España pone en la mira los alquileres temporales para controlar la vivienda turística
Madrid, 4 julio.- El Gobierno español pretende modificar la legislación de alquileres temporales para controlar la vivienda turística, considerada uno de los factores que alimenta la burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades.
La reforma obligaría a introducir en los contratos los motivos que obligan a optar por la temporalidad en el arrendamiento.
Según avanzó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos contratos también tendrán que registrarse en una plataforma que el Ejecutivo pretende tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler.
Con ello se busca dar seguridad jurídica y garantías estableciendo mecanismos para no burlar la legislación y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada.
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez pretende, mediante una modificación legal por real decreto, atajar el uso de alquileres temporales para sortear la Ley de Vivienda y frenar las tensiones que está provocando en el mercado residencial.
La idea es que estos cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, una propuesta europea que Bruselas pretende implementar en 2026.
Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas.
Según un informe reciente del portal inmobiliario Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56 % en el primer trimestre del año hasta representar el 11 % del total.
Vecinos con derecho a veto
Además, el Ejecutivo pretende modificar otra normativa, la Ley de Propiedad Horizontal, para que sean los vecinos quienes puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas.
Se busca también que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un Impuesto de Valor Añadido (IVA).
Para abordar este “ajuste quirúrgico”, Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con el resto de partidos políticos y los sectores afectados.
“Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos”, apuntó en rueda de prensa la ministra.
Inquilinos reclaman un paso más
La estrategia del Gobierno no convence a todos. Los Sindicatos de Inquilinos consideran que las medidas son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los arrendatarios.
Temen que la plataforma propuesta por el Ministerio y en la que se recogerán este tipo de alquileres sea un sistema encubierto de licencias y apuntan que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual.
Los sindicatos piden ir más allá y regular también el alquiler de habitaciones y el “coliving”, en una propuesta que cuenta con el apoyo de los socios de izquierda y nacionalistas del Gobierno.
Pacto de Estado por el turismo
Por su lado, La alianza turística Exceltur pidió este miércoles un pacto de Estado por el turismo, que luego se traslade a los niveles regional y local, para un futuro turístico “más sostenible y empático” con la ciudadanía local y como fórmula para luchar contra la creciente ‘turismofobia’.
Las ciudades también han tomado decisiones para limitar la actividad de estos negocios. Barcelona ha sido la más contundente y el Ayuntamiento anunció que no se concederán más licencias turísticas ni se renovarán las existentes, por lo que en 2029 los 10.101 pisos turísticos que hay en la ciudad perderán esa condición.
Madrid, por su lado, decidió, de manera temporal, no conceder nuevas licencias en la ciudad, donde, según el Ayuntamiento había en mayo 1.008 viviendas de uso turístico, mientras que la oposición apunta a que las ilegales denunciadas alcanzan las 10.134 residencias.
