Operación Camaleón: Ministerio Público presenta solicitud de medida de coerción contra Hugo Beras y otros imputados por corrupción
Santo Domingo, 4 de octubre – El Ministerio Público presentó la noche de este viernes 4 de octubre su solicitud de medida de coerción contra Hugo Beras, José «Jochi» Gómez Canaán y otros implicados en un caso de corrupción relacionado con un «contrato amañado» entre el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, que gestionaba la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El caso, denominado «Operación Camaleón», ha llevado al Ministerio Público a solicitar la imposición de prisión preventiva para los acusados y que el caso sea declarado como complejo, dada la magnitud de los delitos presuntamente cometidos.
Una comisión de fiscales, encabezada por la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, entregó el expediente a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual ha programado la audiencia para este sábado a las 11:00 de la mañana.
Además de Beras y Gómez Canaán, socio de Transcore Latam, otras personas han sido detenidas en relación con este escándalo de corrupción. Entre los apresados figuran Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.
Todos enfrentan acusaciones de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado implicada en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y uso de alta tecnología para cometer crímenes.
Actualmente, los imputados están detenidos en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. Según Mirna Ortiz, las investigaciones siguen su curso y podrían incluir a más personas involucradas en los hechos delictivos.
La Operación Camaleón, desplegada la noche del miércoles 2 de octubre de 2024, involucró allanamientos en varias residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En la operación participaron aproximadamente 170 agentes de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Entre las acusaciones destacadas por el Ministerio Público se encuentran la manipulación del contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo y un acuerdo firmado el 23 de junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix.
Este contrato habría sido utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Además, se les imputa el sabotaje contra la red semafórica, ocurrido en agosto de este año.
