El Escándalo de los Semáforos: Corrupción, lavado de activos y sabotaje en la red semafórica del Gran Santo Domingo
Santo Domingo, 4 de octubre – Mientras los siete detenidos implicados en el escándalo del contrato para la modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo pasaban su segunda noche en prisión, el Ministerio Público avanzaba en la preparación de las medidas coercitivas que se presentarían en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez, así como de otros cinco arrestados en la Operación Camaleón.
El caso ha sacudido a la sociedad dominicana, involucrando a figuras clave en la gestión del tráfico urbano, en un entramado de corrupción que las autoridades califican como «un esquema organizado de desfalco, lavado de activos y sabotaje contra infraestructuras críticas».
A medida que el escándalo evoluciona, los fiscales han estado trabajando a contrarreloj debido a que las 48 horas constitucionales para presentar cargos expiran a las 8:00 de la noche de hoy, desde el momento en que Gómez fue detenido en la sede de la Procuraduría General de la República.
El expediente contra los imputados será presentado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se solicitará prisión preventiva como medida coercitiva para asegurar la comparecencia de los acusados. Además, se espera que los fiscales soliciten al tribunal que declare el caso como «complejo», lo que permitiría un plazo más amplio para la investigación debido a la gravedad de las acusaciones y la complejidad de los hechos.
Los implicados y las acusaciones
El grupo acusado en la Operación Camaleón incluye a exfuncionarios clave del Intrant y empresarios vinculados a la adjudicación de contratos públicos relacionados con la infraestructura vial. Además de Jochi Gómez y Hugo Beras, también fueron arrestados Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, quien desempeñaba un rol importante en la gestión técnica y financiera de la red semafórica.
Las acusaciones contra los detenidos incluyen cargos graves, entre los cuales destacan el desfalco, la estafa al Estado, la falsificación de documentos, la coalición de funcionarios, el contrabando, el sabotaje, el terrorismo tecnológico, y el robo de identidad.
Según la PEPCA, los imputados formaban parte de una red organizada que manipulaba los contratos públicos a su favor, desviando fondos estatales a través de empresas ficticias y contratos fraudulentos. Esta red habría obtenido beneficios millonarios, comprometiendo la seguridad vial y la infraestructura crítica del país.
Un plan meticuloso y complejo
Los detalles del caso revelan una trama cuidadosamente orquestada que se extendió desde la licitación del contrato para modernizar la red de semáforos del Gran Santo Domingo hasta un acto de sabotaje directo a la misma infraestructura en agosto de 2024.
La PEPCA ha descrito el esquema como una operación sofisticada en la que se utilizó tecnología avanzada para realizar sabotajes, y se llevaron a cabo actividades de lavado de activos a través de la manipulación de contratos y el desvío de fondos públicos.
Uno de los contratos más polémicos en el centro del escándalo fue firmado el 23 de junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, propiedad de Jochi Gómez. Según la acusación, dicho contrato fue utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, lo que generó serios riesgos para la infraestructura de control de tráfico en el país.
Se alega que Gómez y sus asociados crearon un ambiente de vulnerabilidad al intervenir los sistemas semafóricos y de videovigilancia, acciones que culminaron en el sabotaje de la red semafórica en agosto de 2024, provocando caos y preocupación entre las autoridades.
La implicación de Hugo Beras, como exdirector del Intrant, es uno de los aspectos más alarmantes del caso. Las autoridades lo acusan de ser coautor y facilitador principal de la corrupción relacionada con la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios.
Según la PEPCA, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras habría autorizado la asignación de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos necesarios, lo que derivó en la desviación de recursos públicos a través de empresas fantasma o de carpeta.
La Red de Corrupción: Un enfoque en los contratos fraudulentos
Frank Díaz Warden, otro de los implicados, era el encargado de coordinar las decisiones del Comité de Compras del Intrant y, según las autoridades, fue uno de los principales manipuladores del proceso de licitación.
Se le acusa de haber participado en la adjudicación irregular de contratos, favoreciendo a las empresas vinculadas a la red de corrupción, mientras que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, facilitó que una de las empresas implicadas, Transcore Latam S.R.L., tomara el control de estos sistemas a pesar de no cumplir con los requisitos legales y técnicos.
Baquero Sepúlveda jugó un papel activo en la adaptación de las evaluaciones técnicas para favorecer a Transcore Latam, lo que, según la PEPCA, comprometió gravemente la seguridad vial y la transparencia en el uso de los fondos públicos. A cambio de su colaboración, Baquero habría recibido beneficios económicos de la red corrupta, de acuerdo a los cargos que presentará el Ministerio Público.
Por su parte, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, es señalado como uno de los socios principales de Gómez y como una pieza clave en la supervisión y gestión del esquema fraudulento.
Tras su renuncia en el Intrant, continuó colaborando directamente con las actividades fraudulentas de Transcore Latam, facilitando la implementación de esquemas de lavado de activos y participando en el sabotaje de la red semafórica, aseguran los fiscales.
Finalmente, Carlos José Peguero Vargas, descrito como uno de los técnicos más importantes en la estructura ilícita, fue el encargado de gestionar los asuntos informáticos y de vigilancia dentro de la red, y de movilizar los fondos desviados a través de empresas como INPROSOL S.R.L.
La Operación Camaleón: Un megaoperativo coordinado
La magnitud del operativo desplegado por las autoridades refleja la complejidad del caso. La noche del miércoles, se llevaron a cabo allanamientos en varias residencias y oficinas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, en los cuales participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en el crimen organizado.
Las autoridades informaron que se recolectaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, incluyendo documentación financiera, dispositivos electrónicos, y otros objetos que serán utilizados durante el proceso judicial.
Según la PEPCA, la Operación Camaleón ha sido una de las más exitosas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la historia reciente del país. El procesamiento de las evidencias fue tan extenso que en algunos de los casos se prolongó por más de 12 horas.
Las defensas se preparan
Los detenidos cuentan con un equipo de defensa compuesto por destacados abogados. Carlos Balcácer y Carlos Olivares han sido contratados para defender a Jochi Gómez, mientras que Hugo Beras está siendo asistido por Laura Acosta y Luis Rivas.
Otros imputados, como Frank Díaz y Francisco Álvarez, también cuentan con la representación de abogados especializados en delitos económicos y administrativos, quienes han comenzado a preparar sus estrategias de defensa.
Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, ha sido especialmente vocal sobre la falta de pruebas para sustentar las acusaciones contra su cliente. Afirmó que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, entre las que se incluye terrorismo y sabotaje tecnológico, no existen elementos suficientes que justifiquen una condena de 40 años, que es la pena máxima por el delito de terrorismo. Balcácer calificó algunas de las alegaciones como «especulativas» y afirmó que la supuesta existencia del virus Pegasus es una «fantasía».
Por otro lado, Laura Acosta, defensora de Hugo Beras, denunció las condiciones del arresto de su cliente, señalando que el procedimiento fue arbitrario y traumático para su familia.
Acosta afirmó que los allanamientos realizados en la residencia de Beras resultaron en la incautación de bienes personales, entre ellos una caja fuerte vacía, documentos y el teléfono celular del exfuncionario. Además, se incautaron dos vehículos de su propiedad, en un acto que la defensa calificó como «desproporcionado».
Implicaciones Nacionales e Internacionales
El caso ha generado un intenso debate en la República Dominicana sobre la eficacia de las instituciones del Estado para combatir la corrupción, así como sobre los posibles vínculos entre la red de corrupción y actores internacionales.
Guillermo Gómez, periodista y padre de Jochi Gómez, aseguró que su hijo ha sido objeto de una persecución injusta y que su detención tiene motivaciones políticas. Gómez reveló que su hijo había traído al país al exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, como parte de un esfuerzo para limpiar su imagen ante acusaciones que lo vinculaban con terrorismo y sabotaje.
El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) también emitió una advertencia formal a Hugo Beras antes de que se adjudicara el contrato para la modernización de la red semafórica, advirtiendo que dicha infraestructura debía mantenerse bajo estricto control estatal debido a los riesgos que su manipulación indebida podría acarrear para la seguridad pública.
