Reforma constitucional genera debate sobre sustitución de alcaldes en República Dominicana
Santo Domingo, 31 de octubre – En un contexto de intensos debates políticos y legales, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han añadido un párrafo en la reforma constitucional para clarificar el mecanismo de sustitución de alcaldes en casos de renuncia o vacante, como es el caso reciente del alcalde de La Vega.
Este cambio busca definir un procedimiento claro y estable para situaciones en las que tanto el alcalde como la vicealcaldesa abandonen sus funciones, un vacío que no estaba contemplado en la ley vigente, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, subrayó la necesidad de modificar esta ley para que el proceso de reemplazo de alcaldes esté normado. Aseguró que, en el caso de los legisladores, la Constitución establece el mecanismo sucesorio, pero en el ámbito municipal, existe un vacío legal que crea incertidumbre.
El cambio realizado en la Constitución se encuentra en el párrafo II del artículo 274, donde se especifica que “en caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes.” Este añadido deja en manos de la ley la definición del procedimiento para sustituir a los alcaldes cuando ambos cargos –el de alcalde y vicealcalde– quedan vacantes.
Sin embargo, este movimiento ha generado críticas y reacciones de los sectores de la oposición. Dirigentes políticos en La Vega, incluidos miembros de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Opción Democrática (OD), han señalado que la propuesta no soluciona el problema actual, y que cualquier cambio en la ley carecería de efecto sobre situaciones previas debido al principio de no retroactividad.
Estos partidos coinciden en que la única solución viable es la celebración de elecciones municipales, y advierten que si el presidente designa a un nuevo alcalde, impugnarán la decisión en el Tribunal Constitucional.
El PRM y la propuesta de modificación de la Ley Municipal
El PRM ha defendido que la modificación de la ley es urgente para garantizar que las sucesiones en el ámbito municipal se realicen de manera ordenada y conforme a la ley. Ricardo de los Santos señaló que cuando un alcalde falta, el sistema permite que la vicealcaldesa asuma el cargo, pero el puesto de vicealcalde queda sin un mecanismo claro para llenarse. De los Santos argumenta que establecer este procedimiento mediante una ley específica es fundamental para asegurar el buen funcionamiento de los gobiernos locales.
Sin embargo, el propio de los Santos ha refutado la interpretación del PRM sobre el nombramiento de un alcalde provisional. Según explicó, en ningún momento la Constitución otorga al presidente la facultad de designar alcaldes en casos de vacantes; en cambio, estipula que la normativa debe surgir del ámbito legislativo para crear un proceso específico.
Para los líderes de oposición, la reforma constitucional no puede legitimar una ley que habilite al presidente de la República a nombrar un alcalde. Euclides Sánchez, exsenador y dirigente de la Fuerza del Pueblo, insiste en que la Constitución de 2010 consagra la autonomía municipal, por lo que cualquier mecanismo que permita la intervención del Ejecutivo en la designación de autoridades locales iría en contra de esta independencia. Sánchez y otros líderes han reiterado que la única salida legítima es convocar a elecciones para elegir al nuevo alcalde.
La misma posición es sostenida por Bolívar Marte, presidente provincial del PLD en La Vega, quien señala que permitir que los alcaldes y otros funcionarios electos abandonen sus puestos para asumir cargos públicos puede sentar un mal precedente.
Marte hace referencia a los casos en los que el presidente Luis Abinader nombró en posiciones de responsabilidad a exlegisladores como Nelson Arroyo, Josefa Castillo y Olmedo Caba, lo que, según él, evidencia la necesidad de fortalecer las leyes para evitar vacantes recurrentes en cargos electivos.
Christian Steffano González, dirigente de Opción Democrática, coincide en que la legislación para futuras vacantes es necesaria, pero enfatiza que el caso de La Vega no puede verse afectado por una ley retroactiva.
González argumenta que el principio de irretroactividad es un derecho fundamental en el marco constitucional y que cualquier ley que se apruebe debe ser aplicada a situaciones futuras, no a las previas.
Bloque de partidos opositores se moviliza ante posible nombramiento
Frente a la posibilidad de que el presidente Abinader designe un alcalde interino para La Vega, seis partidos opositores han anunciado que tomarán medidas legales. Estos partidos, incluyendo el PLD, FP y OD, señalan que cualquier nombramiento realizado por el Ejecutivo será impugnado ante el Tribunal Constitucional. Los partidos argumentan que el caso de La Vega debe resolverse mediante elecciones, ya que cualquier otra acción violaría los derechos democráticos de los ciudadanos.
En particular, el bloque de partidos sostiene que, aunque la reforma constitucional y la posible modificación de la Ley 176-07 son necesarias para el futuro, el caso actual no debería resolverse mediante nombramientos, pues ello representaría una intromisión en la autonomía de los gobiernos locales.
La Ley No. 176-07, que regula el funcionamiento del Distrito Nacional y los municipios, es actualmente el marco legal que rige los gobiernos locales en República Dominicana. Sin embargo, la ley no contempla un mecanismo específico para llenar la vacante de un vicealcalde, lo que ha ocasionado un vacío legal en situaciones como la de La Vega.
La intención de los legisladores del PRM de modificar esta ley responde a la necesidad de establecer un sistema claro y uniforme que permita el reemplazo de autoridades municipales sin recurrir a la intervención directa del Ejecutivo.
La propuesta de reforma, respaldada por el PRM, se encuentra en discusión dentro del Congreso y busca proporcionar a la DGII y a los ayuntamientos un mecanismo legal que fortalezca la autonomía municipal sin dejar de lado la transparencia y la democracia.
La propuesta, sin embargo, aún no ha sido votada y enfrenta la resistencia de los partidos de oposición, que ven en esta iniciativa una solución insuficiente y que podría ser usada de manera discrecional.
