Misterio en República Dominicana por entrega de avión vinculado a Nicolás Maduro a EE.UU.
Santo Domingo, 4 septiembre – El reciente traslado de un avión vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro desde la República Dominicana a Estados Unidos ha generado preguntas sin respuestas claras.
Según el canciller dominicano, Roberto Álvarez, la entrega del jet Dassault Falcon 900EX fue autorizada por sentencias judiciales emitidas por tribunales dominicanos. Sin embargo, ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público han revelado los detalles sobre los jueces responsables ni el contenido de estas sentencias.
Pese a las reiteradas solicitudes de acceso a la información, las autoridades dominicanas han mantenido silencio. El canciller Álvarez sugirió a los periodistas que se dirijan al Ministerio Público para obtener respuestas, pero este organismo respondió escuetamente que «no tenemos información que compartir».
De manera similar, el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nestor Yglesias, se negó a comentar, afirmando que «no es algo que podemos hablar».
El Poder Judicial de República Dominicana, por su parte, se limitó a desviar las consultas hacia el Ministerio Público, evitando proporcionar detalles sobre las decisiones que permitieron la entrega del avión a las autoridades estadounidenses. Esta falta de transparencia ha generado incertidumbre sobre las circunstancias que rodearon la operación.
El avión en cuestión, aunque es el avión oficial del presidente Maduro, no está registrado a su nombre ni al del gobierno venezolano, sino que figura a nombre de un «particular».
Con matrícula en la República de San Marino, en Italia, la aeronave fue retirada del aeropuerto Joaquín Balaguer (El Higüero) a las 9:37 de la mañana y aterrizó en Fort Lauderdale, Florida, a las 11:28 de la mañana del lunes 2 de septiembre, tras la emisión de la última sentencia que permitió su traslado.
Según el canciller Álvarez, el avión había estado en la terminal dominicana por motivos de mantenimiento, una práctica común en el país. Sin embargo, el 22 de mayo de este año, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial que autorizó la inmovilización del jet.
Posteriormente, Estados Unidos solicitó la cooperación de República Dominicana para el secuestro de la aeronave, con el objetivo de realizar registros vinculados a fraudes, contrabando de bienes y lavado de activos.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, informó que personas afiliadas a Maduro habrían utilizado una empresa fantasma en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa en Florida.
El jet fue luego exportado ilegalmente a Venezuela, lo que motivó la intervención de las autoridades estadounidenses. Pese a las declaraciones oficiales, los detalles exactos de las decisiones judiciales en República Dominicana permanecen en la sombra, dejando muchas preguntas sin respuesta.
