Amnistía Internacional: Un filtro parcial y desconectado de la realidad dominicana

Por la Redacción

A nadie debería sorprender que el comunicado de «salutación» emitido por Amnistía Internacional al inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader haya sido una vez más una oportunidad para enrostrarnos las supuestas violaciones a los derechos humanos de migrantes haitianos indocumentados.

La organización no solo reiteró sus acusaciones de racismo y xenofobia contra la República Dominicana, sino que además demandó el cese de las repatriaciones de estos extranjeros ilegales en nuestro territorio.

Sin detenerse ahí, volvieron a insistir en su controversial concepción sobre los supuestos «haitianos de origen dominicano», un término que busca forzar una narrativa que desvirtúa la realidad de la migración en nuestro país.

Es francamente inquietante la parcialidad con la que esta entidad, que se autoproclama defensora de los derechos humanos, aborda el tema migratorio en la República Dominicana.

Amnistía Internacional parece desconocer o, peor aún, ignorar deliberadamente la complejidad y las consecuencias de la migración masiva e irregular desde Haití hacia la República Dominicana, un país que, sin ser el causante de la crisis, es el más afectado por ella.

En sus reiterados comunicados contra la República Dominicana, Amnistía Internacional nunca aborda el origen de esta migración desbordada procedente de Haití, cuya explicación no sería difícil para ellos si tan preocupados están por el bienestar y el progreso del vecino país.

Jamás han cuestionado el desempeño fallido de la clase dirigencial haitiana, políticos y empresarios que, en décadas, no han sido capaces de lograr estabilidad e institucionalidad para promover, desde gobiernos legítimos, políticas públicas que ayuden a encarar sus ancestrales problemas de pobreza extrema, desigualdad, violencia y ausencia de democracia.

Esas, y no otras, han sido las causas del detonante de la crisis haitiana, que presiona a sus habitantes a buscar mejores condiciones de vida fuera de su país de origen, generando verdaderas crisis migratorias en varios países de la región.

Lógicamente, la República Dominicana, como país vecino, es quien carga con el mayor peso de esta crisis, albergando a miles de haitianos, en su gran mayoría indocumentados.

Estos haitianos demandan servicios de salud, alimentación y vivienda en un país de limitados recursos, lo cual impacta negativamente en la capacidad del Estado dominicano para atender a sus propios ciudadanos. Las autoridades del sector salud han puesto en evidencia la presión que las parturientas haitianas ejercen sobre el presupuesto de salud del país, representando un gasto que oscila entre los 10 mil y 15 mil millones de pesos anuales.

Lo más indignante es que todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, ejercen sus leyes migratorias procediendo a repatriar a los haitianos indocumentados que llegan a su territorio, pero a Amnistía Internacional solo le preocupa que ese derecho soberano lo ejerza la República Dominicana.

A modo de chantaje, nos presionan y nos desacreditan internacionalmente, intentando que nos dobleguemos y aceptemos a todos los autoexpulsados por la crisis haitiana, pero sin emitir ni la más mínima preocupación por el drama histórico que ha vivido ese país.

Este chantaje tiene igualmente otros propósitos. Hablar de haitianos de “origen dominicano” es un discurso que encierra un objetivo claro y específico: la imposición de una narrativa que cuestiona la existencia de dos naciones en la isla, aun cuando estas sean de culturas, costumbres, tradiciones, razas e idiomas diferentes.

Siempre, al igual que otros cuestionados organismos internacionales, han pretendido que la República Dominicana sea la solución a una crisis recurrente y permanente, sin esperanza de solución en ese empobrecido país.

El gobierno dominicano debe ser más proactivo en el control de la frontera y exigente en el cumplimiento de sus leyes migratorias, pues lo que tenemos hoy en día es un desbordamiento de esa migración ilegal que llena nuestros barrios, comunidades y polos turísticos importantes.

La narrativa de Amnistía Internacional se presenta como simplista y descontextualizada, desconociendo la carga que representa para una nación en desarrollo como la nuestra manejar una situación de tal envergadura.

El énfasis desmedido en condenar las políticas migratorias dominicanas, mientras se hace caso omiso de los derechos soberanos de nuestro país para regular su territorio, revela una preocupante falta de objetividad.

La República Dominicana ha demostrado, a lo largo de los años, una generosidad sin igual al acoger a migrantes haitianos, ofreciendo oportunidades de trabajo, educación y servicios de salud a miles de ellos.

Sin embargo, esto no exime al Estado dominicano de su deber de proteger sus fronteras y regular la migración, como cualquier otra nación soberana. Es imperativo que las leyes migratorias se apliquen con firmeza para mantener el orden y la seguridad en el país.

Es hora de que organismos internacionales como Amnistía Internacional ajusten su lente y reconozcan la realidad sobre el terreno. La situación de los migrantes haitianos es indudablemente compleja y requiere soluciones integrales, pero estas no vendrán de imponer una narrativa sesgada que solo fomenta el resentimiento y la división.

Al continuar enfocándose en una visión parcial, Amnistía Internacional no solo falla en su misión de defender los derechos humanos de manera equitativa, sino que también deslegitima su propia credibilidad en el proceso.

La República Dominicana tiene derecho a defender su soberanía y a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Ignorar este derecho y simplificar la situación a una cuestión de racismo o xenofobia es una falacia que solo sirve para alimentar la desinformación y perpetuar una narrativa injusta y desequilibrada.

Los organismos internacionales deberían, en lugar de imponer su visión parcial, abogar por soluciones que respeten tanto los derechos humanos como la soberanía de los países involucrados. La verdadera defensa de los derechos humanos no debe ser selectiva ni sesgada; debe ser justa, integral y acorde a la realidad.