Abogado de Lockward confirma acuerdo con el Ministerio Público y explica razones

Santo Domingo, 21 de mayo – El abogado de Ángel Lockward confirmó que su cliente ha negociado un acuerdo con el Ministerio Público, específicamente con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Este acuerdo se basa en las acusaciones que implican a Lockward en la recepción de comisiones de clientes que pagaron a sociedades vinculadas a Fernando Crisóstomo. Según el PEPCA, estos ingresos contaminados comprometieron sus finanzas personales y profesionales. Asimismo, se le acusa de haber traspasado una propiedad a Agustín Mejía, aunque Lockward sostiene que todas las cesiones de crédito relacionadas con sus honorarios fueron notariadas por Rudy Nelson Frías, un abogado notario público que trabajaba para él.

El abogado de Lockward, Nolberto Rondón, depositó un escrito de defensa en el que se confirma la devolución voluntaria de RD$ 220 millones a la Procuraduría General de la República. Estos fondos fueron recibidos en honorarios por casos que Lockward ganó en los tribunales, cuyos pagos fueron hechos por el Estado. La devolución se realizó porque se ha interpretado que estos pagos están contaminados. Además, Lockward ha entregado bienes inmuebles como parte del acuerdo.

En cuanto a la gestión de fondos a través del sistema bancario, la defensa de Lockward argumentó que su cliente pagó RD$ 12 millones al Estado durante la amnistía fiscal de la Ley 46-20, lo que justifica el manejo bancario de sus fondos. La defensa también aclaró que los bienes inmuebles mencionados en la acusación fueron adquiridos en 2005, 2008 y 2015, y que los títulos de propiedad en la acusación confirman estas fechas. Estos bienes fueron entregados para completar el acuerdo y descongelar sus activos.

El Rondón explicó que la defensa recomendó a Lockward negociar un acuerdo para desbloquear las oposiciones que pesan sobre sus clientes, quienes tienen sentencias de pago no cumplidas por el Estado. Muchos de los clientes de Lockward son personas mayores, con una edad promedio de 85 años, y algunos están enfermos. El abogado consideró que el sacrificio de negociar el acuerdo es necesario para evitar que estos clientes enfrenten un prolongado proceso judicial que podría resultar en la injusticia de no ver sus pagos en vida.

Rondón citó ejemplos como el de Eladia Reyes, una mujer de 90 años, ciega y amputada, que reside en un patio en La Caleta Boca Chica. El Estado ha desacatado una sentencia de pago de su propiedad por RD$ 85 millones, igual que a Victorino Mercedes. También mencionó la sucesión de Rafael E. Aybar, cuyo caso fue ganado en esta administración y está contenido en la Ley General de Gastos Públicos del 2021, pero enfrenta una oposición del PEPCA que solo puede resolverse con el acuerdo.

Según la defensa, 17 de los clientes de Lockward han muerto en los últimos dos años sin recibir el pago del Estado por sus tierras, sumando aproximadamente RD$ 3,000 millones en sentencias desacatadas. Estos desacatos representan una gran injusticia, señaló el abogado.

El escrito de defensa también establece que la oficina de Lockward intervino en menos del 30% de los casos investigados y, en casi todos, logró sentencias irrevocables a favor de sus clientes. Se mencionó el caso de Alessandro de Apola, en el cual Lockward no participó y recomendó a Fernando Crisóstomo no pagar. Sin embargo, se elaboró un contrato que resultó en el pago de casi RD$ 4,000 millones, a pesar de las oposiciones y litigios penales conocidos.

En cuanto a la sucesión Lajam, mencionada en la acusación, se trató de la sucesión de Elías Atallah, propietaria de la mitad de los terrenos expropiados, en la cual Lockward participó como abogado junto a otros, obteniendo una sentencia definitiva sin quejas.

Respecto al Dr. Merido Torres, el abogado explicó que la oficina de Lockward llevó el proceso de los sucesores Reyes en la Parcela 613 del Aeropuerto de Las Américas. Durante el proceso, uno de los herederos murió y varios de sus hijos apoderaron al Dr. Torres, por lo que ambos abogados aparecen en el libramiento de pago, cada uno representando a sus clientes.

El Dr. Rondón concluyó que la defensa recomendó a Lockward negociar un acuerdo con la Procuraduría porque es una solución constitucional y legal para resolver los conflictos penales, cuya duración impone un alto costo y causa daños irreparables. Este acuerdo, según la defensa, es la mejor manera de garantizar justicia y reparación para sus clientes.