Rechazo total al proyecto de reforma fiscal en vistas públicas del Congreso
Santo Domingo, 17 de octubre – La apertura de las vistas públicas del proyecto de “Modernización Fiscal” propuesto por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional ha suscitado una ola de críticas unánimes por parte de diversos sectores de la sociedad dominicana.
Desde empresarios hasta líderes sociales, las voces que se alzaron durante estas sesiones expresaron su rotundo rechazo al contenido de la reforma fiscal, señalando la falta de consenso en su elaboración y las posibles repercusiones negativas que tendría sobre varios sectores clave de la economía.
A lo largo del día, cientos de personas acudieron a la convocatoria de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar y comentar el proyecto, aportando observaciones y propuestas.
No obstante, la mayoría de los participantes aprovecharon sus intervenciones para expresar su descontento con la reforma fiscal, la cual consideran perjudicial para el crecimiento económico y social del país.
Propuestas de Modificación y Críticas Generales
Si bien algunos sectores presentaron propuestas de modificación para mitigar los efectos de la reforma, en su mayoría los oradores denunciaron la falta de diálogo con el gobierno y el impacto negativo que los nuevos tributos podrían tener sobre las empresas, la clase media y los sectores más vulnerables.
Entre las principales críticas se encuentra la percepción de que la reforma se elaboró sin un adecuado proceso de consulta y consenso, lo que ha generado descontento entre diversos sectores productivos y sociales.
Al mismo tiempo que las vistas públicas se llevaban a cabo en el interior del Congreso, decenas de manifestantes se congregaron a las afueras del edificio para exigir el retiro completo de la propuesta legislativa. Estas protestas reflejan el creciente malestar social ante un proyecto que muchos consideran perjudicial para la economía y el bienestar general del país.
Impacto en el sector inmobiliario: Fiduciarias y constructores
Uno de los sectores más afectados por la reforma es el inmobiliario. Christian Molina, representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), advirtió que la reforma fiscal podría tener graves repercusiones en la comercialización de viviendas en el país.
Molina explicó que las modificaciones propuestas afectarían directamente a las fiduciarias, lo que a su vez impactaría el desarrollo del sector inmobiliario y limitaría el acceso a la vivienda para la población.
“Este proyecto podría causar que 6 de cada 10 dominicanos pierdan la posibilidad de acceder a su primera vivienda. Estamos hablando de un retroceso de décadas en el mercado de viviendas asequibles”, afirmó Molina durante su intervención.
Asimismo, destacó que las fiduciarias jugaron un papel fundamental en la entrega de más de 5,000 hogares el año pasado, lo que generó un flujo de 170 mil millones de pesos en préstamos para el sistema bancario.
Por su parte, Annerys Meléndez, representante de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), coincidió con Molina y añadió que la eliminación de las tasas diferenciadas para los fideicomisos de viviendas incrementaría el costo de los hogares en un 12.5%.
También subrayó que el aumento de los impuestos a las materias primas utilizadas por los constructores elevaría aún más el precio de las edificaciones, impactando negativamente tanto a compradores como a arrendatarios.
“La eliminación de las exenciones fiscales y la reducción de la base imponible del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) afectaría al 59% de las viviendas de bajo costo, lo que representa una pérdida significativa para el sector y una barrera para quienes buscan acceder a una vivienda”, argumentó Meléndez.
Industria cinematográfica en riesgo
Otro de los sectores que manifestó su preocupación durante las vistas públicas fue el cine. Hans García, presidente de la Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), defendió los incentivos fiscales que recibe la industria cinematográfica, argumentando que la reforma propuesta pondría en riesgo un sector que actualmente genera miles de empleos y contribuye significativamente a la economía.
“La industria del cine está compuesta por 135 empresas que pagan impuestos, generan inversiones millonarias y emplean a más de 25,000 personas, incluyendo 1,200 estudiantes provenientes de distintas provincias”, señaló García.
El representante de Adocine destacó que el 85% de los gastos realizados durante la producción de una película se destinan a la subcontratación de pequeñas y medianas empresas locales, lo que evidencia el impacto positivo del sector en la economía.
García también mencionó que la industria cinematográfica utiliza más de 200,000 habitaciones de hotel al año y realiza compras millonarias en combustible y alquiler de vehículos, lo que genera una importante derrama económica en diversas áreas.
Si bien reconoció la necesidad de revisar y ajustar algunos aspectos de la ley de cine, pidió no afectar el desarrollo económico de los cineastas ni limitar los incentivos fiscales que han permitido el crecimiento del sector.
Otras opiniones: Empresarios y organizaciones sociales
Además de los sectores inmobiliario y cinematográfico, diversas entidades empresariales y sociales se pronunciaron durante las vistas públicas. Entre ellas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Colegio Médico Dominicano (CMD), y representantes del sector textil y las asociaciones de detallistas.
Las críticas a la reforma fiscal se centraron principalmente en la necesidad de proteger las exenciones fiscales, fomentar el ahorro y reducir la evasión de impuestos. Entre las propuestas presentadas por estos grupos se incluyeron el aumento del salario mínimo, la reducción de la nómina pública, la disminución de las pérdidas en el sector eléctrico y la fiscalización de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, se pidió proteger los alimentos y productos de la canasta básica de los nuevos impuestos, así como ampliar las medidas de fiscalización para garantizar una mayor recaudación sin afectar a los sectores más vulnerables.
Denuncias de inconstitucionalidad
Uno de los discursos más contundentes fue el del activista político Carlos Peña, quien calificó la reforma fiscal como inconstitucional. Peña argumentó que el proyecto de ley viola el artículo 251 de la Constitución, que establece la creación del Consejo Económico y Social (CES) como órgano consultivo para este tipo de reformas.
“Si se aprueba esta reforma, sería un acto inconstitucional. Estamos dispuestos a llevar este caso al Tribunal Constitucional para que se declare nulo”, afirmó Peña. Además, el activista denunció que el gobierno del presidente Luis Abinader ha superado los niveles de endeudamiento de la administración anterior, acumulando 45 mil millones de dólares en préstamos durante su primer mandato.
De manera similar, Virginia Antares, excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), calificó la propuesta de injusta y pidió su retiro inmediato. Antares se unió a las voces que exigen un replanteamiento de la reforma y una mayor participación ciudadana en el proceso de discusión.
