Exdirector administrativo de la PGR implica a exprocurador general en caso de corrupción «Medusa»
Santo Domingo, 27 de marzo.— En un giro dramático en el caso Medusa, que ha capturado la atención pública y sacudido los cimientos del sistema judicial dominicano, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), confesó su participación en una trama de corrupción señalando directamente al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, como los orquestadores de las operaciones ilícitas.
Durante su declaración ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rodríguez Imbert admitió su culpa y prometió revelar más detalles en el juicio de fondo. El exfuncionario describió un esquema en el que actuaba bajo las directrices de Canó y Rodríguez, alegando que carecía de autonomía para tomar decisiones y que sus acciones eran producto de instrucciones específicas de sus superiores.
Rodríguez Imbert detalló cómo se le encomendó interactuar con contratistas y empresas de servicios para recoger un porcentaje de los pagos realizados por obras y servicios, alegando que estos fondos se destinaban al movimiento político «Renovación». Aseguró que algunas de estas transacciones se realizaban directamente a Canó y Rodríguez, tanto en sus oficinas como en sus residencias.
El exdirector administrativo también señaló que recibió órdenes de manipular los procesos de licitación para favorecer a ciertas empresas y personas preseleccionadas, mencionando específicamente a Global Tours & Travel SRL, propiedad de Alex Rojas, descrito como un individuo de confianza para Canó y Rodríguez. Esta manipulación incluía desde la adquisición de equipos hasta la organización de eventos, sin seguir los procedimientos de compra establecidos.
Además, Rodríguez Imbert relató cómo se le ordenó participar en reuniones con contratistas, actuando como intermediario entre estos y los altos mandos de la PGR, enfatizando que todas sus acciones estaban supervisadas y requerían la aprobación de Canó y Rodríguez. Puso como ejemplo pagos realizados a Fire Control System y la adquisición de un local en la zona colonial, decisiones en las cuales él estaba en desacuerdo pero que se llevaron a cabo bajo órdenes directas.
Por su parte, la defensa de Rodríguez Imbert, liderada por la abogada Ingrid Hidalgo, sostuvo que su cliente está adoptando una «defensa positiva», abierta a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, aunque hasta el momento no se ha alcanzado ninguna conciliación. Hidalgo enfatizó la disposición voluntaria de su representado para colaborar con la justicia, destacando que fue su iniciativa acercarse a la Procuraduría.
La defensa también ha solicitado formalmente la apertura a juicio para permitir que Rodríguez Imbert enfrente un contrainterrogatorio y se confronte con Jean Alain Rodríguez y Canó, en caso de que estén dispuestos a participar. Este caso promete continuar develando las capas de corrupción dentro de la PGR, mientras la justicia dominicana se enfrenta al reto de limpiar su imagen y restablecer la confianza en sus instituciones.
