Corte modifica medidas de coerción para Hugo Beras y Jochi Gómez imputados del caso Camaleón, que involucra desfalco y corrupción en el Intrant
Santo Domingo, 12 de noviembre – En medio de uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la justicia dominicana modificó las medidas de coerción para los imputados Hugo Beras-Goico, José Ángel “Jochi” Gómez-Canaán y Pedro Padovani Báez, implicados en el llamado caso Camaleón.
Este caso ha generado gran revuelo, pues involucra graves acusaciones de desfalco y estafa contra el Estado, así como otros delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.El caso Camaleón, investigado por el Ministerio Público, expuso una red de corrupción dentro del Intrant que operaba mediante prácticas de alta tecnología, falsificación y robo de identidad.
Los implicados, según la acusación, incurrieron en crímenes como contrabando, sabotaje de infraestructura crítica, comercio ilícito y coalición de funcionarios para desviar fondos y defraudar al Estado, impactando gravemente la administración pública. El escándalo alcanzó notoriedad tras la revelación de estas operaciones, presuntamente dirigidas a lucrarse a costa del erario mediante un sistema ilícito en el sector de transporte.
La decisión de modificar las medidas de coerción para los tres imputados fue anunciada la noche del martes. El juez del caso indicó que los acusados presentaron pruebas de arraigo suficiente, concluyendo que no representan un peligro de fuga ni de obstaculización del proceso judicial.
“No hay peligro de fuga ni peligro procesal, ya que se presume que los imputados se presentarán a los actos de procesos cuando sean requeridos, preservando así las medidas de coerción en su carácter instrumental”, señaló el juez en su fallo.
La corte determinó que, bajo estos argumentos, los acusados podrían beneficiarse de medidas alternativas a la prisión preventiva que permitan asegurar su presencia en el proceso judicial sin riesgo de evasión.
A Beras-Goico y Padovani Báez se les impuso una garantía económica de RD$5 millones, además de la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial. En el caso de Gómez-Canaán, se estableció una garantía económica de RD$2 millones, junto con las mismas restricciones de presentación y salida.
El Ministerio Público ha sostenido que estos acusados formaban parte de una organización dedicada a diversos delitos de corrupción. Además de desfalco y estafa al Estado, se les acusa de coalición de funcionarios y de integrar una red de crimen organizado con métodos de alta tecnología para sustraer fondos y manipular sistemas críticos, incluyendo falsificación y robo de identidad.
