Aumento de costos y fallas en el contrato de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo

Santo Domingo, 20 septiembre – El contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., sufrió un incremento significativo en su costo original, pasando de 1,200 millones de pesos a 1,317 millones 350 mil 997 pesos.

Además, se descubrió que durante el proceso de adjudicación se emitieron documentos sin la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones, así como modificaciones extemporáneas a través de actos administrativos, sin la debida autorización. Estas irregularidades han generado preocupaciones sobre la transparencia y eficacia del proyecto.

Según una publicación de Diario Libre, que tuvo acceso al informe de auditoría especial realizado por la Contraloría General de la República, el estudio examina el proceso de contratación de los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore Latam S.R.L. Este análisis cubre el período comprendido entre febrero de 2023 y junio de 2024.

El informe detalla diversas irregularidades en el proceso, señalando que «se observaron debilidades e inobservancias procedimentales» que llevaron a denuncias por parte de empresas competidoras. Estas denuncias motivaron la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que finalmente suspendió el proceso de adjudicación.

Para elaborar la auditoría, la Contraloría no solo revisó documentos, sino que también realizó un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, y entrevistó a personas clave involucradas en el proyecto. Entre los entrevistados se encuentran Hugo Beras y su abogada, Pedro Padovani, Jochy Gómez y Carlos Zabala, quienes forman parte del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), así como miembros de la Dirección de Tecnología.

En las conclusiones de la auditoría, la Unidad Antifraude determinó que se violó el debido proceso establecido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación. Entre las violaciones detectadas se incluyen:

a) Documentos emitidos sin la aprobación del comité de compras y contrataciones.

b) Modificaciones extemporáneas al pliego de condiciones sin la aprobación del órgano competente.

c) Respuestas incompletas a las inquietudes planteadas por los oferentes.

d) Modificaciones que flexibilizaron los requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones.

e) Informes periciales aprobados por el comité de compras basados en datos técnicos parciales y deficientes, que favorecieron a Transcore Latam de manera unilateral.

A pesar de que Transcore Latam entregó una factura indicando que el proyecto tenía un 90 % de avance, la auditoría reveló que el progreso real apenas alcanzaba el 20 %. Este desajuste se evidenció en varios aspectos.

Solo se completó el 40 % de la instalación de fibra óptica en el Distrito Nacional, y de los 335 reguladores semafóricos contratados, solo se instalaron 80. En cuanto a las cámaras para la recolección de datos, se colocaron 1,245 de las 1,340 requeridas, pero el cableado de red en varias intersecciones aún no está terminado o los dispositivos están desconectados.

Asimismo, de los 1,550 semáforos de 300 mm, solo se han instalado 1,172, y de los 470 semáforos LED flecha, solo se han colocado 320. Estos problemas indican un progreso significativamente menor al que la empresa reportó, lo que pone en duda la finalización exitosa del proyecto en los términos contratados.

La Contraloría destacó que «considerando estos puntos, el porcentaje general de terminación del proyecto no garantiza más allá de un 20 % de ejecución efectiva del contrato». Los elementos incompletos y la falta de operatividad eficiente hacen que la viabilidad del proyecto sea incierta.

Ante esta situación, la Contraloría recomendó resolver el contrato con Transcore Latam para evitar mayores daños financieros y operativos. La recomendación incluye organizar una nueva licitación que permita la participación de consorcios de empresas internacionales asociadas con firmas nacionales, o bien empresas individuales que cumplan con los requisitos técnicos. Además, se propone que el control de la base de datos semafórica quede exclusivamente en manos del Intrant, como medida de seguridad nacional.

Finalmente, el informe también sugiere que se tomen las acciones legales pertinentes contra quienes hayan violado las leyes vigentes durante el proceso de contratación. Esto implica que los responsables de las irregularidades enfrentaran las consecuencias estipuladas en la Ley 340-06 y su reglamento.