Irregularidades en la modernización de la red semafórica de Santo Domingo aumentan el costo y frenan el proyecto

Santo Domingo, 3 de octubre – La modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., se ha visto envuelta en un escándalo tras un aumento en el costo original del proyecto, pasando de 1,200 millones de pesos a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, sin la debida aprobación del Comité de Compras y Contrataciones.

Además, se llevaron a cabo modificaciones administrativas extemporáneas, violando los procedimientos establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, según revela un informe de auditoría especial de la Contraloría General de la República.

Una publicación de Diario Libre, que afirmo tuvo acceso al informe, analiza el proceso de contratación de servicios para la modernización y ampliación del sistema de control de tráfico en Santo Domingo, cubriendo el periodo de febrero de 2023 a junio de 2024.

La auditoría revela múltiples irregularidades en el proceso, desde la falta de aprobación de documentos clave hasta la modificación de condiciones contractuales sin el aval del comité correspondiente.

El informe destaca que las «debilidades e inobservancias procedimentales» durante la adjudicación provocaron la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que ordenó la suspensión del proceso tras recibir denuncias de otras empresas competidoras de Transcore Latam. Estas denuncias señalaron un trato preferencial hacia la empresa seleccionada y cuestionaron la legalidad del proceso.

Para sustentar la auditoría, la Contraloría General no solo examinó la documentación del proceso, sino que también realizó entrevistas con figuras clave involucradas, como el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). También se evaluaron los equipos instalados y almacenados como parte del proyecto.

Violaciones al debido proceso

La Unidad Antifraude de la Contraloría encontró violaciones significativas a la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. Entre las irregularidades destacan:

• Emisión de documentos durante el proceso sin la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones.
• Modificaciones extemporáneas al pliego de condiciones sin la debida autorización.
• Respuestas incompletas a las inquietudes de los oferentes.
• Flexibilización injustificada de los requisitos técnicos.
• Emisión de informes técnicos parciales que contenían datos incongruentes, utilizados para justificar la adjudicación.

Estas violaciones, según el informe, favorecieron indebidamente a Transcore Latam, generando una situación de privilegio sobre otras empresas competidoras.

Un proyecto lejos de completarse

Aunque Transcore Latam emitió una factura alegando que el proyecto estaba ejecutado en un 90 %, la auditoría concluyó que, en realidad, el avance no superaba el 20 %. A modo de ejemplo, solo se había ejecutado el 40 % de la instalación de la fibra óptica en el Distrito Nacional, y de los 335 reguladores semafóricos contratados, apenas se habían instalado 80. Además, de las 1,340 cámaras previstas para la recolección de datos, solo se habían colocado 1,245, y el cableado de red en varias intersecciones estaba incompleto o los dispositivos estaban desconectados.

Asimismo, se instalaron solo 1,172 de los 1,550 semáforos de 300mm y 320 de los 470 semáforos LED tipo flecha previstos en el contrato. Estos retrasos y fallas en la implementación dejaron al proyecto en un estado de baja operatividad, con pocos avances tangibles.

«El porcentaje de terminación general del proyecto no supera el 20 %», señala el informe, agregando que la falta de avances compromete seriamente la viabilidad y la eficiencia del sistema semafórico.

Recomendaciones de la Contraloría

Ante la magnitud de las irregularidades encontradas, la Contraloría recomiendó disolver el contrato con Transcore Latam para evitar daños irreparables al proyecto. El informe sugiere la organización de una nueva licitación, esta vez con la participación de consorcios de empresas internacionales y nacionales que cumplan con los requisitos técnicos y legales para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y segura.

Una de las principales preocupaciones señaladas por la Contraloría es la necesidad de que el control de la base de datos del sistema semafórico esté bajo la supervisión exclusiva del Intrant, dada la importancia de esta información para la seguridad nacional. En este sentido, el informe insta a que se tomen las medidas legales necesarias contra quienes hayan incurrido en actos ilícitos durante el proceso de adjudicación.

La modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo es un proyecto clave para mejorar la gestión del tráfico en una de las áreas metropolitanas más congestionadas del Caribe.

Sin embargo, las irregularidades detectadas no solo han retrasado su implementación, sino que también han generado un considerable aumento en los costos, poniendo en riesgo su ejecución efectiva. La Contraloría ha sido enfática en su recomendación de revisar profundamente el proceso y asegurar que las próximas adjudicaciones se realicen con total transparencia y apego a la ley.