Denuncian el preocupante hacinamiento en cárceles dominicanas donde más de 15 mil reclusos esperan juicio
Santo Domingo, 29 de febrero – La situación carcelaria en la República Dominicana ha sido expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representantes de la sociedad civil, quienes denunciaron las condiciones «inhumanas» que prevalecen en las cárceles del país, caracterizadas por un alarmante hacinamiento.
Juan Miguel Rondón, encargado de asuntos civiles y políticos de la Comisión de Derechos Humanos dominicana, destacó que las cárceles enfrentan «constantes violaciones de los derechos humanos». Entre las irregularidades señaladas se encuentran denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares que se convierten en penas anticipadas y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación.
Actualmente, el sistema penitenciario dominicano opera con dos modelos de gestión, el nuevo y el tradicional, distribuidos en 46 centros de reclusión en todo el país. Aunque su capacidad nominal es de 12,000 internos, la cifra actual supera los 26,000. La población carcelaria está compuesta en un 80% por presos preventivos, de los cuales 1,825 son extranjeros, principalmente de nacionalidad haitiana.
Juan Miguel Rondón acusó al Gobierno dominicano de carecer de «interés político» para llevar a cabo la tan necesaria reforma penitenciaria. En el Nuevo Modelo Penitenciario del 2020, se registraron 5,567 internos preventivos, mientras que en el Modelo Tradicional la cifra ascendía a 10,761.
Los años siguientes mostraron un incremento constante en el número de reclusos preventivos. Para el 2021, el Nuevo Modelo tenía 6,174 internos preventivos, comparados con los 10,118 del Modelo Tradicional. En el 2022, la cifra total ascendió a 15,310, mientras que en el 2023 fue de 15,442. Este año, tanto en el nuevo modelo como en el tradicional, la cantidad de encarcelados preventivos se elevó a 15,717, representando un alarmante aumento del 59.54%, de un total de 26,396 privados de libertad en todo el país.
Este panorama genera gran preocupación entre juristas y catedráticos universitarios, quienes instan a jueces y fiscales a dejar de hacer un uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva.
El informe elaborado por Manuel Antonio Acosta Polanco, encargado de estadísticas, destaca además que, hasta el 2022, había 10,401 privados de libertad con condenas; en el 2023, el total fue de 10,755, y en el 2024 hasta la fecha, se han registrado 10,679 condenas.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, calificó como «alarmante» la cantidad de presos preventivos, indicando que el 60% de los reos están a la espera de una condena definitiva, contribuyendo así al hacinamiento y a una «pena anticipada».
Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, considera imperativo prestar atención al sistema penitenciario del país, destacando la falta de atención que garantice los derechos de los privados de libertad, quienes enfrentan condiciones que propician la generación de crímenes y delitos en estos centros.
Según un estudio del Defensor del Pueblo, el 30% de la población carcelaria padece problemas cardiacos, enfermedades oculares y células falciformes; el 20% sufre problemas de salud mental; el 10% tiene enfermedades renales, el 8% diabetes, el 5% tuberculosis y el 3% VIH. De manera alarmante, la mitad de la población penitenciaria no recibe atención médica adecuada. La situación apremia a una revisión urgente y a la adopción de medidas efectivas para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos en la República Dominicana.
