Autoridades de Santiago de la Cruz exigen salida de Haitianos indocumentados por inseguridad y escasez de empleos para dominicanos
Santo Domingo, 29 de octubre.- Las autoridades locales de Santiago de la Cruz, un distrito municipal de Dajabón, han fijado un plazo para que los haitianos indocumentados abandonen voluntariamente la localidad, argumentando inseguridad por la muerte de hacendados, numerosos robos atribuidos a extranjeros y una escasez de oportunidades laborales para los dominicanos.
El plazo expiró este lunes, y, según Walfry Labour, titular de la Junta Distrital, el objetivo es mantener la paz en la comunidad mientras se evita el uso de la fuerza.
Labour explicó que desde el anuncio del plazo, la mayoría de los haitianos indocumentados han optado por salir por su cuenta. Sin embargo, advirtió que, una vez agotado el tiempo estipulado, las autoridades locales intervendrán para retirar a quienes permanezcan en la demarcación de forma irregular. «Si no quieren salir de una manera voluntaria, nosotros vamos a instar; el último recurso sería la fuerza», declaró Labour.
La situación en Santiago de la Cruz, donde residen más de 2,000 personas, ha sido tensa en las últimas semanas debido a una serie de incidentes de violencia y robos que, según las autoridades, han sido protagonizados por inmigrantes haitianos en condición irregular.
Labour enfatizó que el distrito ha sido escenario de varios delitos que afectan directamente a la comunidad, entre ellos, el asesinato de tres hacendados dominicanos, lo que ha generado alarma y una demanda urgente de medidas para garantizar la seguridad.
Entre los sucesos más preocupantes se encuentra el caso de un ganadero que, a principios de octubre, logró escapar de un ataque al saltar por una ventana y huir por un cañaveral.
Además, los agricultores locales reportan robos frecuentes en sus cultivos, donde encuentran que los productos ya no están al momento de la cosecha. Estas incidencias han llevado a las autoridades a implementar la medida de expulsión de inmigrantes indocumentados para restaurar la tranquilidad y seguridad en la zona.
La medida ha generado preocupación entre algunos sectores de la comunidad, especialmente entre los ganaderos, quienes han dependido en gran medida de la mano de obra haitiana. Sin embargo, Labour subrayó que esta situación abre una oportunidad para los trabajadores dominicanos.
«Ahora sí habrá oportunidades para los dominicanos. Vamos a ver si es verdad que el dominicano no quiere trabajar», expresó el edil. Señaló además que, si en el futuro se comprueba una falta de mano de obra local, podría considerarse la recontratación de haitianos, pero bajo un estatus legal y con documentación en regla.
Casos Especiales y Consideraciones Humanitarias
A pesar de la orden de expulsión, las autoridades han identificado ciertas excepciones por razones humanitarias. Uno de estos casos involucra a haitianos indocumentados que han adquirido terrenos en la zona y construido viviendas en ellos. Según Labour, se han identificado cinco casos en los que estos inmigrantes compraron propiedades a dominicanos y se les ha otorgado un mes para vender dichos terrenos a otros residentes dominicanos. «Si en un plazo de un mes no han vendido, tendremos que tomar decisiones», advirtió.
Otro caso especial se refiere a las haitianas que han tenido hijos de dominicanos. Labour explicó que tras la salida de los indocumentados, las autoridades locales trabajarán para que los ciudadanos dominicanos puedan regularizar la condición migratoria de sus parejas haitianas, lo cual permitirá estabilizar la situación familiar de estos niños.
El anuncio de las expulsiones de haitianos en Santiago de la Cruz se da en un contexto de crecientes tensiones migratorias entre la República Dominicana y Haití. A inicios de octubre, el gobierno dominicano comunicó la intención de deportar a 10,000 haitianos en situación irregular, una medida que fue criticada por las autoridades haitianas, quienes pidieron un cese de las repatriaciones.
Sin embargo, el gobierno dominicano ha respondido con firmeza a las solicitudes de Haití. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó de «insensato» el llamado de las autoridades haitianas para detener las deportaciones, argumentando que esto equivaldría a abrir la frontera de forma indiscriminada y estimular la migración irregular.
“El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país, algo que jamás permitiremos”, sostuvo Álvarez.
Contexto local y repercusiones sociales
Santiago de la Cruz es un distrito caracterizado por su dependencia en la agricultura y la ganadería, sectores que históricamente han empleado a trabajadores migrantes, especialmente haitianos. Con una población relativamente pequeña de más de 2,000 habitantes, la llegada de inmigrantes en situación irregular ha sido percibida como un problema tanto de seguridad como de competencia laboral en una comunidad con oportunidades limitadas de empleo.
En este sentido, Labour manifestó su «preocupación no solo por Santiago de la Cruz, sino por todo el país». El funcionario expresó que la presencia de inmigrantes irregulares en la comunidad compromete la seguridad local y el bienestar de los agricultores y ganaderos, quienes sienten que su trabajo se ve afectado por los robos y otras actividades ilegales.
Además, resaltó que la implementación de estas medidas migratorias tiene como objetivo proteger a la «patria de Duarte», en alusión al prócer dominicano Juan Pablo Duarte, símbolo de la defensa de la soberanía nacional.
Las autoridades locales han contado con el respaldo de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Interior y Policía, los cuales han instado a mantener la calma y el orden durante la implementación de estas medidas.
La presencia de estas instituciones busca garantizar que las acciones de expulsión se realicen de forma pacífica, respetando los derechos de los ciudadanos y evitando confrontaciones innecesarias.