Reformas estructurales del gobierno de Abinader enfrentan obstáculos políticos y sociales

Santo Domingo, 20 septiembre . – El plan de reformas del presidente Luis Abinader ha comenzado con tropiezos significativos que desafían la capacidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para avanzar en su ambiciosa agenda.

Aunque el PRM tiene el control mayoritario del Congreso, la falta de consenso político y social ha frenado varios de los proyectos clave del gobierno, lo que expone a la administración a un alto costo político si insiste en implementar las llamadas «reformas estructurales» sin acuerdos amplios.

Desde el anuncio inicial de estas reformas, las dificultades han sido evidentes. Uno de los primeros desafíos es la reforma al Código Laboral, cuya presentación fue prometida para el 26 de agosto pasado, pero hasta ahora no se ha dado a conocer el alcance de los cambios propuestos. El tema más conflictivo es la cesantía laboral, un punto de discordia que ha generado resistencias en diversos sectores.

Otro ejemplo claro es la propuesta de reforma constitucional, que ha encontrado fuertes resistencias. El gobierno de Abinader planteó varias modificaciones, siendo una de las más atractivas políticamente la cláusula pétrea, que busca hacer inmodificable el artículo 124 de la Constitución, el cual regula la reelección presidencial. Sin embargo, varios juristas han advertido que este cambio necesitaría ser aprobado mediante referendo, un mecanismo que el presidente parece evitar.

A esto se suman otros temas controvertidos, como la propuesta de reducir el número de diputados en el Congreso. El presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto con diputados de su partido, acordaron reducir en solo 20 los 53 escaños propuestos originalmente.

No obstante, este recorte no ha sido sustentado por ningún estudio que demuestre la necesidad de reducir el número de representantes, lo que ha generado críticas y dudas sobre la efectividad de esta medida.

Un tema que también ha generado divisiones es la propuesta de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Este cambio busca reducir los costos electorales, pero no ha logrado consenso.

Algunos sectores prefieren mantener un intervalo de dos años entre elecciones, lo que debilita el argumento del ahorro de recursos que sustenta la unificación. Incluso dentro del PRM, voces como la del especialista en temas electorales y vicepresidente del partido, Eddy Olivares, han expresado su desacuerdo con la propuesta.

En la misma línea, Participación Ciudadana, un movimiento de la sociedad civil, también ha abogado por mantener la separación de las elecciones, citando la importancia de mantener procesos electorales enfocados y separados por dos años.

La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido sobre los desafíos operativos que representaría unificar las elecciones, añadiendo más presión al gobierno para reconsiderar esta propuesta.

Otra reforma clave que ha sido objeto de debate es la relativa a la designación del Procurador General de la República. El plan del Ejecutivo es que este sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la posibilidad de que el presidente de la República proponga al candidato.

Esta idea ha generado rechazo, tanto en el ámbito político como jurídico, ya que muchos expertos argumentan que, en la práctica, esto permitiría al presidente tener un control indebido sobre el nombramiento de este importante funcionario.

Originalmente, el proyecto de reforma proponía un periodo de inamovilidad de cuatro años para el Procurador General, pero tras las críticas de organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), este plazo fue reducido a dos años. Aun así, la propuesta sigue siendo controvertida, con muchos señalando que podría comprometer la independencia del Ministerio Público.

A pesar de las resistencias, las reformas que impulsa el gobierno no son nuevas. Desde su anuncio en agosto de 2021, cuando el presidente Abinader cumplió su primer año en el cargo, estas propuestas han ocupado un lugar prominente en la agenda pública.

En total, el gobierno ha propuesto doce reformas en áreas que abarcan desde la seguridad social hasta el sistema eléctrico y los recursos naturales.

Sin embargo, el progreso ha sido lento. En diciembre de 2022, Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES), anunció el cierre de un diálogo que involucraba a varios sectores políticos y sociales. Pero, hasta la fecha, ninguna de las reformas discutidas en ese foro ha sido presentada formalmente al Congreso.

Uno de los temas que más controversia ha generado es la posible unificación de los ministerios de Educación y Educación Superior. Varios líderes, entre ellos María Teresa Cabrera, defensora del 4% del PIB destinado a la educación preuniversitaria, han advertido que esta medida podría diluir los recursos asignados a la educación básica. Cabrera y otros críticos argumentan que el verdadero objetivo de esta reforma es redistribuir esos fondos, lo que afectaría la calidad de la educación.

Otro reto significativo para el gobierno es el referendo que podría ser necesario para aprobar la cláusula pétrea en la Constitución. Esta propuesta, que busca evitar futuras modificaciones sobre la reelección presidencial, ha sido defendida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

Sin embargo, la mayoría de los juristas sostiene que tal cambio requeriría la aprobación de un referendo, lo que podría resultar políticamente desgastante para Abinader.

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo (FP), ha calificado la propuesta como «innecesaria» y ha señalado que responde a un «capricho» del presidente.

Este discurso, sumado a la posible implementación de una reforma fiscal que podría afectar a la clase media y los sectores más vulnerables, podría generar un clima de descontento que complique aún más el panorama político.

Las reformas fiscales, previstas para las próximas semanas, también representan un reto significativo. El gobierno ha indicado que busca recaudar entre un 1.5% y 1.7% del PIB, lo que implica nuevos impuestos que podrían generar rechazo social.

Además, la posible fusión de instituciones y la reducción del aparato estatal, con la consiguiente pérdida de empleos, añade más presión sobre la administración del PRM.

Aunque el presidente Abinader y el PRM tienen la mayoría calificada en el Congreso para aprobar estas reformas, el verdadero desafío radica en lograr el consenso necesario para legitimar los cambios propuestos. Sin el apoyo de sectores clave, como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), el gobierno corre el riesgo de enfrentar un mayor desgaste político en los meses venideros.

Con datos de El Caribe