Cuidado con la farsa del financiamiento climático

Jomo Kwame Sundaram

Profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

KUALA LUMPUR (IPS) – Las finanzas han aumentado, no reducido, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Mientras tanto, la financiación para la mitigación, y especialmente para la adaptación, es tremendamente inadecuada, y hay poca para las pérdidas y daños climáticos.

El calentamiento global se acelera

Los países ricos son los principales responsables del rápido empeoramiento del calentamiento global a la vez que las naciones en desarrollo sufren más sus efectos adversos. Peor aún, están mucho más limitadas financieramente, por ejemplo, debido a los mayores costos y al menor acceso al crédito.

Antes de la 15 Conferencia de las Partes (COP15) sobre cambio climático de 2009 en Copenhague, los países ricos prometieron aportar 100 000 millones de dólares anuales a las naciones en desarrollo hasta 2020 para financiación climática, después de lo cual dicha asistencia aumentaría.

Pero el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) halló que su promesa estaba muy por debajo de las necesidades. También estimó el financiamiento climático total –de fuentes tanto públicas como privadas– en solo 640 000 millones de dólares, es decir, un promedio de alrededor de 60 000 millones al año.

Los costos de adaptación hasta 2030 se han evaluado en hasta 411 000 millones de dólares anuales, ¡y la mayoría de las estimaciones anuales superan los 100 000 millones! Pero ni siquiera esto cubre las pérdidas financieras y los daños causados por el cambio climático, que apenas han sido financiados.

Financiación climática miserable

Las estimaciones oficiales afirman que en 2020 se movilizaron alrededor de 80 000 millones de dólares, la mayor cantidad jamás alcanzada, pero aún muy por debajo de los compromisos de las naciones ricas.

Una parte importante provino de financiación privada y un tercio a través de instituciones financieras multilaterales. Pero en general se considera que estas estimaciones –especialmente en el caso de las finanzas privadas– son tremendamente exageradas.

Han sido modestos a pesar de tanta fanfarria y retórica los compromisos de los países ricos con el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), para proporcionar financiamiento climático a unos pocos países pobres en condiciones muy restrictivas.

Las transferencias oficiales bilaterales durante el período 2013-2019 fueron inferiores a  18 000 millones de dólares anuales, lo que representa en promedio entre un cuarto y un tercio de todo el financiamiento climático entregado. ¡Desde entonces, los gobiernos de los países ricos han gastado varios billones (millones de millones) en la pandemia y la guerra de Ucrania!

Las propuestas de financiación climática de las naciones ricas se refieren principalmente a más préstamos, no subvenciones. Pero un mayor endeudamiento gubernamental ya ha empeorado la crisis climática y de deuda. Es evidente que una mayor deuda de los países en desarrollo no puede ser al mismo tiempo problema y solución.

Una financiación climática con condiciones más favorables no costaría mucho, ya que las naciones ricas tienen alrededor de 400 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) del FMI, los activos de reserva de divisas prácticamente “gratuitos” y que que apenas utilizan.

Los combustibles fósiles siguen subsidiados

El muy limitado financiamiento climático con condiciones no muy favorables contrasta marcadamente con los subsidios a los combustibles fósiles de las naciones ricas. Sus gobiernos han permitido durante mucho tiempo esa generación de energía, al tiempo que insisten en que los países pobres reduzcan las emisiones de GEI.

El alcance real de esos subsidios ha quedado oscurecido por los discursos predominantes, especialmente en el ámbito de las estadísticas. La medida de apoyo gubernamental a los combustibles fósiles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) solo considera transferencias presupuestarias directas y subsidios distintos de las exenciones fiscales.

El dúo halló que 52 gobiernos de países industriales y emergentes representaban  90 % del suministro mundial de energía de combustibles fósiles. Sus subsidios totales promediaron  555 000 millones de dólares anuales durante 2017-2019, es decir, antes de la pandemia.

Pero esto subestima en gran medida los subsidios gubernamentales reales a los combustibles fósiles. Las investigaciones del FMI que reconocen subsidios implícitos –incluidos los costos ambientales y los impuestos al consumo perdido– encuentran subsidios mucho más altos que los así reconocidos.

El estudio del FMI estimó los subsidios mundiales a los combustibles fósiles en 2020 en  5,9 billones de dólares, más de 10 veces la estimación de la OCDE y la AIE, ¡y los subsidios implícitos representan 92% del total!

China fue el país que más aportó, seguida de Estados Unidos, Rusia, India y la Unión Europea. Los subsidios totales a los combustibles fósiles de Estados Unidos en 2020 –en su mayoría implícitos– ascendieron a 662 000 millones de dólares, mientras que el compromiso de financiación climática del gobierno de Joe Biden llegó a solo 5700 millones.

Las intervenciones gubernamentales más recientes siguen distorsionando los incentivos del mercado para favorecer –en lugar de limitar– los combustibles fósiles. Por lo tanto, la financiación privada se ha destinado principalmente a inversiones en energía basada en combustibles fósiles, a pesar de tanto discurso sobre las finanzas verdes.

Un problema de financiación privada, no una solución

Es esencial disponer de mejores datos sobre la financiación del combustible (por fuente, destino y capacidad de generación de energía). Pero la falta de datos confiables, completos y transparentes –sobre los flujos financieros transfronterizos, particularmente privados, para los combustibles fósiles– impide mejores análisis y políticas.

Los anfitriones del Reino Unido de la COP26, celebrada en Glasgow a fines de 2021, se comprometieron a poner fin a la quema de carbón para generar energía. Pero menos de medio año después, los países europeos y otros que sancionaban las exportaciones de gas ruso buscaban lo contrario.

La mayor parte del financiamiento extranjero para el carbón proviene de bancos comerciales e inversores institucionales de los países ricos. Catorce de los 15 principales prestamistas de nuevas inversiones en carbón en todo el mundo procedían de economías ricas.

Los principales inversores institucionales en acciones y bonos de empresas de combustibles fósiles también provienen de esos países, y los tres principales (BlackRock, Vanguard y Capital Group) tienen su sede en Estados Unidos.

Las emisiones de GEI de las principales corporaciones transnacionales –incluidas las empresas supuestamente verdes– son considerables debido a esa energía basada en combustibles fósiles. Las emisiones generadas por estas inversiones superaron a todas las demás.

Abordar los cambios de política

Muchos gobiernos han utilizado la guerra de Ucrania para abandonar sus ya modestas e inadecuadas promesas climáticas. Y en lugar de utilizar el aumento del precio del petróleo para acelerar la transición hacia los combustibles fósiles, muchos gobiernos han estado subsidiando los precios internos de la energía.

Por lo tanto, el Nuevo Trato Verde Global (GGND, en inglés), propuesto por las Naciones Unidas durante la crisis financiera global de 2008, es aún más relevante ahora. El GGND instó a una recuperación económica sólida, verde, equitativa e inclusiva después de la crisis financiera global.

Tener en cuenta lo que ha sucedido en el ínterin también es esencial para lograr el necesario “gran impulso” a fin de que la energía renovable cree las condiciones para el desarrollo sostenible para todos.

IPS