En los gobiernos de Abinader no menos de siete iniciativas retiradas por la presión de la opinión pública
Santo Domingo, 21 octubre – Desde que asumió la presidencia de la República Dominicana en agosto de 2020, Luis Abinader se ha caracterizado por su intención de llevar a cabo profundas reformas para modernizar y fortalecer las estructuras del Estado.
Su administración, alineada con los principios de transparencia y eficiencia, se ha centrado en diversos proyectos de reforma fiscal, energética, y de administración pública. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado una oposición significativa por parte de diversos sectores de la sociedad dominicana.
A lo largo de su primer mandato, Abinader ha tenido que retirar al menos siete iniciativas importantes debido a la presión de la opinión pública, una muestra del desafío que implica gobernar en un entorno social y político altamente polarizado.
La Reforma Fiscal: Un caso reciente de retroceso gubernamental
Uno de los casos más recientes y significativos de la presión social sobre el gobierno de Abinader fue la retirada del proyecto de Ley de Modernización Fiscal en octubre de 2023. La propuesta buscaba eliminar exenciones fiscales y aumentar ciertos impuestos como parte de una estrategia para estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado.
Sin embargo, tras semanas de intensos debates y protestas generalizadas, que incluyeron cacerolazos y manifestaciones frente al Congreso Nacional, el presidente decidió retirar el proyecto.
La reforma fiscal generó gran rechazo en amplios sectores de la población, que consideraron que las medidas propuestas afectarían directamente a los sectores más vulnerables del país.
A pesar de que el gobierno insistió en que la reforma era necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del Estado, la falta de apoyo popular y la presión social hicieron que Abinader optara por abandonar la iniciativa. Este episodio es solo el último de una serie de situaciones en las que el presidente ha tenido que retroceder ante la fuerza de la opinión pública.
La Ley de Trata y Tráfico de Personas: Un proyecto que despertó fuertes críticas
Otro proyecto de ley que generó una fuerte reacción negativa fue la Ley de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, presentada por el Poder Ejecutivo en febrero de 2023. Este proyecto, que pretendía establecer nuevas regulaciones sobre la trata de personas y la migración, fue fuertemente criticado por varios sectores de la sociedad.
El artículo 63 de la propuesta, que permitía a las víctimas de trata gestionar permisos de residencia y trabajo en el país, fue visto por muchos como una puerta abierta para regularizar la situación migratoria de extranjeros de manera masiva.
La polémica fue tal que el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto para «lograr el consenso público necesario». La decisión de retirar esta propuesta reflejó una vez más la importancia de la presión social en la toma de decisiones del gobierno de Abinader, quien optó por no avanzar con la ley ante la oposición generalizada.
La circular del MAP y la Digepres: Un conflicto con las bases del PRM
En enero de 2022, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) emitieron una resolución que restringía el ingreso de personal y aumentos salariales en la administración pública. Esta medida, diseñada para controlar el gasto público, fue recibida con fuertes críticas por parte de los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes esperaban ocupar cargos en el gobierno tras la victoria electoral de Abinader.
Ante las quejas de las bases del partido y el descontento generado, el gobierno se vio obligado a «aclarar» la resolución, afirmando que no limitaba los nombramientos para cubrir vacantes o reemplazar personal activo.
Este episodio mostró cómo las decisiones administrativas, aunque necesarias desde el punto de vista de la gestión pública, también pueden generar tensiones internas en el partido gobernante, obligando al gobierno a ceder ante las presiones.
El Aumento de las tarifas eléctricas: Un problema de sensibilidad social
El aumento de las tarifas eléctricas fue otro tema que generó malestar en la población dominicana. En medio de un contexto económico difícil, marcado por los efectos de la pandemia y el aumento de los precios internacionales de los combustibles, el incremento en las facturas de electricidad provocó numerosas quejas y protestas.
Ante este escenario, el presidente Abinader anunció la suspensión de futuros aumentos en las tarifas eléctricas hasta que las condiciones económicas del país mejoraran.
Esta medida fue vista como una respuesta directa a las demandas de la ciudadanía, que consideraba que los aumentos eran inaceptables en un momento de crisis económica. La decisión de detener los incrementos tarifarios reflejó una vez más la sensibilidad del gobierno a las demandas sociales, y su disposición a modificar sus políticas ante la presión popular.
La Ley de Ciberdelincuencia: Un debate sobre la Libertad de Expresión
En otro frente, el gobierno de Abinader también tuvo que retirar el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que buscaba sancionar las publicaciones discriminatorias en internet con hasta cuatro años de prisión.
Este proyecto fue duramente criticado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que lo consideraron un intento de censura y una amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ante las críticas, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció la retirada del proyecto para permitir una revisión más amplia y consultar con expertos en la materia.
La decisión de retirar esta iniciativa demostró nuevamente la influencia de la opinión pública en la formulación de políticas, especialmente en temas sensibles como la libertad de expresión.
El Fideicomiso de Punta Catalina: Un proyecto envuelto en controversia
El fideicomiso para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, aprobado por la Cámara de Diputados en enero de 2022, fue otro proyecto que generó una fuerte controversia. A pesar de que el objetivo del fideicomiso era asegurar una administración independiente y eficiente de la planta eléctrica, diversos sectores de la sociedad expresaron su preocupación por la falta de transparencia y el posible control privado sobre un bien estratégico del Estado.
En respuesta a las críticas, el presidente Abinader solicitó al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta que se pudieran incorporar las opiniones de los distintos actores sociales a través del Consejo Económico y Social (CES).
La ley que crea la DNI, sometida a consenso después de la aprobación congresional
La aprobación de la ley que transformaba el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) en la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) generó una oleada de críticas desde diversos sectores de la sociedad, en particular por parte de periodistas y defensores de derechos humanos.
El principal motivo de preocupación fue que algunos de los artículos del proyecto original parecían dar pie a la vigilancia excesiva, lo que muchos consideraron una amenaza al ejercicio del periodismo y a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
Se argumentó que las amplias facultades otorgadas a esta entidad podrían derivar en una intromisión indebida en la vida privada de los ciudadanos y en el monitoreo de las actividades de los periodistas, afectando su capacidad para investigar y divulgar información de interés público.
Ante la presión social y las críticas, el gobierno de Luis Abinader decidió someter el proyecto a un proceso de consenso. Se creó una comisión mixta integrada por diversos sectores, entre ellos representantes de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, con el objetivo de revisar y modificar los puntos más polémicos de la ley.
Después de meses de trabajo y diálogo, el proyecto fue reintroducido al Congreso con cambios significativos que buscaban garantizar el respeto a los derechos fundamentales y proteger el ejercicio libre del periodismo. Este proceso de consenso fue clave para desactivar las tensiones y avanzar en la aproración de una normativa que, sin embargo, sigue siendo objeto de escrutinio.
Los Carnets para habitantes fronterizos: Un proyecto suspendido
Finalmente, la iniciativa para expedir carnets a los ciudadanos extranjeros que residen en las zonas fronterizas y que ingresan al país sin intención de quedarse fue otra medida que el gobierno tuvo que suspender ante el rechazo de la población.
la Dirección General de Migración (DGM) había anunciado la implementación de este proyecto, la oposición social hizo que la medida nunca se llegara a aplicar.
