Cancillería califica de «desproporcionada e irrazonable» solicitud de detener repatriaciones de haitianos
Santo Domingo, 30 junio – El «masivo» flujo de ciudadanos haitianos a República Dominicana es «insostenible», respondió este viernes el Gobierno dominicano después de que un experto de la ONU llamara a detener las repatriaciones de haitianos debido a la grave crisis que atraviesa el vecino Haití.
«Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos», indicó el Gobierno a través de un comunicado emitido por la Cancillería.
Esta, agregó, «es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional».
«El deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos», agregó la nota, en respuesta a unas declaraciones del experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, William O’Neill, quien llamó a descontinuar las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.
El comunicado de la Cancillería recoge datos que indican que en 2022 República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano.
Asimismo, cita cifras del Servicio Nacional de Salud (SNS), que señalan que en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas.
Esta proporción aumentó al 23,7 % en 2019, al 27,2 % en 2020, al 30,5 % en 2021, al 33.1 % en 2022 y al 34 % en 2023 (según datos hasta mayo).
«En los últimos tres años, estamos promediando más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano», apuntó la nota.
La crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití «requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana», insistió República Dominicana en la nota.
La Cancillería dominicana consideró que los diversos voceros de la ONU «deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo».
Naciones Unidas «debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país», señaló.
Por último, dijo reconocer «el interés de todos los actores que se preocupan por Haití», pero dijo que «la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana».
«República Dominicana, como Estado social y democrático de derecho, siempre tomará soberanamente las decisiones que mejor correspondan al interés nacional», concluyó el documento.
A continuación, se comparte el documento íntegro:
El experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor William O’Neill, ha hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.
Ante esta declaración, el Gobierno dominicano tiene a bien hacer las siguientes precisiones:
República Dominicana es el único país que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. Esta es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos.
El masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible. Para que se tenga una idea, solo en 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano. Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.
Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de manera fehaciente el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Por ejemplo, en 2018, el 12,5 % de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción aumentó dramáticamente al 23,7 % en 2019, al 27,2 % en 2020, al 30,5 % en 2021, al 33.1 % en 2022 y al 34 % en 2023 (según datos hasta mayo). En los últimos tres años, estamos promediando más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.
La crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana. Ese es un paso necesario para abrir un proceso de reconstrucción en Haití.
Después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país.
Reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana.
República Dominicana, como Estado social y democrático de derecho, siempre tomará soberanamente las decisiones que mejor correspondan al interés nacional.
