La derrota de México. El único aliado confiable de Estados Unidos

Por  Leonardo González Martínez

Amitad de los ochenta, Italia sometió a juicio a cerca de 500 mafiosos. Este macrojuicio costó vidas a juzgadores, fiscales y, policías. Desde entonces entendemos y perseguimos a las organizaciones criminales como cuerpos delictivos colectivos no individuales. Esto disminuyó en Italia el poder de la mafia, sin que hasta hoy goce de su antigua connivencia y protección política.

México, tiene capacidad legal para implementar no uno, sino todos los maxiprocesos necesarios para doblegar a los cárteles que operan en nuestro territorio. Sería una acción con efectos permanentes frente a capturas de capos que ad perpetuam serán sustituidos por otros.

¿Por qué México tiene alta capacidad técnica jurídica para procesar al narcotráfico? Porque cuenta con el Poder Judicial Federal (PJF), el cual tiene 30 años cultivando personal judicial especializado, mediante rigurosos exámenes de oposición, altos sueldos, años de experiencia escalonada. No en vano el Estado Mexicano nos deposita en forma exclusiva la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Somos custodios de todos los Derechos Humanos, contra actos y omisiones gubernamentales. Última instancia en todo juicio de cualquier materia y único ente para resolver acciones colectivas.

En México llamamos “carrera judicial” a la especialización judicial federal, que sería semejante a un grado universitario. Aclaro que la carrera judicial no está exenta de problemas. Por ejemplo, las condiciones de trabajo judicial condujeron al nepotismo. Horarios, jornadas extenuantes, propiciaron matrimonios entre funcionarios. El tipo de responsabilidad provocó la entrada de “recomendados familiares”; las altas prestaciones laborales sedujeron a algunos juzgadores a emplear familiares.

Esta práctica no debilitó la capacidad ni la calidad del trabajo. A medida que el nepotismo creció, el gobierno judicial impuso exámenes de admisión. Por esa razón, los estándares de calidad jamás fueron comprometidos.

Para el sistema angloamericano todo esto resultará extraño. Su sistema judicial opera con pocos funcionarios, su judicatura no produce escuela o carrera judicial. La colegiación de abogados hace natural, común y horizontal la función judicial y abogacía. Nosotros, de tradición romana, documentamos juicios en forma extensa, requerimos ejércitos de funcionarios. Nuestros abogados litigantes carecen del control de sus barras, no existe una comunidad jurídica uniforme entre jueces y abogados litigantes.

Otra diferencia es la comprensión del Derecho. En Estados Unidos el derecho es acción, exigencia concreta, su judicatura conduce a un tipo de Independencia (imparcialidad) Judicial fáctica, pragmática y rigurosa. Para México, el derecho es primero concepto, congruencia formal con ley escrita, sólo después tutela concreta. La Independencia Judicial en México es menos fáctica y más rigurosa, depende la imparcialidad del juzgador que su criterio apruebe el canon legal, caso contrario debe corregirse. Por eso, México tiene alta recursividad en sus juicios, Estados Unidos no.

Quizá y sólo en materia de justicia Federal, Estados Unidos y México tengan algo en común: dificultad de corromper jueces y magistrados federales. En México esto se explica sin barras de abogados que controlen y estandaricen la profesión, sino a través de altos salarios y el prestigio de la carrera judicial.

Después de esta explicación, seguro tiene una inquietud: ¿Si el PJF en México es tan bueno, por qué no existen antecedentes de maxiprocesos contra cárteles? Sencillo: la Fiscalía federal no presenta ni entabla juicios de esta naturaleza. Por corrupción, incapacidad, llámelo como quiera. Dos hechos cooperan: 1. Las Fiscalías carecen de burocracias consolidadas y profesionales, y 2. En realidad las Fiscalías no son independientes del Ejecutivo.

Otra explicación. Como sucedía en Italia, el actual Ejecutivo minimiza todo. Ha negado infinidad de veces que México sea inseguro, violento o, productor de fentanilo. Bajo el pretexto de la soberanía nacional, obstaculizó la cooperación entre Fiscalías, entes de Seguridad y Ejército, con agencias de seguridad norteamericanas.

Un ejemplo reciente: Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado del mundo, contaba en México, desde el siglo pasado con procesos penales (seis) y órdenes de captura emitidos por el PJF (cuatro). Cuando fue capturado, el Ejecutivo de México reaccionó primero aclarando que su gobierno no lo capturó, luego, al ser cuestionado sobre el olvido de las órdenes de captura, señaló que su gobierno no quiere violencia, prefiere atender las causas del narcotráfico. Es decir, prevalece la política sobre el derecho; pero más desconcertante es que ahora le preocupa cómo engañaron, llevaron y capturaron al capo mexicano en territorio americano.

Estados Unidos de América, sin saberlo sufrirá una gran derrota en su único aliado confiable contra las drogas. El PJF en México será desmantelado, sometido al Ejecutivo y su parlamento. Desconociendo carrera e independencia judicial. Está en proceso de reformar la Constitución para cesar a toda la Corte Mexicana, mil 700 juzgadores federales y tomar el control político del gobierno judicial. Seremos sustituidos mediante una selección del Ejecutivo y su parlamento, para luego mediante voto directo popular elegir a los juzgadores federales.

Se simularon foros, encuentros, diálogos. Con soberbia desoyeron, se burlaron de ministros de la Corte, juzgadores, magistrados, expertos analistas, periodistas. Estamos contemplando la destrucción del PJF ante la marcha triunfal del Poder político.

No ha importado al partido hegemónico (MORENA) la inexistencia de pruebas de corrupción en el PJF, documentados, no más allá de 0.07% de casos. Ha sido intrascendente que los criterios judiciales de Derechos Humanos en México alcanzarán niveles de cualquier Alto Tribunal Internacional, que hoy sean patrimonio de mexicanos derechos y estándares que sólo tienen las naciones más avanzadas.

Historia, doctrina, y tradición continental jurídica, democrática y republicana son uniformes en mostrar que toda injerencia de la política en la Judicatura anula la división de poderes, transforma la República en tiranía, autocracia.

El partido hegemónico (MORENA) argumenta obedecer el mandato del pueblo para tomar el control político de la judicatura. Bajo esta demencial canción de cuna se han autorizado concentrar todo el poder.

Escribo estas líneas en este contexto, para informar que no sólo México perderá su única institución confiable, sino que ustedes, perderán al único aliado confiable y capaz que podría cambiar el curso de la tragedia que comparten Estados Unidos y México.

(*) Leonardo González Martínez es Magistrado de Circuito Federal en México.

La Opinión, Los Angeles, EEUU