Biden dice que la sentencia sobre la inmunidad de Trump sienta un “precedente peligroso”

Washington, 2 de julio – Joe Biden ha llegado este lunes a Washington tras más de una semana sin pisar la ciudad. Al poco de llegar a la Casa Blanca, ha comparecido en el Cross Hall para una declaración en la que no ha admitido preguntas. En ella, ha criticado duramente la sentencia dictada este lunes por el Tribunal Supremo, en la que se concede amplia inmunidad penal a Donald Trump, y a los presidentes en general, por sus actos oficiales. La sentencia, ha dicho, no solo impide aclarar las responsabilidades de Trump en el pasado, sino que sienta un “precedente peligroso” para el futuro.

“Esta nación se fundó sobre el principio de que en América no hay reyes. Todos, todos somos iguales ante la ley. Nadie, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, ha dicho Biden, para admitir que esa tesis que él apoya había saltado este lunes por los aires con la sentencia.

“La decisión de hoy significa casi con toda seguridad que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer”, ha advertido el presidente. “Sé que respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante los tres años y medio, pero cualquier presidente, incluido Donald Trump, será ahora libre de saltarse la ley”, ha explicado. “Este es un principio fundamentalmente nuevo, y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los únicos límites serán autoimpuestos planteados solo por el presidente”, ha advertido.

El presidente ha hecho referencia al voto particular de las juezas progresistas, que han votado en contra de la sentencia y han advertido de los escenarios de pesadilla que pueden abrirse con la nueva doctrina si un presidente decide llevar al límite la nueva doctrina.

Biden también ha expresado su preocupación porque no se aclaren y depuren las responsabilidades que correspondían a su antecesor por el intento de subvertir el resultado electoral de 2020. La resistencia a aceptar la derrota por parte de Donald Trump provocó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“Ahora el hombre que envió a esa turba al Capitolio de Estados Unidos se enfrenta a una posible condena penal por lo que ocurrió ese día. El pueblo estadounidense merece tener una respuesta en los tribunales antes de las próximas elecciones”, ha dicho Biden. “Ahora, debido a la decisión de hoy, eso es muy, muy improbable. Es un terrible perjuicio para la gente de esta nación”, ha añadido.

Puesto que, previsiblemente, no habrá juicio ni sentencia, Biden apela a los votantes. “El pueblo estadounidense debe decidir si el asalto de Donald Trump a nuestra democracia el 6 de enero lo incapacita para el cargo más alto del país”, ha dicho.

“Quizás lo más importante es que el pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar una vez más la presidencia a Donald Trump, ahora sabiendo que estará más envalentonado para hacer lo que le plazca, lo que quiera hacer”, ha añadido, antes de manifestar su disconformidad con la decisión del Supremo: “El presidente es ahora un rey por encima de la ley. Así que el pueblo americano debe disentir. Yo disiento”.

La intervención de Biden, de 81 años, ha sido la primera que realizaba en la Casa Blanca desde el debate del jueves pasado en Atlanta, en el que tuvo lapsus, titubeos y problemas para acabar algunas frases, lo que ha erosionado la percepción que tienen los votantes sobre su capacidad para afrontar un segundo mandato. Desde ese día, la lupa está puesta en cada una de sus apariciones públicas.

El viernes, en Raleigh (Carolina del Norte) tuvo una intervención más enérgica, aunque aún con algo de tos, en la que contó con la ayuda de pantallas para su discurso. Este lunes, en la Casa Blanca, la tos y los problemas de voz que tanto le lastraron en el debate parecían haber quedado atrás. Aun así, de nuevo contaba con la ayuda de pantallas para leer su declaración y no ha contestado a ninguna pregunta al terminar.

Los pesos pesados demócratas han cerrado filas con el presidente y reafirmado que es su candidato para batirse a Donald Trump, de 78 años, en las elecciones del 5 de noviembre. Biden intenta mostrar un contraste entre ambos candidatos, este lunes en lo que se refiere al respeto a la ley y el Estado de derecho.

El contexto en el que se ha producido la sentencia añade una capa de complejidad al panorama político de Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dictado una decisión que no solo afecta a la percepción pública de la justicia, sino que también puede tener consecuencias directas en la forma en que se ejerce el poder ejecutivo.

La crítica de Biden a la sentencia refleja una preocupación profunda por el futuro de la democracia y la integridad del sistema de gobierno. La intervención del presidente busca resaltar los riesgos asociados con la ampliación de la inmunidad presidencial y movilizar a los votantes para que tomen decisiones informadas en las próximas elecciones.

El papel de las juezas progresistas del Tribunal Supremo es fundamental en esta discusión. Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson han subrayado en sus votos particulares los peligros de una inmunidad sin precedentes para los presidentes. “¿Ordena al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Dejemos que el presidente viole la ley, dejémosle explotar las trampas de su cargo para beneficio personal, dejémosle usar su poder oficial para fines malvados. Porque si supiera que algún día puede enfrentarse a la responsabilidad por violar la ley, no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Este es el mensaje de la mayoría hoy”, señalaron las juezas en su voto particular de este lunes.

“Aunque estos escenarios de pesadilla nunca lleguen a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, añadieron las juezas progresistas. Destacan que, ya sea presunta o absoluta, según la tesis de la mayoría, “el uso por parte de un presidente de cualquier poder oficial para cualquier fin, incluso el más corrupto, es inmune a la persecución”. “Esto es tan malo como suena, y carece de fundamento”, afirmaron.

Además, las juezas criticaron otro aspecto de la sentencia que también sirve para blindar a Donald Trump y hacer más difícil su persecución por los presuntos delitos que cometió para alterar los resultados de las elecciones de 2020. La sentencia declara que las pruebas relativas a los actos por los que el presidente es inmune no pueden desempeñar ningún papel en ningún proceso penal contra él.

“Esta afirmación, que impedirá al Gobierno utilizar los actos oficiales de un presidente para probar el conocimiento o la intención en el enjuiciamiento de delitos privados, carece de sentido”, señalaron.

La polémica decisión de la mayoría, escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostiene que “el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”. Afirma que siempre que el presidente actúe de una manera que “no exceda de forma manifiesta o palpable [su] autoridad”, está llevando a cabo una acción oficial.

La mayoría conservadora trata de matizar el contenido de la sentencia con algunas precisiones y obviedades, como que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales”, que “no todo lo que hace el presidente es oficial”, y que la inmunidad “se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política o partido”. La sentencia beneficia directamente a Trump, pero parece que los jueces se ven obligados a decir que no es una decisión a medida para él.

Ningún otro presidente ha necesitado apelar a esa inmunidad. El voto particular recuerda cómo el presidente Gerald Ford concedió un indulto a Richard Nixon tras su dimisión por el caso Watergate. Tanto el indulto de Ford como la aceptación del mismo por parte de Nixon “descansaban necesariamente en el entendimiento de que el expresidente se enfrentaba a una posible responsabilidad penal”, explican.

“Nunca en la historia de nuestra República un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a la persecución penal si utilizaba las circunstancias de su cargo para violar la ley penal. Sin embargo, a partir de ahora, todos los expresidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un uso indebido del poder oficial en beneficio propio, el derecho penal que el resto de nosotros debemos acatar no servirá de protección. Temiendo por nuestra democracia, disiento”, termina su voto particular.

La sentencia llega en un momento en que Donald Trump aspira a ser elegido para un segundo mandato en las elecciones del próximo 5 de noviembre. De hecho, con la demora en resolver el caso y el sentido de su decisión, los jueces del Tribunal Supremo han despejado el camino de Trump. Si a eso se suma su victoria en el debate de la semana pasada en Atlanta y las dudas que ha sembrado.

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