Preocupaciones sobre las reformas estructurales en República Dominicana: Falta de estudio y coherencia

Santo Domingo, 22 agosto – En República Dominicana, la reciente iniciativa de implementar reformas estructurales ha generado preocupación entre destacados economistas como Andrés Dauhajre Hijo, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Economía y Desarrollo, Inc., y Jaime Aristy Escuder.

Ambos han expresado inquietudes sobre la ausencia de estudios profundos y rigurosos que respalden estas reformas, y sobre la falta de un marco coherente para su implementación. Esta preocupación se centra en la posibilidad de que, sin una base sólida y bien estudiada, las reformas podrían quedar en el aire, repitiendo errores del pasado.

Dauhajre, conocido en el ámbito económico por su análisis crítico, subraya que las reformas estructurales más exitosas en la historia reciente del país han sido aquellas precedidas por estudios detallados y realizados por expertos internacionales.

Hace referencia específica a las reformas ejecutadas por el presidente Joaquín Balaguer después de la crisis de 1990, las cuales contaron con un documento amplio y bien estructurado que sirvió de base para la discusión y eventual implementación de cambios significativos en el país.

Este enfoque meticuloso, según Dauhajre, es crucial para el éxito de cualquier reforma. Sin embargo, en el contexto actual, donde se discuten reformas en áreas tan diversas como la administración pública, la fiscalidad, la seguridad social y el Código Laboral, Dauhajre se pregunta dónde están los estudios y documentos que deberían guiar estas reformas.

Expresa su preocupación por la falta de cohesión entre los sectores involucrados, advirtiendo que la falta de interconexión entre los diferentes aspectos de las reformas podría resultar en un «tollo» o un conjunto de reformas inconexas y mal implementadas.

Esta falta de coordinación entre las diferentes áreas de la reforma es uno de los puntos más preocupantes para Dauhajre. Recuerda que, en el pasado, las reformas estructurales en República Dominicana fueron exitosas porque estuvieron guiadas por un documento central que abarcaba todos los aspectos necesarios, desde la parte arancelaria hasta la tributaria y laboral.

Este documento sirvió como una hoja de ruta que fue seguida casi al pie de la letra, lo que permitió la implementación exitosa de las reformas. Sin embargo, en la situación actual, parece que no existe un documento similar que asegure la coherencia y efectividad de las reformas planificadas.

Dauhajre advierte que, si cada grupo de profesionales, ya sean abogados, sociólogos o economistas, trabaja de manera aislada en su propia reforma, sin una integración adecuada, las reformas corren el riesgo de ser ineficaces. Este enfoque fragmentado no es, según él, la manera adecuada de llevar a cabo reformas estructurales que realmente puedan tener un impacto positivo en el país.

Jaime Aristy Escuder, en la misma línea de pensamiento, resalta la importancia de la Ley de Responsabilidad Fiscal como un instrumento clave para controlar el gasto público y reducir la deuda. Sin embargo, comparte la preocupación de que, sin un enfoque coordinado y respaldado por estudios profundos, estas iniciativas no lograrán el impacto necesario.

Aristy Escuder hace referencia al «libro rojo» de Balaguer, que fue estructurado en conjunto con un equipo de expertos de Harvard y que sirvió como base para las reformas arancelarias y tributarias en su tiempo. Este tipo de planificación detallada y basada en datos es, según Aristy Escuder, lo que falta en las propuestas actuales.

Un ejemplo claro de la necesidad de este enfoque riguroso se encuentra en la discusión sobre la reforma de la seguridad social. Se habla de mejorar las pensiones para los trabajadores, pero, como señala Dauhajre, no se han presentado detalles sobre cómo se lograría esto. Hace una comparación con sistemas de pensiones en Europa y Singapur, donde la cotización es significativamente más alta que en República Dominicana.

En Europa, por ejemplo, la cotización promedio es del 25 % del salario, mientras que en Singapur es del 37 %. En contraste, en República Dominicana, la contribución es de apenas el 9.97 % del salario. Dauhajre argumenta que es necesario ser honestos y claros en esta discusión: no se pueden ofrecer pensiones comparables a las de Europa o Singapur con una contribución tan baja.

Además, Dauhajre plantea la necesidad de reconsiderar el sistema actual en el que los trabajadores dominicanos no tienen la posibilidad de invertir en acciones de empresas globales, una opción que podría ofrecer una rentabilidad mucho mayor.

Esto, según él, es un «gran drama» que contribuye a la desigualdad de ingresos en el país. Aquellos que provienen de familias con recursos tienen la posibilidad de invertir en acciones de empresas como Apple, que han visto un aumento significativo en su valor en los últimos años. Sin embargo, los trabajadores dominicanos no tienen acceso a estas oportunidades de inversión, lo que limita su capacidad de generar riqueza a largo plazo.

Este tema de la inversión es particularmente relevante en el contexto de la discusión sobre las pensiones. Dauhajre sugiere que se debería permitir a los trabajadores dominicanos invertir en títulos de acciones, siguiendo el ejemplo de países como Perú, Chile, Colombia y México, donde los fondos de pensiones pueden invertir en mercados internacionales. Según él, esta libertad de elección es crucial para mejorar las pensiones de los trabajadores y garantizar que puedan disfrutar de una jubilación digna.

Otro aspecto importante de la discusión sobre las reformas es la necesidad de aumentar la tasa de cotización para las pensiones. Dauhajre es claro al afirmar que, con una tasa de cotización inferior al 15 %, no es posible garantizar buenas pensiones.

Propone que, aunque aumentar la tasa a 15 % podría llevar varios años, es una decisión que debe tomarse para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Según él, cualquier promesa de garantizar buenas pensiones con la tasa de cotización actual es simplemente una mentira.

En cuanto a la reforma laboral, Dauhajre subraya que no se trata solo de un tema legal que pueden manejar los abogados, sino que es un asunto relacionado con el mercado laboral en su conjunto.

En su opinión, una de las grandes críticas al mercado laboral en República Dominicana es su inflexibilidad, lo que ha llevado a que el 58 % de los empleos se generen en la informalidad. Por lo tanto, propone que se debe flexibilizar el mercado laboral, especialmente en lo que respecta al proceso de contratación y despido, y buscar una solución inteligente al tema de la cesantía. Este último punto, según él, es clave para modernizar el mercado laboral y hacerlo más eficiente.

Dauhajre también propone una solución innovadora para el manejo de los fondos de cesantía. Sugiere que estos fondos podrían ser administrados por bancos o por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que permitiría que el dinero que actualmente está «muerto» en los estados financieros de las empresas genere intereses y se convierta en una parte activa del ahorro del trabajador. Esta propuesta, según él, podría representar una oportunidad de oro para mejorar la situación financiera de los trabajadores dominicanos.

Tanto Dauhajre como Aristy Escuder coinciden en que las reformas estructurales anunciadas en República Dominicana necesitan estar respaldadas por estudios profundos y una planificación rigurosa.

Sin esta base, advierten, las reformas corren el riesgo de ser ineficaces y de no alcanzar los objetivos propuestos. Ambos economistas subrayan la importancia de la coherencia y la interconexión entre las diferentes áreas de reforma, y abogan por un enfoque más integrado y basado en datos.

Dauhajre y Aristy Escuder destacan la necesidad de transparencia y honestidad en la discusión pública sobre estas reformas, y hacen un llamado a las autoridades para que adopten un enfoque más riguroso y coordinado. La experiencia pasada en República Dominicana muestra que las reformas estructurales pueden ser exitosas si están bien planificadas y respaldadas por estudios sólidos.

Sin embargo, sin este enfoque, existe un riesgo real de que las reformas actuales no logren el impacto necesario para mejorar la economía y la calidad de vida en el país.