Ministerio Público solicita prisión preventiva y complejidad del proceso para imputados en la Operación Camaleón
Santo Domingo, 5 octubre – El Ministerio Público presentó formalmente la solicitud de medidas de coerción contra los acusados de integrar la presunta red de corrupción y crimen organizado desmantelada en la denominada «Operación Camaleón».
En esta operación, se les atribuyen delitos como desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Asimismo, el Ministerio ha solicitado la declaratoria de complejidad del proceso, dada la magnitud y naturaleza de los hechos.
Según las autoridades, los implicados incluyen al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, junto a otros altos funcionarios y colaboradores del organismo. Entre ellos están Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT; y Carlos José Peguero Vargas.
La «Operación Camaleón» incluyó allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de aproximadamente 170 agentes de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado.
En dichos operativos, se incautaron cientos de pruebas que sustentan las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, el cual ha calificado esta operación como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado.
El Ministerio Público sostiene que la solicitud de coerción presentada se sustenta en elementos probatorios suficientes para que el tribunal imponga prisión preventiva y declare la complejidad del proceso.
Entre las pruebas figuran un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, otro contrato irregular con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix S.A.S., mediante el cual se usurparon funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, además de evidencia de sabotajes a la red semafórica ocurridos en agosto.
Los imputados enfrentan cargos conforme a los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (prohibición de la corrupción); artículos 123, 124, 147, 150 y 151 del Código Penal (coalición de funcionarios y uso de documentos privados); artículos 171 y 172 (desfalco); y los artículos 265, 266 y 405 del mismo Código (asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado).
Además, se les acusa bajo los artículos de la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación y actos de terrorismo, entre otros.
Igualmente, se invocan los artículos de la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la Ley 267-08 sobre Terrorismo; y la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todos en perjuicio del Estado dominicano.
