EE.UU. emite informe más crítico sobre violaciones de derechos humanos en República Dominicana
Santo Domingo, 24 de abril — El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe con un tono más crítico que en años anteriores sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana, centrándose en la población migrante o de ascendencia haitiana.
El Informe de Derechos Humanos de República Dominicana 2023 mantiene observaciones sobre el respeto a la integridad de las personas, la privacidad y las detenciones arbitrarias, pero destaca menos los esfuerzos gubernamentales por abordar las denuncias.
En su informe de 2022, el Departamento de Estado señaló que el gobierno tomaba medidas para procesar y castigar a los funcionarios que cometían abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, aunque a veces la aplicación inconsistente de la ley conducía a la impunidad.
En la edición de este año, el Departamento de Estado afirma que el gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que pudieron haber cometido abusos contra los derechos humanos.
El documento menciona «informes creíbles» de homicidios ilegítimos o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno, así como condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
Además, se reportan arrestos o detenciones arbitrarias, interferencias con la privacidad, devoluciones de refugiados a países donde enfrentarían tortura o persecución, corrupción gubernamental, violencia de género generalizada, incluidos feminicidios, trata de personas, y delitos violentos contra personas del colectivo LGBTQIA+.
Muchos de estos ejemplos de abusos se refieren a la población inmigrante.
En cuanto a la integridad física, el informe señala que se recibieron informes de que la policía y otras fuerzas de seguridad cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos menciona muertes inexplicables bajo custodia policial durante la detención y deportación de inmigrantes en la República Dominicana.
«El hacinamiento y las condiciones insalubres siguen siendo un problema en muchas prisiones», señala el informe.
Citando información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refieren al asesinato de 75 personas entre enero y septiembre de 2023.
El informe también destaca el asesinato de Dieumil Charles, un residente legal documentado, a quien la Policía Nacional habría matado después de intentar extorsionarlo durante un control de tráfico rutinario.
En otro incidente, se informa sobre un operativo migratorio en el este del país, en el que la Policía y agentes de Migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas.
El Departamento de Estado expresa preocupaciones de organizaciones internacionales y locales por el trato «duro y a menudo degradante» hacia migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación. Destaca el trato en los centros de detención de la Dirección General de Migración en Haina y Santiago.
El informe menciona abuso físico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsión, violencia sexual, deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes, y ancianos.
También se subraya el acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación.
«La impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas del orden, particularmente la Policía Nacional y la Dirección General de Migración», apunta el informe.
El informe del año anterior también mencionaba preocupaciones por el trato a los migrantes haitianos, así como abusos cometidos contra dominicanos, como José Gregorio Custodio, Richard Báez y David de los Santos, quienes murieron después de ser detenidos por la Policía.
El gobierno buscaba abordar los problemas relacionados con la impunidad a través de programas de formación para agentes de policía, incluidos cursos especializados sobre derechos humanos. Sin embargo, el informe del Departamento de Estado observó que estos esfuerzos de reforma y capacitación parecían limitarse a la Policía, sin encontrar indicios de esfuerzos similares para los agentes de migración.
