Controversias en torno a la Ley 01-24: entre la seguridad nacional y las libertades civiles

Santo Domingo, 13 de septiembre – La Ley 01-24, promulgada el 15 de enero del presente año, ha generado una oleada de controversias en el ámbito jurídico y social de la República Dominicana. Desde su aprobación, esta normativa que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, quienes señalan que su redacción ambigua y algunas de sus disposiciones podrían atentar contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Apenas ocho meses después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional ha recibido al menos nueve impugnaciones contra varios de los artículos de la ley. En medio de este ambiente de tensiones, el pasado miércoles se dio a conocer que una comisión encargada de revisar la ley ha alcanzado un consenso para modificar cinco de los 39 artículos que la componen, aunque aún no se ha logrado disipar el debate sobre su contenido.

Los puntos más críticos de la ley

El artículo 9 de la Ley 01-24 ha sido uno de los más señalados en las impugnaciones, ya que otorga amplios poderes de investigación a la DNI. Según este artículo, la dirección puede investigar cualquier actividad realizada por personas, grupos o asociaciones que atente contra los intereses nacionales, el orden constitucional o la seguridad del Estado.

En particular, este artículo faculta a la DNI para intervenir en asuntos que impliquen una posible amenaza a la seguridad nacional, incluso por parte de organizaciones o gobiernos extranjeros.

Este amplio margen de acción ha suscitado inquietudes entre los críticos, quienes temen que tales atribuciones permitan un uso indiscriminado de la vigilancia estatal, con el riesgo de invadir la privacidad de los ciudadanos.

Otra disposición particularmente controvertida es el artículo 11, que obliga a todas las instituciones del Estado, entidades privadas y personas físicas a proporcionar a la DNI cualquier información que se le requiera en asuntos que afecten la seguridad nacional.

Aunque el artículo incluye ciertas garantías respecto al respeto del derecho a la intimidad, los detractores sostienen que su redacción es demasiado ambigua y podría interpretarse de manera que se vulneren derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

Este artículo establece además que la DNI podrá acceder de manera automatizada a bases de datos tanto públicas como privadas, siempre bajo las limitaciones de la Constitución y las leyes sectoriales. Sin embargo, los opositores consideran que la ley no ofrece suficientes salvaguardias para evitar abusos en el manejo de la información recabada.

Impugnaciones constitucionales

Diversas organizaciones y figuras públicas han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar los aspectos más problemáticos de la ley. Entre las entidades que han presentado recursos destacan Acción Cristiana, Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia.

También se han sumado partidos políticos opositores como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores, así como el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el grupo Identidad Dominicana.

Las impugnaciones se centran en la presunta violación de varios artículos de la Constitución, en particular el artículo 40, numeral 15, que establece que «nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe». También se cita el artículo 44, que garantiza el derecho a la intimidad, la no injerencia en la vida privada y el respeto al honor y la propia imagen.

Los críticos de la ley argumentan que algunas de sus disposiciones abren la puerta a la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, lo que podría resultar en violaciones a los derechos fundamentales. En particular, advierten que el acceso a bases de datos privadas y la obligación de proporcionar información a la DNI, incluso bajo el pretexto de la seguridad nacional, podría llevar a un abuso de poder.

Modificaciones en proceso

Ante el creciente número de impugnaciones y las críticas provenientes de diversos sectores de la sociedad, el gobierno ha decidido tomar medidas para abordar las preocupaciones.

Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y portavoz de la comisión que estudia la Ley 01-24, anunció que se ha alcanzado un consenso para presentar modificaciones a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26. Estas modificaciones, según Maldonado, buscan corregir las «ambigüedades» que han generado preocupación entre la sociedad civil.

El proceso de modificación se llevará al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación. Sin embargo, el debate sobre el balance entre la seguridad nacional y la protección de los derechos civiles sigue latente, y no parece que se resolverá fácilmente.

La voz del periodismo

Uno de los sectores más activos en la crítica a la Ley 01-24 ha sido el gremio periodístico. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, ha manifestado públicamente su preocupación sobre el impacto que esta ley podría tener en la libertad de expresión y en el derecho a la reserva de las fuentes de información de los periodistas.

En una rueda de prensa reciente, Henríquez pidió al presidente Luis Abinader que evalúe con detenimiento las modificaciones propuestas a la ley, subrayando que esta debe estar en sintonía con la realidad del país y no puede, bajo ninguna circunstancia, afectar la libertad de prensa.

«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», declaró Henríquez.

El dirigente gremial enfatizó que la libertad de prensa es esencial para la democracia y que cualquier intento de restringirla podría poner en peligro el derecho del pueblo dominicano a estar bien informado.

Según Henríquez, los periodistas juegan un papel fundamental en la difusión de información confiable, y cualquier ley que interfiera en su labor podría tener consecuencias graves para la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Educación y profesionalización del gremio

Durante el mismo evento en el que expresó sus preocupaciones sobre la Ley 01-24, Henríquez también anunció un importante acuerdo entre el CDP y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL). Este convenio permitirá que periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación accedan a programas de licenciatura, maestría y doctorado en modalidad virtual.

El acuerdo establece que UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas, lo que representa una oportunidad significativa para la profesionalización y actualización de los periodistas dominicanos.

Alessandra Díaz, líder de relaciones internacionales de UTEL, destacó que la universidad ofrece más de 20 licenciaturas, 20 maestrías y cuatro doctorados, con el objetivo de brindar a los periodistas acceso a una educación de calidad que les permita mejorar sus competencias.