Comisión oficial estaría con tácticas dilatorias para burlar promesas de pago a contratistas
Santo Domingo, 19 diciembre – El Comité Institucional Codiano (CIC) denunció que una comisión conformada por altos funcionarios del gobierno para solucionar el pago de las deudas viejas que tiene el Estado con contratistas, estaría recurriendo a tácticas dilatorias para no resolver las reiteradas promesas que en dos campañas electorales hiciera el actual presidente de la República.
Los denunciantes explicaron que en las tres reuniones que han sostenido con los comisionados prácticamente no se ha percibido la voluntad de pagar unos 385 millones de pesos que el Estado les adeuda a unos 107 contratistas pertenecientes al CIC.
“Hace cuatro semanas que fuimos convocados a una reunión en el Palacio Nacional, pero los comisionados, en lugar de hacer propuestas de solución lo que han hecho es incidental las conversaciones con sugerencias inauditas”, dicen en declaración de prensa los ingenieros Aníbal Rincón, Ovidio Rosario, Samuel Peña, Nelson Núñez, Miguel Liberato y el arquitecto Emiliano Familia.
Arriba. desde la izquierda Ricardo Nesrala, Derby de los Santos. Abajo, desde la izquierda Víctor Sánchez y Juan Luis Julia Calac
Los funcionarios que han participado en tres reuniones con los contratistas son Ricardo Nesrala, asistente del presidente Luis Abinader; Derby de los Santos, viceministro de Tesoro; Víctor Sánchez Feliz, viceministro de la presidencia y Juan Luis Julia Calac, viceministro financiero del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
“Lo único que han hecho es insistir en la aprobación de una ley especial que ordene al Ministerio de Hacienda pagar la referida deuda, la cual fue propuesta hace tres años y actualmente nosotros la apoyamos sólo para los casos que no tengan un contrato firmado y debidamente legalizado”, precisaron los contratistas del CIC.
Explicaron que por recomendación de los comisionados procedieron a consultar a varios abogados, los cuales opinaron que todo contratista que tenga un contrato firmado y debidamente legalizado no necesita de ninguna ley para recibir el pago de trabajos ejecutados.
Sobre el particular señalaron que en las reuniones que han sostenido con los comisionados, sacaron a relucir que el artículo 1134 de nuestro Código Civil le imputa fuerza de ley a los contratos de obras, y que aprobar una ley especial implicaría una infracción a la legalidad administrativa del convenio entre las partes.
Otro tema que ha provocado agrias discusiones entre los contratistas del CIC y los comisionados gubernamentales se refiere a que supuestamente los expedientes de deudas por cobrar no cumplen con los requisitos que hace el Ministerio de Hacienda, sobre lo cual los constructores aseguran que ellos particularmente cumplen y que las instituciones contratantes tienen en su poder toda la documentación requerida.
Los comisionados, según los denunciantes, alegan que los contratos de obras viejas no están registrados en la Contraloría General de la República, pero los constructores afirman que la ley 3894 del año 1954 obligaba esa anotación en los libros del organismo fiscalizador y que actualmente es responsabilidad de una unidad técnica administrativa que funciona en cada institución contratante.
