El equipo de recuperación del patrimonio público y sus retos financieros
Santo Domingo, 6 de julio – El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, integrado por 21 abogados y coordinado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, tiene la autoridad para realizar acuerdos civiles con empresas y personas no acusadas por el Ministerio Público.
Además, pueden formalizar acuerdos extrajudiciales, como ha ocurrido con algunas empresas implicadas en la operación Medusa, cuyo principal acusado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, según confirmaron varias fuentes consultadas por Diario Libre. Polanco Rodríguez no respondió a las llamadas ni a los mensajes de este periódico.
A pesar de haberse emitido sentencias sobre acuerdos penales abreviados, como en el caso Antipulpo en febrero de 2023, el equipo de abogados no ha recibido remuneración alguna por sus honorarios, según las fuentes entrevistadas.
Con la sentencia del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, que validó los acuerdos con Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), se condenó a Pagán a penas suspendidas y a la entrega al Estado de 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017. Sin embargo, los abogados del Estado no han recibido pagos por su trabajo debido a que es necesario agotar «todo un proceso».
Tampoco han recibido dinero ni bienes decomisados al también condenado Juan Esteban Suriel Suazo, consistentes en 917,600 dólares y 8,525,500 pesos, detallados en el «Repositorio de casos de criminalidad organizada» de la Procuraduría General.
El pasado sábado, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, aprobó los acuerdos de 21 imputados en la operación Medusa. Otras negociaciones de imputados en el mismo caso, encabezado por Jean Alain Rodríguez, serán decididas por el magistrado el próximo viernes 5 de este mes.
Lo recuperado y por recuperar por decisión de Martínez en juicios penales abreviados con tres encartados en Medusa asciende a casi 180 millones de pesos. Esto incluye 144 millones de pesos comprometidos por el empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, quien admitió haber pagado sobornos para ser beneficiado con la construcción de un lote de la cárcel Nueva Victoria.
En los casos de corrupción Coral, Medusa y Antipulpo, donde ya se ha agotado el juicio preliminar, los acusados han solicitado a los jueces excluir al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, lo cual ha sido rechazado por los magistrados.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, recordó que los acuerdos del Ministerio Público con los acusados «son herramientas contempladas en el Código Procesal Penal», pero deben hacerse conforme a la ley, sin obligar a los encartados a firmarlos y deben ser homologados por un juez.
En cuanto a los abogados contratados por el Estado, Castaños dijo que «tampoco es una novedad», ya que en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), el Banco Central contrató oficinas de abogados privados para que se constituyeran en parte civil contra los ejecutivos de esa entidad financiera. Según publicaciones periodísticas, el equipo de juristas que representó al Banco Central incluyó a Polanco Rodríguez.
