Una medida desacertada que refleja ineficiencia e improvisación
Por la Redacción
La reciente circular del Ministerio de Administración Pública (MAP), que exige a los servidores públicos presentar sus recibos de pago de luz y agua, ha generado una ola de críticas por parte de expertos, ciudadanos y sectores de la sociedad civil.
Esta disposición, apoyada también por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, va más allá de ser una simple medida administrativa. Representa, en su esencia, una clara evidencia de la incapacidad de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) y del propio Gobierno para gestionar eficientemente el sistema eléctrico y de agua en el país. Además, plantea serias dudas sobre el respeto a la privacidad y la gestión pública, afectando la credibilidad y la popularidad del gobierno.
Para empezar, la medida viola principios constitucionales básicos de privacidad y protección de datos. Diversos abogados expertos en derecho constitucional ya han señalado que exigir a un empleado público que muestre sus recibos de luz y agua no solo es una intromisión indebida en su vida privada, sino también una acción ilegal.
La Constitución de la República Dominicana protege a los ciudadanos de cualquier acto que atente contra su privacidad. Con esta orden, el MAP se extralimita en sus funciones, al igual que el Ministerio de la Presidencia, asumiendo un papel que no les corresponde en absoluto.
La lógica detrás de esta medida es aún más preocupante: en lugar de que las EDEs asuman su papel en la supervisión y cobranza del servicio eléctrico, el Gobierno está trasladando esta responsabilidad a los empleados públicos.
Esto es, sin duda, un grave error administrativo. Las EDEs son las entidades responsables de garantizar un servicio continuo y de calidad, y de asegurar la recolección efectiva de los pagos por el consumo eléctrico. Si un ciudadano no paga su servicio de luz o agua, la solución es simple y directa en cualquier sociedad organizada: el servicio se suspende. No debería existir la necesidad de involucrar a ministerios que no tienen nada que ver en la gestión de los servicios básicos.
Este enfoque muestra claramente una falta de eficiencia y de dirección por parte del Gobierno, el cual, en lugar de fortalecer las instituciones para que cumplan sus funciones, opta por imponer cargas burocráticas a los ciudadanos, generando así un clima de desconfianza e incomodidad. }
Las EDEs, en particular, han mostrado una incapacidad alarmante para gestionar de manera eficaz el sector eléctrico, lo cual es evidente en la necesidad de incrementar el subsidio estatal a unos 1,500 millones de dólares anuales. ¿Por qué el ciudadano común debería asumir la incompetencia de las EDEs cuando estas empresas fueron establecidas para gestionar el sistema eléctrico de manera autónoma y eficiente?
Este desatino es, además, una manifestación de una preocupante tendencia en la administración actual: la toma de decisiones desacertadas que rápidamente generan impopularidad y rechazo ciudadano. No son pocas las ocasiones en que el gobierno implementa una medida que, al enfrentarse con la reacción negativa de la población, debe ser retirada o ajustada apresuradamente. Esta improvisación erosiona la autoridad del gobierno y proyecta una imagen de desorganización y falta de planificación.
Un gobierno no puede permitirse actuar de forma impulsiva, cambiando de rumbo constantemente y generando incertidumbre. La credibilidad de un gobierno reside en su capacidad para tomar decisiones fundamentadas y sostenibles, y en demostrar que existe un proceso reflexivo y planificado detrás de cada medida.
Se impone que las autoridades gubernamentales, en lugar de asumir roles que no les competen, trabajen en construir un sistema de gestión eficiente, que permita a las EDEs y otras instituciones responsables cumplir sus funciones.
Además, se requiere un cambio de enfoque en la toma de decisiones gubernamentales. El gobierno debe pensar, planificar y coordinar con sus diferentes áreas y con la ciudadanía, antes de tomar medidas que afectan a la población. La precipitación solo conduce a más críticas y a una disminución de su legitimidad.
El camino hacia una gestión pública eficaz y respetuosa de los derechos ciudadanos pasa por el sentido común, la planificación y el respeto a las competencias de cada entidad. De lo contrario, el gobierno actual seguirá cayendo en una “bajada emboscanada”, como bien se dice, una pendiente que no logrará frenar si no reevalúa su enfoque. La población exige y merece una gestión coherente, eficaz y respetuosa de sus derechos.
