Operación Pandora: Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para red criminal en la Policía Nacional
Santo Domingo, 19 de noviembre – El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra una presunta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la denominada Operación Pandora.
Según las autoridades, la red sustrajo al menos 900 mil proyectiles de la Intendencia de Armas de la institución y los comercializó de manera ilícita. Además, la fiscalía pidió que el caso sea declarado complejo.
La acusación, presentada pasadas las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue liderada por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
«Este es un caso sumamente grave que compromete la seguridad dentro de la República Dominicana», declaró Camacho, quien además agradeció la colaboración del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional.
El caso involucra a diez personas físicas y a una empresa vinculada a uno de los imputados. Entre los arrestados figuran altos oficiales, como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones, y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de falsificar auditorías para ocultar la sustracción de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
En la parte operativa, el Ministerio Público identificó al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, al cabo Juan Luis Díaz Medina, y a los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez. Asimismo, figura Miguelina Bello Segura, quien habría desempeñado un rol clave dentro de la organización.
El rol de la auditoría y las investigaciones
El Ministerio Público destacó que el capitán Víctor Manuel Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, habría manipulado datos en una auditoría realizada en febrero pasado para encubrir la desaparición de las municiones. Según las autoridades, Santos se alió con los líderes de la red para intentar nuevamente alterar registros en respuesta al avance de la investigación, un movimiento que fue rápidamente detectado.
La Operación Pandora, iniciada en octubre tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional, involucró más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim). También participaron más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante los operativos se incautaron armas, proyectiles, dispositivos electrónicos y evidencias digitales que incluyen cientos de transacciones económicas, además de testimonios y datos extraídos de dispositivos electrónicos. Estas pruebas consolidan un sólido expediente que será presentado ante el juez de instrucción.
El Ministerio Público aseguró que las municiones sustraídas eran vendidas de forma clandestina, y actualmente se rastrean los puntos de comercialización. Según las autoridades, este caso representa un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede generar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
Camacho subrayó la gravedad del caso, afirmando que compromete la seguridad nacional al tratarse de un esquema de corrupción y tráfico ilícito desde el interior de la Policía Nacional. Por otro lado, la fiscalía advirtió que la investigación sigue abierta y que podría ampliarse el número de implicados en los próximos días.
El Ministerio Público señaló que este caso marca un precedente en el combate al crimen organizado, resaltando que las acciones conjuntas entre instituciones son esenciales para desarticular redes criminales, especialmente aquellas que operan desde entidades públicas.
