La crisis institucional arrastra a Perú hacia respuestas autoritarias

Mariela Jara

LIMA, 19 Dic (IPS)– En Perú se cierne el riesgo de salidas autoritarias y explosión social, al hilo de  la crisis institucional abierta en el país el 7 de diciembre, con la destitución de Pedro Castillo como gobernante, tras un efímero intento de autogolpe, y la asunción como presidenta de Dina Boluarte.

“Ha sido un tremendo error del nuevo gobierno militarizar el conflicto como respuesta a las protestas en distintos lugares del territorio”, afirmó Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición de organismos de sociedad civil surgida en 1985 durante el periodo de conflicto armado interno que azotó a Perú entre 1980 y el 2000.

Las demandas de la población movilizada son diversas e incluyen la renuncia de Boluarte a quien consideran traidora a Pedro Castillo y aliada de los sectores de la derecha extrema que obstaculizó su gestión en sus 17 meses de mandato, el cierre del Congreso legislativo que es desaprobado por más de 90 % de la opinión pública, el adelanto de elecciones generales, y una nueva Constitución.

Para tratar de contener el estallido social que brotó en el centro andino del país y se extendió luego hacia el sur y el norte con el costo de varias vidas humanas, el 14 de diciembre Boluarte, la primera presidenta mujer del Perú, declaró el estado de emergencia por 30 días en en ocho de los 24 departamentos del país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, La Libertad, Huancavelica y Puno.

La medida que incluye la inmovilización social obligatoria, conocida como toque de queda, no es para la totalidad de cada departamento, sino para 15 provincias con mayor protesta y movilización social, de las 196 en que se divide el país.

“Observamos que estamos caminando peligrosamente hacia la consolidación de un autoritarismo en el Perú”, dijo Dador a IPS.

El sábado 17 la mandataria, abogada oriunda de Apurímac, el departamento donde se iniciaron las movilizaciones, dio una conferencia de prensa acompañada de su gabinete y altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes justificaron su accionar y descalificaron las protestas calificándolas de actos vandálicos.

En sus declaraciones, Boluarte, la hasta el día 7 de diciembre vicepresidenta elegida en la fórmula electoral de Castillo, descartó su renuncia hasta que haya nuevas elecciones. En Perú, la legislación actual encarga al vicepresidente completar el periodo del jefe del ejecutivo, si este es destituido. El periodo quinquenal de Castillo finaliza en 2026.

Simultáneamente a la conferencia de prensa, eran allanados por la Dirección Contra el Terrorismo de la policía el local de la Confederación Campesina del Perú y del partido de izquierda Nuevo Perú, ubicados en el centro de Lima, donde estaban alojados campesinos que llegaron de las provincias del interior para participar en las protestas.

Castillo, un maestro y sindicalista rural postulado por un partido de izquierda radical que lo abandonó después, ganó las elecciones en junio de 2021 por el voto mayoritario de los electores de localidades rurales, en un voto castigo contra las elites de los poderes de Lima, por su corrupción y olvido de las necesidades de las poblaciones de las provincias peruanas.

Dador, también abogada feminista, criticó que la acción represiva sea la única respuesta del gobierno a las distintas crisis del país que tienen nivel de colapso social, y que ha traído como consecuencia la pérdida de más vidas humanas.

“No es solo una respuesta basada en lo represivo, sino que es indiscriminado, los marcos legales para el uso de la fuerza como lo progresivo y proporcional no se han respetado. Y cuando el Ejército inicia sus acciones con la declaratoria del estado de emergencia, el número de muertes que llevábamos arrastrando se duplicó en un solo día”, remarcó.

Con pañuelos y guantes blancos, símbolo de limpieza y anticorrupción, integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandan mecanismos dialogados para enfrentar la crisis institucional, política y social en Perú, así como la investigación de las muertes de por lo menos 20 personas en las protestas como resultado de la represión policial y militar, a fin de evitar su impunidad. Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Hasta este lunes 19 se contabilizaban 20 fallecidos como resultado de la represión policial y militar contra las manifestaciones a favor de Castillo y contra su sucesora y el Congreso legislativo.

De ellos, la mayor parte son de los departamentos centroandinos de Ayacucho y Apurímac, dos de las regiones que fueron más golpeadas por las violaciones a derechos humanos en el conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó sobre esas dos trágicas décadas en el Perú concluyó que más de 69 000 peruanos y peruanas murieron o resultaron desparecidos “a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado”.

De cada cuatro víctimas, tres eran de ámbitos rurales y empleaban el quechua como idioma materno.

Ayacucho, vocablo quechua que se traduce como “rincón de los muertos”, concentró  40 % de víctimas. Sumando otros departamentos en situación de pobreza como Apurímac, Junín, Huancavelica, Huánuco y San Martín, representaron 85 % de personas afectadas.

El informe de la Comisión estableció que existía una evidente relación entre exclusión social e intensidad de la violencia.

Malestares acumulados

Según cifras oficiales, en Perú, país de 33 millones de habitantes, ocho de cada diez empleos son informales. Es decir, carentes de derechos, en una situación además de creciente crisis económica por efectos de la pandemia y el crítico contexto global que golpea a las familias.

La pobreza monetaria llega a 25 % y es mayor en zonas rurales. La anemia en infantes menores de tres años registra porcentajes elevados en regiones del interior: en 2021 era de 50 % en Ayacucho, 51 % en Apurímac, 54 % en Cusco, 70 % en Puno.

El sábado 17, tras el allanamiento de la central campesina y del local del partido de izquierda Nuevo Perú, ubicados en el centro de Lima, decenas de personas llegaron hasta el lugar para exigir la libertad de los campesinos que habían llegado hasta esos locales desde zonas rurales de Perú. La presión ciudadana, de congresistas de izquierda y organismos de derechos humanos contribuyó a su liberación después de que se les había acusado de terrorismo. Foto: Rocío Pereyra / IPS

“Se debe reconocer que se han embalsado los malestares y acumulado las demandas de la población, hablamos de dos años de pandemia que nos costaron más de 200 000 vidas de peruanos, y no es que se las llevó la covid, sino un Estado ineficiente con un sistema de salud incapaz que empobreció a los peruanos”, afirmó Dador.

Y enfatizó que existen situaciones que se vienen arrastrando.

“Hay mayores niveles de pobreza, abandono en el campo, la frustración de la segunda reforma agraria, la pérdida de tierras en las comunidades campesinas por malas prácticas y triquiñuelas ya sea de las economías ilegales o formales como los modelos agroexportadores”, dijo.

Es ese contexto en el que ocurren las movilizaciones ciudadanas que, como precisa Dador, no están exentas de desmanes e infiltración de grupos con intereses particulares.

“Pero eso no deslegitima la protesta porque corresponde al Estado, como garante de derechos, identificar esos actores y neutralizarlos, y no atacar a la población como están haciendo y descalificándola como violentista”, consideró la activista y abogada.

Varias organizaciones y gremios, entre ellos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dieron una conferencia, el día 16 de diciembre, planteando el cese de la militarización de la protesta y la investigación de las muertes ocurridas, entre ellas de varios adolescentes, para evitar su impunidad.

También propusieron la convocatoria a elecciones en el más breve plazo, que según algunos especialistas podría adelantarse a diciembre del 2023.

El día 12, Boluarte presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que reduce en dos años el actual mandato presidencial y legislativo el adelanto de elecciones generales para abril del 2024 y el término del periodo para julio de dicho año. En declaraciones posteriores la presidenta comentó que el plazo podría adelantarse a diciembre de 2023.

Este martes 20 los congresistas, presionados por el temor de una mayor explosión social, volverán a tratar vías para adelantar unos meses el calendario electoral, después de que el viernes 16 rechazaron la propuesta de Boluarte, aduciendo que una reforma constitucional exige ser refrendada en dos periodos legislativos diferentes.

“Es imposible pensar más allá del 2023 porque las condiciones sociales, las demandas embalsadas, la dificultad que tenemos para llevar adelante un proceso de diálogo, impiden sostener esta situación hasta el otro año”, explicó Dador.

También este martes 20 arriba a Perú una misión técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos integrantes viajarán a las regiones del interior del país con el acompañamiento de delegados de la Coordinadora.

Para Dador es necesarios seguir pensando en mecanismos que puedan llevar a concretar las propuestas de diálogo que abran una salida al momento actual. En ese sentido sugirió empezar con procesos territoriales donde tengan un rol activo los alcaldes y gobernadores electos que entrarán en funciones en enero del 2024.

“Son actores importantes para el diálogo en la medida en que están por estrenarse, lo cual quiere decir que todavía gozan de legitimidad y buena reputación dentro de la población que los ha elegido, y pueden contribuir a generar la confianza necesaria para alcanzar acuerdos mínimos”, puntualizó.