carta es que lo diga un juez, aunque lo bueno fuera que lo digan todos, pues el Poder del cual son parte no los protege, más bien podría ser cómplice de persecuciones en contra de algunos de sus miembros, o los deja a su suerte. En el segundo párrafo de la carta de referencia escribe algo que muchos jueces olvidan: son servidores judiciales que reciben su “salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función”. Por eso ni el juez Rodríguez Consoró ni ningún otro funcionario público se pueden indignar de que lo investiguen, ahora dicha investigación no debe, o no debería, realizarse por venganza, retaliación o encono de una “parte” del proceso que, según la misiva, no logra sus objetivos procesales de forma ordinaria.
En el mismo párrafo concluye que: “El Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano”. Verdad de a mil, pero que muchos jueces olvidan, normalmente por temor, y prefieren prevaricar antes que impartir justicia.
Esta frase, del tercer párrafo, es casi una perogrullada: “Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces”.
También refiere “el adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública”, para que no fallen con independencia. Y concluye argumentando que pondrá freno “a las extorsiones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo”.
Estas y otras afirmaciones contiene la carta que, independientemente del resultado de las investigaciones, si no son verdad, están muy cerca de ella.
Suerte en su lucha, juez Consoró.
