Participación Ciudadana alerta sobre riesgos de nueva política judicial de anonimato

Santo Domingo, 26 noviembre – . La organización no partidista Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, rechazó categóricamente la nueva política aprobada por el Poder Judicial, que establece como regla general la eliminación o sustitución de información que permita identificar a personas físicas en los procesos judiciales.

Según la entidad, esta medida favorece la invisibilización de los infractores de la ley, particularmente de los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. «Esta normativa contradice el principio de que la transparencia debe ser la regla y la privacidad la excepción», señaló Participación Ciudadana.

La organización recordó que la Constitución dominicana garantiza, como parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva, la publicidad de los juicios. Esta característica no solo protege a los imputados, sino que también permite a la sociedad supervisar el desarrollo de los procesos judiciales, especialmente los penales, recuerda.

«La transparencia judicial incluye la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios y auxiliares de tribunales, así como de las partes involucradas: imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, testigos e informantes, salvo excepciones justificadas como la protección de menores y personas vulnerables», subrayó la organización.

Además, Participación Ciudadana advirtió que el acceso a los expedientes judiciales debe ser un derecho no solo de las partes en los procesos, sino también de la ciudadanía y los medios de comunicación, para garantizar la libertad de información y expresión.

Sin embargo, la nueva normativa impone restricciones a terceros, un término que incluye a la prensa y a la sociedad en general. «Limitar este acceso constituye un grave retroceso para la democracia y los derechos fundamentales en el país», aseguró la entidad.

Participación Ciudadana enfatizó que cualquier conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información debe resolverse a favor de la transparencia, particularmente cuando los casos involucran a funcionarios públicos o recursos estatales. «Las excepciones deben ser puntuales y claramente justificadas, para evitar que esta política se convierta en un escudo para la opacidad», declaró la organización.

Según la normativa, la lista de datos personales sujetos al anonimato es extensa e incluye incluso la cédula de identidad y electoral, un documento clave para distinguir entre personas con nombres similares.

Participación Ciudadana destacó que el intento de justificar esta medida bajo la experiencia de países desarrollados ignora las diferencias en los niveles de desarrollo institucional y en la administración de justicia. «El sistema judicial dominicano aún carece de las garantías necesarias para implementar políticas similares sin comprometer la transparencia», advirtió.

La organización expresó su profunda preocupación por el momento en que se adopta esta política, justo cuando el país enfrenta el reto de combatir graves problemas como la corrupción, el crimen organizado, el lavado de activos, la trata de personas, los feminicidios y la pedofilia. «Estas problemáticas requieren mayores niveles de transparencia, no restricciones que dificulten la supervisión pública», señaló Participación Ciudadana.

Finalmente, la organización hizo un llamado al Poder Judicial para que retire esta normativa, argumentando que representa un golpe a los esfuerzos nacionales por superar la corrupción y la impunidad.

«La política de protección de datos no debe convertirse en un obstáculo para el acceso a información esencial para la democracia y el control ciudadano», concluyó Participación Ciudadana, recordando que la transparencia es una conquista fundamental para los países con bajos niveles de confianza pública en sus instituciones.