Más de 2 mil millones de pesos y propiedades recuperadas mediante acuerdos con imputados en casos de corrupción

Santo Domingo, 15 feb – .-El Ministerio Público ha logrado recuperar más de 2,000 millones de pesos en efectivos y propiedades en acuerdos con imputados en los casos de corrupción que lleva adelante y otros que están en proceso investigativo.

Sin embargo esos montos no representan una mínima parte de lo consignado como desfalco al Estado en al menos tres casos de corrupción en curso y otro en fase de investigación.

Los acuerdos del Ministerio Público con imputados en casos como Coral, 5G, Antipulpo y otros que aún no han llegado a la justicia, han permitido al Ministerio Público lograr colaboración para fortalecer los expedientes acusatorios y en caso Antipulpo ya obtuvo dos condenas en juicio penal abreviados.

El caso más público hasta ahora ha sido el de Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras el Estado (OISOE), encartado en el sonado caso Antipulpo.

Tras lograr un acuerdo con el Ministerio Público, devolvió 40 millones de pesos en efectivo y bienes valorados en más de 50 millones de pesos incluyendo lujosos apartamentos y una finca de 3,400 tareas de tierra en el municipio de Tamayo. Fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria, de las cuales se le reconoce el cumplimiento de la mitad de la pena.

En ese proceso también llegó a acuerdos el imputado Suriel Suazo, quien devolvió dos millones de pesos en efectivo y maquinarias valoradas en tres millones de pesos.

Por el caso antipulpo se estima que el Estado fue desfalcado por más de 15 mil millones de pesos por una estructura encabezada por Alexis Medina, principal imputado en el caso. Un equipo de abogados del Estado que procura recuperar los bienes desfalcados se ha planteado pedir una indemnización por 40 mil millones de pesos.

El Ministerio Público también ha logrado recuperar bienes en el bautizado como caso 5G, en el que se le atribuye al exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, general Adán Cáceres, haber creado una estructura para desfalcar al Estado con más de 5,000 millones de pesos.

El Ministerio Público le atribuye a esa red apoderarse de fondos destinados a nómina y a servicios de seguridad del Estado y en el proceso logró la colaboración del mayor Raúl Alejandro Girón, quien estremeció a la población con la descripción detallada que hizo en una audiencia pública sobre cómo funcionaba la estructura.

El también imputado César Félix Ramos Ovalles ha estado colaborando con el Ministerio Público y según declaró su abogado recientemente ha devuelto bienes inmuebles y dinero en efectivo que bordan los mil millones de pesos. Una persona vinculada a la investigación confirmó a EL DÍA que Ramos Ovalles ha devuelto bienes pero dijo no creer que se acercaran a esa cantidad.

Gran devolución
Los mayores volúmenes de devolución de dinero se están moviendo en una investigación que está en curso y en la que el Ministerio Público está propiciando acuerdos antes de judicializarlo.

Se trata de un caso sobre pagos sobre expropiaciones ancestrales del Estado y que se estima el dinero fue a parar a manos de antiguos funcionarios y personeros vinculados a los mismos que servían como ‘buscones y abogados’.
En las informaciones extraoficiales a las que los medios periodísticos han tenido acceso, los montos envueltos superan los 20 mil millones de pesos que habrían sido desviados a terceras personas a través de mecanismos jurídicos para sacar el dinero del Estado y dar apariencia de legalidad.

Uno de los investigados que ha empezado a colaborar se ha mostrado de acuerdo en devolver dinero, que en su caso podría ser de más de 500 millones de pesos, además de que otras figuras estarían dispuestas a llegar a otros acuerdos de devolución y cooperación.

Las negociaciones judiciales están permitas por el Código Procesal Penal y en caso de que las mismas impliquen condenas acordadas, se recurre al juicio penal abreviado para la validación de un juez.

Negociación judicial
El actual Ministerio Público ha dado un uso pronunciado a los acuerdos judiciales para fortalecer los expedientes de corrupción y lograr cooperación que le permitan condenar a los cabecillas de las estructuras.

Incluso ha negociado variaciones de las medidas de coerción y hasta dejar fuera de expedientes a personas imputables. Aunque esas prácticas no son nuevas, ha sido notorio que se ha incluido en los acuerdos la admisión de culpas y la devolución de bienes.

De los casos en procesos el conocido como Antipulpo ha sido el que más ha avanzado, pues el Ministerio Público logró tres condenas.

Fuente El Día