Jueza se reserva fallo sobre medida de coerción en caso Camaleón

Santo Domingo, 10 de octubre – La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió posponer su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas para los siete implicados en el escándalo de corrupción conocido como el caso Camaleón. La audiencia se recesará hasta las 3 de la tarde del jueves, momento en que se espera que la jueza emita su veredicto.

El caso involucra a exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y empresarios, acusados de desviar recursos públicos mediante contratos fraudulentos. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los acusados, mientras que la defensa alega que no hay suficientes pruebas que justifiquen esta medida.

Durante la audiencia, las posturas de la defensa y del Ministerio Público quedaron claramente definidas. Los abogados defensores insisten en que no existen pruebas suficientes para que sus clientes sean enviados a prisión preventiva, y piden que se les permita defenderse en libertad.}

Argumentan que la prisión preventiva es una medida extrema, inapropiada en este caso, ya que sus clientes han colaborado con la investigación y no representan un riesgo de fuga.

Por otro lado, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), mantiene su solicitud de prisión preventiva. Wilson Camacho, titular de la Pepca, declaró que se han presentado 245 medios de prueba que demuestran la culpabilidad de los implicados. «Estos elementos de prueba son tan contundentes que incluso la defensa pidió tiempo adicional para revisarlos», explicó Camacho a su salida de la audiencia.

Entre los principales acusados se encuentra Hugo Beras, exdirector del Intrant y excandidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Según el expediente del Ministerio Público, Beras, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, adjudicó contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas necesarias, desviando fondos públicos en el proceso. Beras habría facilitado que estas empresas participaran en licitaciones amañadas, permitiendo que obtuvieran contratos a pesar de no cumplir con los requisitos.

El Ministerio Público lo acusa de ser coautor de varios delitos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios. La Pepca sostiene que Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto y en la manipulación del proceso de contratación, lo que permitió que empresas cercanas a la red de corrupción se beneficiaran.

El papel de José Ángel Gómez-Canaán (Jochi Gómez)

Otro de los acusados es José Ángel Gómez-Canaán, conocido como Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix S.A.S. Según el Ministerio Público, Gómez-Canaán fue el principal beneficiario económico del esquema de corrupción. A través de su empresa, controló de manera fraudulenta los sistemas de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo, aprovechando su posición para desviar fondos del Estado.

El expediente indica que Gómez-Canaán manipuló los contratos de tecnología para garantizar que su empresa fuera la adjudicataria de los mismos. También es señalado por la Pepca de haber movilizado fondos ilícitos a través de una estructura financiera compleja.

Otros implicados en el caso

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, otros cinco acusados enfrentan cargos similares en el caso Camaleón:

1. Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Excoordinador de despacho del Intrant y representante de Beras ante el Comité de Compras, Atilano Díaz es acusado de manipular el proceso de adjudicación de contratos. Según la Pepca, Atilano aseguraba que las decisiones del comité de compras favorecieran a las empresas involucradas en el esquema de corrupción.
2. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Exdirector de Tecnología del Intrant, Baquero Sepúlveda fue el encargado de supervisar la red de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo. Según el Ministerio Público, Baquero jugó un rol fundamental en la coordinación técnica del fraude, facilitando la implementación de los contratos fraudulentos.
3. Juan Francisco Álvarez Carbuccia: Exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Álvarez Carbuccia es acusado de emitir una certificación falsa que permitía el inicio de un proceso de licitación, alegando que la institución contaba con los fondos necesarios cuando en realidad no los tenía. El Ministerio Público sostiene que esto permitió la adjudicación fraudulenta de contratos.
4. Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Jochi Gómez, Padovani Báez es señalado por el Ministerio Público como una figura clave en la supervisión del sistema de tráfico. Tras renunciar a su cargo, Padovani continuó colaborando con las empresas involucradas en el esquema fraudulento, particularmente en el manejo de la licitación pública “Intrant-CCC-LPN-2023-0001”.
5. Carlos José Peguero Vargas: Peguero Vargas es acusado de manejar los fondos desviados a través de la empresa Inprosol S.R.L. Según la Pepca, él era responsable de los asuntos técnicos e informáticos del esquema y ayudó a construir la estructura financiera ilícita que sustentaba el fraude.

Pruebas y el proceso judicial

El Ministerio Público ha recabado numerosas pruebas para sustentar su acusación, incluyendo documentos que detallan cómo los fondos fueron desviados y cómo las licitaciones públicas fueron manipuladas para favorecer a las empresas vinculadas al caso.

Entre los cargos que enfrentan los acusados se encuentran delitos graves como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje a la red semafórica, entre otros.

Por su parte, los abogados defensores han solicitado la libertad de los acusados mientras avanza el proceso judicial, argumentando que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Han insistido en que el Ministerio Público no ha presentado evidencias concluyentes que justifiquen la prisión preventiva.