Cero tolerancia al tráfico de inmigrantes haitianos en República Dominicana
Santo Domingo, 24 de octubre – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que el gobierno adoptará una política de «cero tolerancia» hacia cualquier persona involucrada en el tráfico de inmigrantes haitianos.
Este enfoque riguroso se aplicará sin distinción de si los implicados son miembros de las fuerzas armadas o civiles. “El lema es cero tolerancia, no importa quién sea. Todo el que esté involucrado será sancionado de acuerdo con lo que dictamine la ley. Someteremos a todo aquel que encontremos cometiendo actos ilícitos”, declaró Fernández Onofre al llegar a la Catedral Primada de América, donde se celebró el aniversario del Banco de Reservas (Banreservas).
El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, también se pronunció sobre la situación, enfatizando que quienes participen en estas actividades ilegales deberán afrontar las consecuencias de sus acciones.
Guzmán Peralta destacó que la lucha contra el tráfico de inmigrantes es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y facilitar la salida de los inmigrantes haitianos.
Este anuncio se da en un contexto reciente en el que se han llevado a cabo detenciones significativas. A inicios de octubre, soldados del Ejército detuvieron a un supuesto raso que transportaba a varios inmigrantes haitianos indocumentados en un vehículo.
En el automóvil viajaban tres haitianos con estatus migratorio irregular, y la detención ocurrió en un puesto de chequeo cercano a la sede de la cuarta Brigada de Infantería del Ejército en Mao, Valverde.
Paralelamente, el pasado martes, la Cámara de Diputados de la República Dominicana convirtió en ley un proyecto que establece sanciones más severas para combatir el tráfico ilegal de extranjeros.
Los legisladores aprobaron esta legislación en una única lectura, tras recibirla del Senado con modificaciones menores a la Ley 137-03. Esta nueva ley busca tipificar el delito y asegurar sanciones rigurosas para quienes se vean involucrados en esta actividad ilegal.
El nuevo marco legal deja claro que el consentimiento de la víctima a cualquier forma de explotación no exime de responsabilidad penal a los perpetradores. Además, en los casos que involucren a menores de edad o personas con discapacidades mentales, la ley establece que no se requerirán todos los requisitos previos para su registro ante la justicia.
El artículo 7 de la nueva legislación declara que se consideran agravantes los casos en que se produzca la muerte de una víctima de tráfico ilícito o cuando esta sufra daño físico o psicológico.
También se contempla que los autores de estas infracciones enfrentan sanciones más severas si ocupan posiciones en el gobierno o si están vinculados al crimen organizado, así como aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que participen en estos delitos.
Además, los individuos que fabriquen, alteren o falsifiquen documentos de identidad, así como quienes los suministren, serán igualmente judicializados bajo este nuevo marco legal. Las penas mínimas comienzan a partir de cinco años de prisión, complementadas con multas que oscilan entre 175 y 300 salarios mínimos del sector público.
La ley también contempla penas más severas para quienes afecten a grupos vulnerables, como personas con problemas de salud mental, discapacitados, así como niños y adolescentes, quienes podrían enfrentarse a penas de 20 a 30 años de reclusión y multas de 200 a 400 salarios mínimos públicos.
