Director del Intrant aclara control estatal sobre sistema semafórico tras denuncia de Leonel Fernández
Santo Domingo, 16 de septiembre – El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, afirmó que el sistema de semáforos del país está bajo control del Estado y que cualquier investigación legal sobre el mismo debe ser llevada a cabo por el Ministerio Público.
Esta declaración se produce en respuesta a la denuncia del expresidente Leonel Fernández, quien señaló una supuesta vigilancia ilegal por parte de la empresa de semáforos Transcore Latam y la compañía de servicios de inteligencia AURIX.
En su intervención, Morrison enfatizó que la gestión del sistema semafórico había sido transferida al Estado como parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia y el control gubernamental sobre el mismo.
«Algo que quizás le faltó mencionar al expresidente es que nosotros, como Intrant, tenemos la misión de devolverle al Estado lo que es del Estado. Al asumir la dirección del Intrant, nos encontramos con una situación que estaba siendo auditada por la Contraloría. Vimos la necesidad de llevar el sistema de semaforización al control del Estado, donde siempre debió estar», explicó el director.
El funcionario destacó que una de sus primeras acciones como director fue precisamente asumir el control del sistema de semáforos para que el Ministerio Público pudiera iniciar las investigaciones pertinentes.
«Cuando tomamos el control de los semáforos, solicitamos al Ministerio Público que iniciara una investigación sobre los procesos previos a mi llegada a la institución. El Ministerio Público es quien debe encargarse de los temas judiciales relacionados con este asunto», subrayó Morrison.
Además, explicó que uno de los pasos clave fue la cancelación del contrato con la empresa Transcore Latam, que había sido responsable de la instalación y operación del sistema semafórico.
«Nosotros rescindimos el contrato con Transcore Latam, que todavía estaba vigente, porque identificamos irregularidades. La decisión se tomó en base a la realidad actual. Sin embargo, cualquier seguimiento judicial sobre este caso corresponde al Ministerio Público», aclaró Morrison.
Estas declaraciones surgen en medio de la preocupación planteada por Leonel Fernández, quien alegó que en varias intersecciones de la ciudad, incluyendo la avenida Lope de Vega esquina Roberto Pastoriza, habían sido instaladas cámaras de vigilancia que, según él, no solo controlaban el tránsito vehicular sino que también espiaban a los ciudadanos.
Según el expresidente, estas cámaras estarían vinculadas a las empresas Transcore Latam y AURIX, lo que ha despertado sospechas sobre el propósito real de estos dispositivos.
Fernández también señaló la presencia de un «nudo» de distribución de fibra óptica en la intersección mencionada, el cual estaría cercano a las instalaciones de las empresas señaladas. Esto, según él, refuerza la posibilidad de que estas compañías estuvieran involucradas en actividades de vigilancia masiva.
El exmandatario cuestionó además las acciones del Intrant respecto al contrato con Transcore Latam, calificándolas como «sospechosas». Destacó que el 2 de septiembre el gobierno declaró que la empresa no había cumplido con las condiciones acordadas, lo que deja dudas sobre las verdaderas razones de la rescisión del contrato y las implicaciones que esto podría tener. Fernández concluyó que estas situaciones representan un «misterio» que el Estado debe aclarar ante la ciudadanía.
El director del Intrant reiteró que su única responsabilidad era asegurar que el sistema de semáforos volviera al control del Estado, y que cualquier investigación relacionada con irregularidades en los contratos o en las actividades de las empresas involucradas debe ser gestionada por las autoridades competentes.
