Grupo de Trabajo de la ONU también cuestiona procedimientos judiciales en caso Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo, 24 noviembre – El cuestionamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al proceso del Ministerio Público en el caso del exprocurador general Jean Alain Rodríguez se extiende al Poder Judicial, señalando a los jueces involucrados de falta de imparcialidad.
En su «Opinión núm. 46/2023», los cinco miembros del Grupo de Trabajo consideran que la negativa del juez que resolvió la medida cautelar contra Rodríguez Sánchez y de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para proporcionar un recurso contra esas infracciones violó el derecho del imputado.
Afirman que la autoridad judicial a cargo de la detención de Rodríguez Sánchez no puede considerarse independiente e imparcial, ya que se negó a examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria y las apelaciones presentadas sobre el derecho del Sr. Rodríguez a ser oído por un tribunal imparcial.
El Grupo cuestiona a los magistrados porque, según ellos, durante la audiencia de solicitud de medida de coerción, cuando Rodríguez intentaba ejercer su derecho a ser oído, fue interrumpido de manera abrupta y sistemática por la Fiscalía. Lo mismo ocurrió durante la revisión de la medida en la Corte de Apelación.
El proceso contra Rodríguez, acusado de corrupción en el caso Medusa, ha sido liderado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias afirma que este vicio procesal solo puede ser subsanado mediante la declaratoria de nulidad absoluta y la repetición del acto, anulando las actuaciones del procedimiento y las decisiones judiciales emitidas.
Las «opiniones» de este Grupo son cuasi judiciales, no vinculantes legalmente, pero razonadas como las decisiones legales y serán consideradas por otros organismos especiales de la ONU, como el Comité de Derechos Humanos.
El Gobierno dominicano respondió al Grupo de Trabajo un mes después del plazo otorgado, impugnando las quejas del exprocurador el 3 de agosto de 2022, cuando el límite era el 4 de julio de 2022.
Por otro lado, Wilson Camacho, titular de la Pepca, afirmó que la prisión impuesta a Rodríguez es el resultado de procesos judiciales legales y afirmó que este no se ha defendido de las acusaciones en su contra.
