«Inquietud por las nuevas competencias de la DNI: Ley 1-24 genera preocupación en sectores amplios»
Santo Domingo, 18 de enero – La promulgación de la Ley 1-24, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha desatado una creciente ola de preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana, quienes expresan su temor de que las recientes competencias otorgadas al organismo puedan restringir derechos fundamentales y limitar la libertad individual.
Figuras destacadas, como el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, el director ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, y los juristas Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats, han expresado sus inquietudes con respecto al Artículo 11 de la ley, el cual impone la obligación a instituciones privadas o personas físicas de entregar toda la información requerida por la DNI, bajo amenaza de prisión en caso de negativa.
«No podemos retroceder en conquistas ya logradas.«, advirtió monseñor Castro Marte, al reaccionar sobre las percepciones de ambigüedad en los artículos 9, 11 y 26 de la nueva legislación, señalando posibles impactos en la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Reacciones y Valoraciones:
Servio Tulio Castaños – Finjus: El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, reconoce la ambigüedad y confusión en la ley, respaldando las preocupaciones de la Sociedad Dominicana de Diarios. Destaca que la interpretación diversa de ciertos aspectos podría generar consecuencias no deseadas.
«Es verdad lo que dice la Sociedad Dominicana de Diarios, en cierta parte la ley es ambigua, confusa, eso va a traer como consecuencia que va a tener diferentes interpretaciones, ese es el tema», expresó.
Nassef Perdomo: En un artículo de opinión, el abogado Nassef Perdomo Cordero enfatiza la preocupación por el Artículo 11, indicando que obliga a la entrega de información sin establecer claramente la necesidad de una orden judicial. Alerta sobre la posibilidad de que la DNI pueda exigir a los ciudadanos convertirse en informantes bajo amenaza de prisión.
«La ley abre la puerta para que la DNI se considere con el derecho de exigir a los ciudadanos dominicanos convertirse en informantes sobre los demás, bajo amenaza de prisión», destaca el jurista.
Eduardo Jorge Prats: El experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, enfatiza la importancia de respetar la privacidad y confidencialidad en áreas como el secreto bancario, profesional y de fuentes periodísticas. Advierte que la DNI no debe indagar actos delictivos y que, en caso de detectar un delito, debe informar a las autoridades correspondientes.
Observaciones de ABA: La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) muestra satisfacción, ya que las observaciones presentadas inicialmente por la entidad fueron acogidas favorablemente. La ABA destaca que las informaciones del sector financiero se suministran conforme a las leyes existentes.
El Artículo 11 de la nueva ley ha generado controversia y preocupación debido a su impacto potencial en la privacidad y las libertades individuales. La llamada a revisar y modificar ciertos aspectos de la legislación destaca la necesidad de un análisis más detenido para equilibrar la seguridad nacional con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
