Haitianos visados y deportados por RD son similares ¿Qué hay detrás de las cifras?

Santo Domingo, 7 agosto – En siete años, la República Dominicana ha deportado o repatriado el 104% de los haitianos que residirían de manera irregular en el país, a juzgar por las estadísticas de operativos reportados por las autoridades migratorias comparado con los datos estatales sobre migrantes.

Del 2017 hasta inicios del pasado mes de julio de 2023, la Dirección General de Migración ha deportado y/o repatriado a 593,002.

Ese monto es más del total de todos los extranjeros que residen en Quisqueya, 570,933, según la última encuesta Nacional de Migrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas en el año 2017, en la que se indica que la población nacida en Haití representa el 87.2%. Es decir, que la estimación fue que hay 497,825 haitianos que viven en RD. ¿Todos tienen estatus irregular?

La crisis política, social y económica en el vecino país, agudizada luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, provocó que miles de haitianos se desplazaran a otras partes del mundo, Dominicana es el principal destino.

Desde que ocurrió el magnicidio el 7 de julio de 2021 el Gobierno dominicano, a través de su presidente, Luis Abinader ha hecho constantes llamados a la comunidad internacional en la asamblea de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Comunidad Caribeña (Caricom), Alianza para el Desarrollo en Democracia, en reuniones con autoridades y congresistas de Estados Unidos, Canadá, Europa y en cada foro internacional, para que se busque una solución a la grave crisis que afecta esa nación.

Al mismo tiempo, de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos de los humanos, ha llevado una férrea estrategia para expulsar del territorio nacional a los haitianos en condición irregular, sin importar que se trate de mujeres en avanzado estado de gestación, incluso en labor de parto, a las cuales han sacado de los hospitales, menores de edad no acompañados y dominicanos de ascendencia haitiana, afectados por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y beneficiarios de la ley 169-14 con la cual se buscaba restablecer la nacionalidad a los afectados por el fallo de la alta corte.

A finales del mes pasado, las organizaciones de defensa de la comunidad haitiana en República Dominicana reclamaron el cese de la política migratoria “racista y violatoria de los derechos humanos” contra ese colectivo y denunciaron las condiciones de detención y prácticas como arrestos en maternidades.

En una rueda de prensa, los convocantes leyeron un comunicado en el que se refirieron a casos como el ocurrido en la policlínica de Higüey, donde, afirmaron, agentes de migración entraron “buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal”.

“Estamos avanzando en una especie de ‘apartheid’ (segregación racial), ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad”, según las organizaciones.

Tráfico impune

Ante ese panorama, la encuesta de migrantes que debe realizarse este año, en cumplimiento del calendario establecido para tales fines, será de vital importancia y dará una idea de cuánto ha crecido la migración haitiana en el país.

Mientras tanto, los datos suministrados por Migración, a través de la Oficina de Libre acceso a la Información Pública, plantean una serie de interrogantes, respecto a la efectividad o realidad de los operativos migratorios que constantemente realizan y sobre los cuales llueven decenas de denuncias de extorsión, soborno, arbitrariedad, violación a los derechos humanos de mujeres embarazadas, niños y dominicanos de piel negra.

“Tenemos que ponernos serios pero serios de verdad ¿en qué? En el tráfico de migrantes. Aquí no se penaliza el traficante de migrantes, de la manera ejemplar que se debería estar haciendo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en una entrevista el pasado 2 de agosto.

De acuerdo con la estadística del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), de enero de 2017 a junio de este año, el Estado dominicano ha emitido 547,563, de diferentes categorías a los ciudadanos haitianos a través de los consulados de Anse A Pitre, Belladere, Cabo Haitiano, Juana Méndez y Puerto Príncipe.
En ese período de tiempo 1,698,949 personas ingresaron a territorio nacional a través de los puertos fronterizos de Carrizal, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, en tanto que el total de salidas reportadas fue de 1,331,981.

A través de los aeropuertos ingresaron 177,986 personas, en tanto que salieron 264,960, de acuerdo con la data de la Dirección de Migración, en la cual no se especifican las nacionalidades de los ciudadanos que han ingresado y salido del lado dominicano.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) desarrolló la Operación Frontera, mediante la cual desarticuló una red de criminalidad organizada dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos en las provincias de Monte Cristi y Dajabón. Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, fueron identificados como cabecillas de la red.

Abusos y violaciones

Los vídeos, fotos y audios que circulan en las redes sociales y la prensa nacional, según las organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta de que existe en la práctica un estado de excepción en torno a los derechos de la comunidad inmigrante haitiana, dominicanos de ascendencia haitiana, y toda persona negra que agentes migratorios, policiales y militares identifican como haitianos.

Afirman que han denunciado ante la Procuraduría General las prácticas de irrumpir, sin orden judicial y en la madrugada, en las propiedades privadas y hogares de toda persona que presumen ser de origen haitiano; rompen candados, puertas, usan las extorsiones y los robos de pertenencias como celulares, dinero, motocicletas y otros tipos de objetos personales.

En la provincia de Barahona, luego de que se notificaran posibles casos de cólera en la comunidad Los Cocos, las viviendas de cientos de migrantes fueron destruidas y sus propietarios detenidos bajo el alegato de estar invadiendo terrenos.

Entre los afectados figura Jean Lois Devassaint, quien dijo residir desde hace más de 19 años en la comunidad fronteriza. El extranjero cuyas hijas de 13, 16 y 18 años, nacidas en República Dominicana y con documentos de identidad que así lo avalan, negó que estuviera invadiendo terrenos y mostró recibos de la transacción económica que hizo con una persona identificada como Priamo Méndez para adquirir el techo donde vivía su familia.

En Vicente Noble, dos menores de edad con documentos de identidad que dan constancia de quienes son y que nacieron en esa comunidad, fueron detenidas junto a sus padres, uno de los cuales también tiene residencia legal en el país.

Una vez trasladados al centro de detención en Haina, Jean Louis Jonas fue liberado porque se comprobó que su documentación no es falsa como supusieron los agentes de migración que entraron a su casa a las 3:00 de la mañana del 27 de julio.

Sin embargo, sus hijas fueron enviadas a Haití en condición de deportadas junto a su madre, pese a su estatus legal en el país, bajo el alegato de que el Consejo Nacional para la Niñez (Conani) no entrega menores de edad a hombres, dijo Louis Jonas.

“Nosotros no violamos los derechos humanos como una cuestión de una política nacional. Habrá, claro como en todas partes, casos aislados de los cuales hay situaciones pero eso no es el caso”, dijo el canciller Álvarez, al hablar de lo que le falta hacer a la República Dominicana frente a la crisis del vecino país.
Reconoció que los “casos aislados” tendrían que ser sancionados por las autoridades.

Madrugadas en las que hay robo y extorsión

Los golpes en las puertas y la rotura de candados, cerraduras y puertas, hacen que de sobresalto se despierten entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada los hombres y mujeres de piel negra o con rasgos que hacen suponer que son haitianos.

La violación a la privacidad de sus residencias no es un acto de delincuencia o de criminalidad. Son acciones realizadas por agentes de la Dirección de Migración y del Ejército de la República Dominicana, que sin orden judicial ni acompañados de fiscales, entran a las viviendas, y detienen a niños y adultos que creen son haitianos con estatus irregular.

Así lo relatan las organizaciones de derechos humanos y personas afectadas en las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, con las cuales conversó elCaribe. Además de la afectación a su privacidad y no sometimiento a un proceso de depuración para confirmar su estatus migratorio, antes de ser llevados al centro de detención en Haina, los afectados señalan que son víctimas de robo y extorsión por parte de los agentes migratorios

El Caribe