Precaria institucionalidad
Carmen Imbert Brugal
Día que no es el día, pero la conmemoración obliga. La confusión seguirá y para ese público manipulable, adicto a los “me gusta” y a husmear buscando nada en las redes, tanto el feriado hoy, como el aniversario el miércoles, servirán para descanso, diversión y resguardo por el aviso de aguaceros. Servirá también para compartir la burla más reciente, alusiva a los errores cometidos por el Gobierno o para disfrutar las groserías y desparpajo de alguno de esos líderes de la barbarie que anida en las plataformas digitales. Procede recordar que el 6 de noviembre del año 1844 fue aprobada por la Asamblea Constituyente, reunida en San Cristóbal, la primera Constitución de la República Dominicana. EL texto describe la nación “libre, independiente y soberana, bajo un Gobierno civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable”. Establece la existencia de los tres poderes del Estado “separados, independientes, responsables, temporales e indelegables”. Lamentable la exigencia de Pedro Santana plasmada en el siempre mencionado artículo 210, que le otorga poderes excepcionales para “dar todas las órdenes, providencias y decretos que convenga, sin estar atado a responsabilidad alguna.” La excusa valdría “hasta que fuera firme la paz”.
Los primeros treinta años del siglo XX permitieron a los presidentes ejecutar las maniobras perniciosas para acomodar la ley de leyes. En el 1930 comienza “la trujillización del constitucionalismo dominicano”-Espinal Flavio Darío-.
Los balbuceos democráticos, luego del tiranicidio produjeron la emblemática Constitución del 1963 y la traumática consecuencia de su vulneración. La Constitución del 1966 fue pieza de colección, los pendientes políticos obligaron su descaso. La nación repetía con Balaguer aquello del pedazo de papel atribuido a Federico “El Grande”, rescatado por Ferdinand Lasalle.
La historia del acotejo del texto para satisfacer las apetencias de los diferentes gobernantes es más que conocida. La transformación del Estado poco importaba cuando el objetivo era permanecer en el mando. Después del Pacto por la Democracia, la Constitución del 1994 pretendía ser diferente, la crisis obligaba.
Luego de un trabajo colectivo e intenso, la Carta Magna del 2010 se convierte en “la más avanzada de Iberoamérica, porque instituye el Estado social y democrático de derecho, fundamentado en la solidaridad para toda la sociedad, no para los individuos”- Ray Guevara-. En el 2020 comienza el Cambio con las consignas y obsesiones del presidente reformador, persistente hasta lograr su sueño. Después de una innecesaria Asamblea Revisora, realizada sin solemnidad, el presidente ya tiene su constitución, a la medida de sus convicciones y galimatías.
Los discursos repetirán el miércoles el recuento ferretero de llaves y candados, mientras la cotidianidad devela la precaria institucionalidad criolla, con o sin Constitución. Entre tantos desafíos a la autoridad, destaca la imagen sonriente de una joven detenida en Comendador mientras transportaba en un vehículo -placa de Haití-, 40 000 mil unidades de cigarrillos. Su actitud es la estampa del desprecio a la ley, puede trasgredir sin consecuencias. Es propia de las personas que saben cómo y a quién pagar su libertad. La fanfarria reformadora no oculta la impotencia para perseguir y evitar el crimen, asoma en la retórica oficial.
Hoy
