Estados Unidos recomienda documentar «dominicanos» de ascendencia haitiana

Santo Domingo, 25 de junio – El gobierno de los Estados Unidos recomendó a las autoridades de la República Dominicana expedir documentos de identidad a los «dominicanos de ascendencia haitiana» que cumplan los requisitos de la ley de naturalización de 2014 con el fin de protegerlos de la trata de personas, esto forma parte del informe sobre el tema que publica cada año el Departamento de Estado.

En el documento, el secretario Antony Blinken instó a «aplicar plenamente la Ley 169-14» que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, «con el fin de reducir la vulnerabilidad a la trata».

Dicha ley beneficia a los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.

Washington mantiene a la República Dominicana por segundo año consecutivo en el nivel 2 de la Lista de Vigilancia en el Reporte de Tráfico de Personas, señalando que el país no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, aunque enaltece los «importantes esfuerzos» que se han hecho para lograr erradicar la problemática.

Para continuar con este último punto, el Departamento de Estado recomienda a las autoridades locales «examinar de forma proactiva y sistemática» a las poblaciones vulnerables, ya sean migrantes, indocumentadas o dominicanos de ascendencia haitiana, para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención.

Pide especial atención a los que se dedican a trabajar en los sectores de la agricultura y la construcción. Los Estados Unidos también exhorta al gobierno dominicano a garantizar la detección «sistemática y equitativa» de los indicadores de la trata de personas.

Además, instó a «enmendar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales que impliquen a víctimas menores de 18 años, en consonancia con el derecho internacional».

La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar el artículo 3 de esta ley. En un comunicado, la Presidencia explicó que la reforma propuesta procura exclusivamente fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de este delito.

EE.UU. también recomendó la expedición o renovación de los documentos de identidad a las poblaciones migrantes que reúnan los requisitos, incluidos los trabajadores temporales, para reducir su vulnerabilidad a ser víctimas de trata.

También mejorar la puntualidad y la precisión de las inspecciones de trabajo y garantizar una investigación coherente del tráfico de mano de obra. Ampliar el acceso sistemático a la asistencia y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas.

Asimismo, aumentar el número de traductores, especialmente de creole haitiano, para ayudar a identificar a las víctimas y remitirlas a los servicios de atención e inspecciones laborales.

Estados Unidos pide, además, Investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de trata y buscar penas adecuadas para los tratantes condenados, incluidos los funcionarios cómplices, que deberían incluir penas de prisión significativas.

En el mismo orden, solicita garantizar que las víctimas potenciales de la trata de menores, incluidas las que participan en bandas y en el tráfico de drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a centros de atención, y que no sean penalizadas indebidamente sólo por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido víctimas de la trata.

Finalmente, plantea proporcionar recursos humanos y económicos adecuados y formación a las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces para combatir la trata, especialmente en las zonas situadas fuera de Santo Domingo.