Reforma fiscal propuesta por Abinader impactará duramente a las familias dominicanas, advierte Guarocuya Félix

Santo Domingo, 13 de octubre – Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que el proyecto de Ley de reforma fiscal presentado por el presidente Luis Abinader tendrá un impacto significativo en las familias dominicanas, especialmente en los sectores más vulnerables.

Félix destacó que la reforma, tal como ha sido planteada, es de carácter regresivo, lo que significa que afectará desproporcionadamente a las personas de menores ingresos.

En una entrevista en el programa Esperando el Gobierno, Félix expresó su preocupación por el enfoque del gobierno en relación con el gasto y el endeudamiento excesivo, señalando que estas prácticas deberían haber sido consideradas antes de proponer una reforma fiscal que, según él, recaerá principalmente sobre las familias trabajadoras y de clase media.

Durante la entrevista, Guarocuya Félix explicó que una reforma regresiva implica que aquellos con menores ingresos terminarán pagando más impuestos en proporción a sus ingresos. El economista hizo especial énfasis en el efecto del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y su posible transformación en un Impuesto al Valor Agregado (IVA), un cambio que afectaría directamente los precios de bienes y servicios esenciales.

“El ITBIS es un impuesto regresivo porque se aplica sin considerar el nivel de ingresos de las personas, lo que significa que las familias con menos recursos pagarán una mayor proporción de sus ingresos en impuestos”, explicó Félix. “Cuando hablas de cambiar el ITBIS a un IVA, y extiendes este impuesto a productos que antes estaban exentos, como alimentos básicos y servicios cotidianos, como los salones de belleza, estás golpeando directamente a los más vulnerables”, añadió.

Félix también mencionó ejemplos específicos como el aguacate y el ñame, productos esenciales en la canasta básica de los dominicanos, los cuales podrían verse afectados por el aumento en la carga impositiva. Este cambio, según el economista, podría incrementar considerablemente el costo de vida de las familias que ya están enfrentando dificultades económicas.

El exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) resaltó que actualmente, de cada 100 pesos que se recaudan en impuestos, 61.50 provienen directamente de los contribuyentes individuales. Esto indica, según Félix, que una gran parte de la carga tributaria en el país recae sobre las personas, especialmente la clase media y los trabajadores.

El aumento en la base del ITBIS o su transformación en un IVA afectaría más a las familias que dependen de productos y servicios que actualmente están exentos del impuesto o tienen una tasa reducida. “Cuando pasas de un ITBIS a un IVA que se aplica a una base más amplia, estás afectando directamente el bolsillo de las familias. Esto tiene un impacto muy fuerte porque extiendes el impuesto a bienes y servicios que antes no estaban gravados”, explicó Félix.

Guarocuya Félix enfatizó que el grupo más afectado por esta reforma sería la clase media, que ya ha sufrido el peso de anteriores políticas fiscales. “Siempre que se tocan los impuestos, la clase media es la más perjudicada. El gobierno debería haberse movido hacia un Pacto Fiscal, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que permita una discusión amplia y consensuada sobre cómo mejorar el sistema tributario sin afectar desproporcionadamente a las familias”, afirmó.

El Pacto Fiscal, propuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, busca crear un acuerdo entre los diferentes sectores de la sociedad para establecer una política tributaria justa y equilibrada. Félix considera que este hubiera sido el camino correcto para el gobierno, en lugar de una reforma fiscal que, en su opinión, no tiene en cuenta las realidades económicas de las familias dominicanas.

El economista también subrayó que todos los sectores que se verán afectados por la reforma fiscal tienen derecho a expresar su descontento y a movilizarse, siempre que lo hagan en el marco del respeto a las normas de convivencia social. “Es legítimo que los ciudadanos protesten cuando consideran que una medida del gobierno afecta sus intereses y su bienestar. Sin embargo, esas protestas deben ser pacíficas y respetar las leyes”, puntualizó.