Debate sobre la Ley de votación obligatoria en República Dominicana
Santo Domingo, 4 de junio – El proyecto de ley de votación obligatoria ha dividido las opiniones de legisladores, incluso dentro de los mismos partidos políticos, mientras se considera la posibilidad de incluir este tema en las discusiones para una posible reforma constitucional. La mayoría de los legisladores consultados coinciden en que esta legislación viola el principio constitucional de votación libre y voluntaria, aunque los que están a favor argumentan que esta medida podría reducir la abstención electoral.
La propuesta, presentada en la Cámara Baja el pasado 29 de mayo por el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Hamlet Melo, ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional. Los defensores del voto obligatorio sugieren una serie de sanciones para quienes se abstengan de votar en los comicios municipales, congresuales y presidenciales que se realizan cada cuatro años en el país. Entre las posibles sanciones se incluyen la suspensión de planes sociales, la no renovación del pasaporte y la licencia de conducir, así como el impedimento para ocupar cargos públicos en el Estado.
Entre los legisladores que apoyan la obligatoriedad del voto se encuentran Elías Wessin, presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara Baja y titular del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Elías Báez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); y Aquilino Serrata, de FP. Por otro lado, se oponen a esta modalidad Yván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado; José Francisco (Bertico) Santana, del PRM; y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio (FAMP).
Los legisladores que apoyan la votación obligatoria señalan que varios países democráticos en la región ya han implementado esta modalidad. El diputado Elías Wessin destacó que el PQDC siempre ha abogado por la implementación del voto obligatorio en la República Dominicana, aunque reconoce que esta medida solo sería posible a través de una “discusión constitucional” debido a su naturaleza. Wessin recordó el artículo 208 de la Constitución, que establece el voto como un derecho y un deber ciudadano, y afirmó que mientras la Constitución mantenga el principio de votación libre, el proyecto de ley no tendrá éxito.
El diputado Elpidio Báez también considera que el voto obligatorio podría ser incluido en la reforma constitucional anunciada por el presidente Luis Abinader tras su reelección. Báez argumenta que el voto obligatorio podría reducir el clientelismo que afecta la política en la República Dominicana. Sin embargo, aclara que la propuesta de Hamlet Melo no puede contradecir la Constitución y, por lo tanto, será desestimada.
El diputado Elías Báez apoya el voto obligatorio porque cree que los ciudadanos, que demandan servicios y derechos del Estado, también deben cumplir con su deber de votar para que la democracia funcione correctamente. Báez critica la alta abstención en las elecciones pasadas y sugiere sanciones como la suspensión de la tarjeta Solidaridad del Gobierno y la no renovación del pasaporte para quienes no voten. Considera que la votación obligatoria no coarta derechos, sino que fomenta la responsabilidad democrática.
Aquilino Serrata comparte la opinión de Báez y señala que la imposición de sanciones, como la no renovación de documentos oficiales, podría ser una forma efectiva de garantizar la participación electoral. Serrata cuestiona la compra de votos y sugiere que la obligatoriedad del voto podría ayudar a eliminar esta práctica, asegurando que la democracia funcione de manera más justa y equitativa.
El proyecto de ley de voto obligatorio no especifica las sanciones para quienes no voten, dejando esta responsabilidad en manos de la Junta Central Electoral (JCE). En América Latina, varios países ya aplican sanciones a quienes no participan en las elecciones, incluyendo Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
En las elecciones más recientes en la República Dominicana, celebradas el 19 de mayo, solo el 54% de los inscritos en el padrón de la JCE acudieron a votar, mientras que el 45.63% se abstuvo. Esta alta tasa de abstención ha sido uno de los principales argumentos de quienes apoyan la obligatoriedad del voto.
El debate sobre la votación obligatoria ha puesto de manifiesto las diferencias de opinión entre los legisladores y ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana. Los defensores de esta medida argumentan que podría aumentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, mientras que los opositores insisten en que violaría derechos fundamentales y sería difícil de implementar sin una reforma constitucional.
La discusión sobre la votación obligatoria en la República Dominicana también ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de mejorar la educación cívica y política de los ciudadanos. Algunos legisladores y expertos sugieren que, en lugar de imponer sanciones, se debería trabajar en campañas de concienciación para fomentar la participación electoral voluntaria. Estas campañas podrían incluir educación sobre la importancia del voto y los derechos y deberes ciudadanos, así como información sobre el impacto de la abstención en el sistema democrático.
Además, se ha planteado la posibilidad de modernizar el sistema electoral para hacerlo más accesible y atractivo para los votantes. Esto podría incluir la implementación de nuevas tecnologías para facilitar el proceso de votación, así como la mejora de la infraestructura electoral para garantizar que todos los ciudadanos tengan fácil acceso a las urnas.
La propuesta de ley de votación obligatoria también ha suscitado preocupaciones sobre su implementación y las posibles consecuencias de las sanciones. Algunos críticos argumentan que la suspensión de beneficios sociales y la no renovación de documentos oficiales podrían afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ya enfrentan múltiples desafíos económicos y sociales.
