Suspensión del Registro de Proveedor del Estado a Transcore Latam por el caso Intrant
Santo Domingo, 5 diciembre – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha tomado la decisión de suspender el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de Transcore Latam S.R.L. Esta medida surge en medio de las controversias vinculadas al contrato de 1,317 millones de pesos otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica en el Gran Santo Domingo.
El organismo regulador de adquisiciones y contrataciones ha emitido esta última determinación como parte del proceso sancionador, lo que resulta en la inhabilitación permanente de Transcore Latam para futuras contrataciones con el Estado dominicano.
Carlos Pimentel, director de la DGCP, al brindar detalles a Diario Libre, explicó que la inhabilitación se fundamenta en evidencias concretas que demuestran la participación de la empresa en el proceso con documentación falsa o adulterada.
«Queda claramente demostrado y lo correspondiente por ser una falta grave es la inhabilitación permanente. Además, se le aplicaría el artículo 14 de la Ley 340-06 que establece que las empresas que participan en un proceso con documentación falsa, adulterada o fraudulenta anulan el contrato», mencionó Pimentel.
El director de la DGCP señaló que concluyen así su proceso de investigación y se remitirá completamente el caso al Ministerio Público, Pro Competencia y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a algunas inconsistencias impositivas detectadas en el proceso de la empresa, que se consideran relevantes para su investigación.
«En todas las investigaciones que llevamos a cabo en la DGCP, actuamos dentro de nuestros límites de competencia. Si detectamos que existen asuntos que están bajo la jurisdicción de otra institución, los remitimos para que esta proceda», añadió.
Pimentel anunció que se notificará a la Procuraduría General de la República sobre esta última resolución y se mostrarán dispuestos a colaborar con el Ministerio Público para cualquier aclaración o si se identifican indicios de responsabilidad penal en este caso.
Paralelamente, la Contraloría General de la República está llevando a cabo una auditoría sobre la instalación de semáforos y cámaras en las intersecciones. Este análisis busca determinar el nivel de cumplimiento del contrato, del cual tanto la empresa como el Intrant han afirmado un avance del 65% en su ejecución.
