Un juez del Supremo de Brasil ordena investigar a Transparencia Internacional
Brasilia, 5 febrero .- Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó instaurar este lunes una investigación sobre la actividad de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el país, para aclarar una “eventual apropiación indebida de recursos públicos”.
La decisión la tomó el magistrado José Antonio Dias Toffoli bajo la presunción de que Transparencia Internacional pudo haber recibido dinero recuperado por la operación anticorrupción Lava Jato, que en realidad debería haber ido a las arcas del Estado.
La investigación estará centrada en el capítulo brasileño de la ONG, fundada en 1993, que tiene su sede principal en Berlín y centra sus actividades en la investigación y denuncia de asuntos de corrupción.
¿Qué elementos hay en el caso de Transparencia Internacional en Brasil?
Según Dias Toffoli, existen indicios de que en un acuerdo de lenidad firmado por la empresa J&F en el marco de la Lava Jato, los fiscales de esa operación acordaron que el capítulo brasileño de Transparencia Internacional administraría parte del dinero obtenido con las sanciones pecuniarias aplicadas a la empresa.
De acuerdo al juez, ese dinero se entregaría a través de una “fundación” que los fiscales pretendían constituir para gestionar el dinero recuperado de la corrupción y en la que tendría algún grado de participación esa organización no gubernamental.
Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de esa “fundación”, suspendió los trámites para su creación y determinó que el dinero de la corrupción fuera depositado en las cuentas del Tesoro Nacional.
La operación Lava Jato comenzó en 2014 centrada en diversos fraudes detectados en la estatal brasileña Petrobras y desveló una enorme trama de corrupción que incluso tenía tentáculos en varios países y llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre los que figuró el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, muchos de los procesos de esa operación han quedado progresivamente anulados por la Justicia, debido a graves irregularidades en las que incurrieron los fiscales y el hoy senador Sérgio Moro, en la época juez de primera instancia y responsable de los juicios.
