El Poder Judicial lanza Política de Protección de Datos para garantizar privacidad y transparencia
Santo Domingo, 15 de noviembre. El Poder Judicial de la República Dominicana presentó su primera Política de Protección de Datos, una iniciativa que busca proteger la privacidad de las personas involucradas en decisiones judiciales, garantizando el acceso público a la información de manera responsable y respetuosa con los derechos fundamentales.
El reglamento establece que, en casos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del tribunal que emitió el fallo será responsable de realizar un proceso de «disociación» o «anonimización» de los datos personales.
Este procedimiento consiste en eliminar o modificar la información sensible de las partes involucradas para proteger su identidad, siempre que la ley no limite el acceso de terceros.
La nueva política está fundamentada en principios de proporcionalidad, lo que implica que solo se divulgarán los datos estrictamente necesarios para comprender la decisión judicial, evitando cualquier exposición innecesaria de la identidad o la vida privada de los afectados.
La responsabilidad de aplicar esta protección recaerá directamente en las Secretarías de los tribunales que dictaron las sentencias. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, la tarea será ejecutada por su Secretaría General antes de publicar los documentos.
Esta medida asegura que las decisiones judiciales puedan ser consultadas por el público o utilizadas en investigaciones sin comprometer la privacidad de los implicados.
No obstante, en situaciones específicas, como casos de adopciones, la ley prohíbe el acceso a terceros, garantizando mayor protección. Además, los tribunales tienen la facultad de decidir, de oficio o a solicitud de una de las partes, si es necesario suprimir ciertos datos para proteger la privacidad sin comprometer la claridad de la sentencia.
Publicación responsable y transparencia
En cuanto a la Suprema Corte de Justicia, las sentencias se publican regularmente en el Boletín Judicial, un documento de acceso público que contiene decisiones relevantes.
Bajo esta nueva política, cualquier documento adicional podrá ser divulgado siempre que cumpla con los protocolos de protección de datos establecidos, lo que refuerza la transparencia del sistema judicial.
El documento también aclara que todas las decisiones judiciales destinadas a ser publicadas o entregadas a terceros deberán pasar por este proceso de anonimización. Este enfoque garantiza el equilibrio entre el derecho a la información y la privacidad de los individuos mencionados en los fallos judiciales.
Derechos de los afectados
La política incluye mecanismos para que las personas afectadas puedan solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales. Estas solicitudes deberán ser dirigidas al responsable de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, quien coordinará con las instancias correspondientes para dar respuesta en cumplimiento con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04).
Compromiso con la privacidad
Durante el acto de presentación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacó que la política busca preservar la información personal que no sea esencial para los procesos judiciales. Asimismo, resaltó que la medida equilibra el derecho a la información con el respeto a la privacidad.
“La implementación de esta política responde a la urgencia de proteger los datos personales de quienes interactúan con el sistema judicial. En un ámbito donde información sensible forma parte de expedientes y procesos, garantizar la privacidad adquiere una relevancia crucial”, afirmó Molina.
El presidente también recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 44.2, consagra el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. La nueva política refuerza estos principios, incorporando mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control, que aseguran un manejo ético y seguro de la información personal en el sistema judicial.
