PLD denuncia inconstitucionalidad en designación del nuevo alcalde de La Vega por decreto presidencial
Santo Domingo, 23 de septiembre – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó como inconstitucional la designación de un nuevo alcalde para la ciudad de La Vega por parte del presidente Luis Abinader. La organización política sostiene que la medida, tomada fuera del Consejo Municipal, viola la Constitución y las leyes vigentes del país.
La posición del PLD fue presentada en una rueda de prensa este lunes, encabezada por José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del partido, junto a Bolívar Marte, presidente provincial del PLD en La Vega, y varios dirigentes del Comité Central y de la Secretaría de Asuntos Municipales.
Durante el encuentro, realizado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el partido expresó su preocupación por la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos municipales.
El PLD argumenta que la designación del sustituto del alcalde renunciante de La Vega, realizada por decreto presidencial, es contraria a lo establecido en la Constitución y en la Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios.
Según explicó Dantés Díaz, el Consejo Municipal de La Vega ya había nombrado a Joel Martínez González, entonces secretario general de la alcaldía, como alcalde provisional el pasado 22 de agosto, en cumplimiento con el artículo 64, párrafo II de la mencionada ley.
Esta disposición establece que, ante la renuncia del alcalde y la imposibilidad de su vicealcalde para asumir el cargo, debe ser el secretario general quien asuma las funciones, o bien, otro funcionario designado por el Consejo Municipal.
De acuerdo con el PLD, el Consejo Municipal es el único órgano competente para designar al sustituto del alcalde, y la elección de Martínez se hizo conforme a las normativas vigentes. Por tanto, el partido considera que el decreto emitido por el presidente Abinader no solo desconoce este proceso legal, sino que también contradice el principio de autonomía municipal, garantizado en la Constitución de 2010.
El PLD también cuestiona el argumento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Gobierno, que basan su acción en el párrafo I del artículo 64 de la Ley 176-07. Según el PLD, este argumento es incorrecto, ya que la Constitución de 2010 eliminó la facultad del Poder Ejecutivo para llenar vacantes en los ayuntamientos, un poder que estaba contemplado en la Constitución de 1966, pero que ya no es vigente.
Además, el PLD subrayó que el artículo 199 de la Constitución refuerza la autonomía de los gobiernos locales, otorgándoles independencia para el ejercicio de sus funciones. Los ayuntamientos son entidades autónomas con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les otorga la capacidad de tomar decisiones sin interferencia del Poder Ejecutivo.
El PLD destacó la importancia de la autonomía municipal, que se ve reflejada en el proceso de elección popular de alcaldes y regidores. Este sistema tiene como objetivo asegurar la independencia y neutralidad de los gobiernos locales en el ejercicio de sus funciones, evitando la intromisión de otras ramas del poder.
“La designación de un alcalde en La Vega por parte del presidente de la República no solo viola la autonomía municipal, sino que también usurpa una facultad que la Constitución no le concede”, expresó Dantés Díaz. En este sentido, el PLD considera que cualquier intervención del Ejecutivo en los asuntos municipales debilita la institucionalidad y atenta contra el Estado de derecho.
El Partido de la Liberación Dominicana concluyó su rueda de prensa afirmando que se mantendrán vigilantes para evitar que el PRM y el gobierno sigan socavando la institucionalidad en el país. El PLD exige que todas las acciones del Gobierno se realicen dentro del marco de la legalidad, respetando la Constitución y las leyes que rigen el país.
En este contexto, la organización política reiteró su compromiso de defender el sistema democrático y la autonomía municipal, pilares fundamentales para garantizar el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de derecho en la República Dominicana.
